Ismael Pérez Vigil 27 de septiembre de 2020
Desconozco lo que están haciendo internamente los
partidos por desarrollar sus estrategias y por tratar de renovarse o mantenerse
a flote en esta difícil contingencia que estamos atravesando –en cualquier
caso, este tampoco sería el espacio para ventilar esa actividad– por lo tanto
en el análisis del despliegue de la estrategia de la llamada oposición
democrática me limitaré a lo que cualquier ciudadano común puede observar por
los signos externos y la actuación de los principales líderes opositores.
Me referiré a la oposición democrática, la que se
desgrana o desangra en tres fracciones –encabezadas por Juan Guido, Henrique
Capriles y M.C. Machado, respectivamente– y que solo a efectos de este análisis
las consideraré en “pie de igualdad”, cosa que dista mucho de ser cierta, a
tenor de encuestas y resultados electorales; como es evidente excluyo de mi
análisis a la llamada “mesita” –que no considero realmente una opción opositora
que busque la salida del régimen– y excluyo también a los chavistas no
maduristas, que se han diseminado en algunas de las opciones señaladas.
Comienzo por la opción que encabeza Henrique Capriles
Radonsky, que en esencia plantea aplazar el proceso electoral, pero
participando en el mismo, luchando por lograr mejores condiciones y dejando
abierta la posibilidad de retirar sus candidatos y no concurrir a la votación
el 6D sí no se logra un cambio en las condiciones electorales.
Esta es la estrategia opositora más fácil de
desarrollar, pues la mecánica electoral es algo bien conocido –sobre todo por
los partidos políticos– y sobre la que hay vasta experiencia, de éxitos y
fracasos, en más de 35 procesos electorales durante estos 21 oprobiosos años.
La tarea, aunque no trivial, es: escoger los candidatos, inscribirlos,
organizar los comandos de campaña, recorrer el país con los candidatos,
organizar los testigos para cubrir –por lo menos– el 90 o 95% de las mesas,
garantizar que todos los testigos acudan a todo lo largo del proceso de
votación, hasta que los resultados se envíen a los comandos y a los centros de
totalización del CNE, y esperar los resultados de la auditorias en el cincuenta
y pico por ciento de las mesas, para asegurar la fidelidad de esos resultados.
La mecánica política, sin embargo, ya no es tan
simple. Aunque se “participe” en el proceso y no se vote el 6D, lo que está
planteado con esta estrategia es movilizar a la gente, de una manera segura,
para hacer planteamientos políticos, críticas y ofertas; entre los
planteamientos estarían los de solicitar un proceso con unas condiciones
electorales mínimas –por ejemplo: transparencia, habilitación de todos los
partidos y candidatos, observación nacional e internacional, no utilización de
recursos del estado en la campaña y otras similares– que, de no darse, de no
lograrse para una fecha determinada, se denunciaría el proceso y se retirarían
los candidatos. Se habría logrado así el efecto de participación y movilización
y la decisión de retirar los candidatos serviría para denunciar
internacionalmente el proceso una vez más y tratar de recuperar posiciones para
una negociación política. De llegar al final, al día de la votación, esperemos
que exista alguna opción –que no tiene por qué revelarse ahora a viva voz– para
resolver el eterno dilema: ¿Qué hacer si el régimen hace fraude o peor aún, sin
hacerlo, desconoce el resultado electoral y busca cualquier estratagema
jurídica para ello, apoyada naturalmente en su fuerza militar?
Por su parte, la estrategia liderizada por Maria
Corina Machado (MCM), plantea que la solución a la crisis provendrá, dicho más
o menos en sus palabras, de la intervención de una fuerza extranjera,
multifacética, conformada por una coalición internacional que despliegue una
Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE); habla igualmente de
invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución que permite “…el empleo
de misiones militares … extranjeras en el país”; de invocar el principio de la
“Responsabilidad para Proteger (R2P)” suscrito por las Naciones Unidas y en la
activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, (TIAR); todo
ello para lograr “… salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible
a través de una operación nacional e internacional que lo logre…”.
Aparte de otras consideraciones, que ya he expuesto y
no repetiré, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/12/la-carta-de-maria-corina-machado/),
siempre me ha parecido que la propuesta de MCM tiene dos debilidades
intrínsecas. Una, es que no nos dice mucho de la vía interna, de cómo lograr
esa parte de lo que denomina la “operación nacional”; y dos, que su estrategia
descansa excesivamente en terceros, no en la acción que ella o los venezolanos
podamos desplegar.
Invocar el artículo 187, numeral 11 de la
Constitución, que dependería de la AN y no de las fuerzas que moviliza MCM, no
es lo único que se necesita para la creación de una fuerza extranjera
multilateral, y esto último no es algo que se resuelve levantando el teléfono y
llamando al presidente de los Estados Unidos o de alguno de los países vecinos.
Invocar el principio R2P, tampoco es algo simple –como veremos en detalle
cuando hablemos de la estrategia de Guaidó– o que dependa de los esfuerzos que
podamos hacer en el país; lo mismo podemos decir de invocar el TIAR, con el
agravante de que ya se ha intentado esa vía y ha sido negada en la última
reunión de la OEA en diciembre de 2019 y rechazada por la mayoría de los países
de América Latina.
En síntesis, la estrategia de MCM depende
excesivamente de factores o decisiones que ni ella ni nadie en el país controla,
por más que se alegue que el trabajo político consiste en hacer “intentos o
gestiones” para lograr esa fuerza extranjera multilateral, con base en el TIAR
o en el R2P.
Veamos por último la estrategia de la fracción que se
congrega en torno a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el G4, que la dejamos
para el final por el insospechado giro que ha tenido la última semana. Como es
sabido la estrategia de este grupo se bifurca en dos vías; en lo interno la no
participación electoral el 6D y la organización de una consulta popular; en lo
internacional, que creo que es su carta fundamental y más fuerte, pretende
continuar el proceso para que la comunidad internacional mantenga la presión
sobre el régimen venezolano que lo obligue a una negociación de una salida
política a la crisis.
La vía interna, debemos decirlo, no ha tenido mayores
avances tras la propuesta de Juan Guaidó hace un par de semanas. Nada se ha
dicho acerca de qué hacer para evitar esa mortífera inmovilidad que acompaña a
todas las abstenciones –aunque no la llamen de esa manera– y hasta ahora la
única propuesta de acción inmediata se concreta en realizar una “consulta
popular” que se pretende tenga carácter vinculante, con base en los artículos
70 y 71 de la Constitución Nacional, y sobre la cual tampoco se ha dicho mucho.
La vía internacional, también prácticamente
adormecida, sin nuevas ideas ni propuestas de acción, recibió sin embargo un
impulso inesperado con la publicación del informe sobre la violación de los
derechos humanos en Venezuela que dio a conocer la Misión Internacional
Independiente designada por las Naciones Unidas y que se refuerza esta semana
que concluye, con la presentación oral del informe de Michelle Bachelet sobre
la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras el anuncio de la
referida Misión, el presidente Juan Guaidó ha renovado los esfuerzos sobre la
comunidad internacional, para que esta a su vez mantenga la presión sobre el régimen
venezolano, que lo lleve a suspender o aplazar el proceso electoral y buscar
una vía de negociación, que abra la posibilidad de un Gobierno Transitorio y un
nuevo proceso electoral, que incluya elecciones amplias y libres, observadas
internacionalmente, en un periodo corto de tiempo.
En ese contexto, el presidente Guaidó, con base en el
mencionado informe de la Misión Internacional Independiente, en una
intervención dirigida a la Asamblea General de la ONU, solicitó “…alinear los
esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en
Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión
sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen
dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Naturalmente, sin que el
presidente Guaidó lo dijera expresamente, a todos nos saltó de manera
inmediata, la idea de que se trataba de una invocación al principio de
responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU; sí esa era la intención, no lo sé,
pero así fue recogido en las redes sociales y en muchos medios de comunicación.
Ahora es sano advertir, antes de que se generen falsas
expectativas, que hasta el momento la decisión de aplicar el R2P ha dependido
del Consejo de Seguridad, en donde tienen capacidad de veto Rusia y China
–aunque algunos señalan que, al ser una solicitud directa del representante de
un gobierno legítimo, no se sometería al referido Consejo–. Además, también hay
que considerar que hasta el momento los países –tanto de la ONU, como del TIAR–
que podrían formar parte de una “fuerza interventora” que actué en Venezuela,
han declarado que no apoyan esa opción. En todo caso, se puede decir que se
cumplió el “tramite” que algunos solicitaban de invocar el R2P, que dudo que
pase a una fase de acción. Si nada ocurre no faltara quienes digan que se
invocó “muy tarde”.
Estas son las opciones que nos presenta una oposición
dividida, que sin que hagamos un fetiche de la unidad, ninguna de las tres
fracciones pareciera estar haciendo nada por lograrla; la unidad —y mantenerla—
dada la naturaleza del régimen que enfrentamos, creo que es un valor
estratégico, no un mero instrumento y, aun como instrumento, creo que es más
importante que los demás que están sobre el tapete: votar, abstenerse o una
consulta popular. El de la “unidad” es un tema pendiente, por encarar más a
fondo.
Ismael Pérez Vigil
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