Por Hugo Prieto
No hay canales de
comunicación independientes entre el liderazgo opositor y los venezolanos que
sufren los embates de la crisis colosal creada por el chavismo. Tampoco un
trabajo de articulación y organización en las propias comunidades y ciudades
del país. No hay redes que interactúen entre sí. La apuesta maximalista —todo o
nada— nos llevó a formas de movilización y batallas que estaban perdidas de
antemano. Manifestantes pacíficos versus guardias que disparan. Habrá que
intentar otra cosa.
Quien habla es Lissette
González*. Todos hemos sentido rabia y seguramente odio frente a la destrucción
que convirtió a Venezuela en un Estado similar a naciones que soportan la
pesadilla de una guerra o que han pasado siglos dando tumbos, sin poder
encontrar la estabilidad política, ni los grandes acuerdos, para construir un
destino diferente, un futuro esperanzador. “Tenemos que crear espacios de
encuentro para que podamos confiar unos y otros, en un país donde nadie le cree
a nadie”. Y lo dice alguien que está en la primera fila de las víctimas del
conflicto político. Su padre era Rodolfo
González, quien —bajo custodia del Estado
venezolano— murió en los calabozos de El Helicoide, la tenebrosa cárcel creada
por el chavismo. De ahí el valor, la entereza y el coraje de quien se aferra a
la necesidad de preservar la vida, pese a todos los que quieren vernos —no
sabría decir si verse— en un baño de sangre.
¿Cómo caracterizaría la
situación social de Venezuela?
Los venezolanos estamos
viviendo una situación dramática. Tenemos varios años en una emergencia
humanitaria compleja, causada por múltiples factores que están influyendo en
las condiciones de vida de la gente —recesión económica, hiperinflación,
deterioro o ausencia de servicios públicos, crisis sanitaria y una escasez de
alimentos aparentemente mitigada—, para muchos venezolanos ese panorama pone en
riesgo, incluso, su supervivencia. Este año, con los efectos de la pandemia y
las medidas de confinamiento, se han dificultado aún más las capacidades de la
gente para poder tener un sustento. La mayoría de los venezolanos están
concentrados en conseguir ese mínimo de agua, gas, comida, para poder
satisfacer lo más básico.
No hay un solo síntoma
de que esa realidad vaya a cambiar y la pregunta es ¿podemos vivir bajo
condiciones de una emergencia humanitaria, digamos, forever?
Hay países de África en
los que la emergencia humanitaria ha persistido durante muchos años. ¿Qué es lo
que ocurre cuando esa crisis es tan intensa y prolongada? Pasa lo que estamos
viendo en el país. La gente huye, la gente emigra, quien lo puede hacer lo hace
y quien no —casi siempre los que se encuentran en las peores condiciones— pues
son los que más sufren. Aumentarán las muertes no sólo por el covid-19, sino
por cualquier otra enfermedad. También las muertes por desnutrición y las
enfermedades asociadas a ella. No tenemos datos oficiales, pero la encuesta más
reciente de Encovi, efectivamente, da cuenta de que el empobrecimiento de la
sociedad venezolana es generalizado, no sólo en términos de ingresos, sino en
el consumo de proteínas y calorías. El deterioro es algo que se está viendo en
todos los grupos sociales.
Podríamos vivir como
Haití, por ejemplo.
O como Zimbabue o como
Siria o los países en guerra. Podríamos vivir así indefinidamente. No hay nada
en la situación de crisis social que diga, necesariamente, que ocurra un
cambio. Y si lo hubiera, no sería por la crisis social. Si al Gobierno le
preocuparan los indicadores tan tremendos que tenemos en la situación social y
quisiera hacer algo, pues ha tenido un montón de años para hacerlo. No parece
que eso importe demasiado. Hay unos bonos, están las bolsas CLAP —que llegan
con menos alimentos y en lapsos más prolongados—, pero con esas políticas el
Gobierno no ha sido capaz de proteger a los más vulnerables de los efectos
negativos de esta crisis.
¿Cuál es el correlato
que tiene esta crisis en las organizaciones de la sociedad venezolana?
Hay organizaciones
sindicales que están exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo —en
salud y educación, por ejemplo—. Pero esas organizaciones se han debilitado en
los últimos 20 años por múltiples causas. Una de ellas es una política que ha
sido clara, abierta y directa, de limitar la autonomía sindical y tratar de
disminuir su poder. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de medidas administrativas
aplicadas por el Ejecutivo o de la exigencia, por ejemplo, de que el CNE avale
las elecciones sindicales. Todos esos requisitos que se han ido incorporando a
la legislación y a la práctica, de hecho, han debilitado la autonomía y la
libertad sindical. Se han creado sindicatos paralelos en empresas del sector
público y nuevas centrales sindicales y el Estado no ha reconocido o ha tratado
de no reconocer, como interlocutor válido, a los sindicatos autónomos. Además
de la relación con el poder político y de la forma en que se ha tratado de
controlar al movimiento sindical, está el propio efecto de la crisis. Mientras
más empresas cierran, mientras más cae el empleo formal, son menos los
trabajadores sindicalizados. Tenemos un conjunto de cosas que, efectivamente,
están menoscabando la capacidad y el poder que pudieran tener estas
organizaciones para luchar por las reivindicaciones sociales de los
trabajadores.
Podríamos decir algo
similar de los gremios empresariales, de las organizaciones de la sociedad
civil, digamos, de las fuerzas vivas de la sociedad venezolana. Pero voy a lo
siguiente, ¿no hay masa crítica para que la sociedad interpele al Estado o para
increpar al chavismo en el poder?
Nunca fuimos una
sociedad especialmente organizada. En la segunda mitad del siglo pasado, para
hablar en términos gruesos, no había muchísimos sindicatos ni muchísimas
organizaciones civiles. El tejido social venezolano nunca ha sido muy fuerte.
En paralelo —años 80 y 90— los partidos políticos han dejado de tener esa base organizativa
en la propia sociedad. Es decir, imaginemos a Acción Democrática en el trienio
(1945-1948), cuando se propuso tener una sede en cada ciudad, en cada pueblo.
Eso le dio a ese partido una capacidad de organización, de movilización, no
sólo durante ese lapso, sino durante la dictadura de Pérez Jiménez. La pérdida
de la base social no es exclusiva de AD, también se da en los partidos
opositores. Entonces, efectivamente, no tenemos músculo organizativo para
exigirle cosas al Estado. Sin embargo, eso no significa que la sociedad
venezolana se ha quedado pasiva frente a esta crisis o frente a los intentos
del gobierno de aumentar el control social. Más bien, a partir de 2002, lo que
hemos visto es constantes movilizaciones ciudadanas —marchas, recolección de
firmas para un referéndum, votaciones—, la sociedad venezolana ha tratado de
resistir todas estas medidas en contra de la democracia. Pero no teníamos la
organización suficiente. Lo otro es que hemos tenido a un jugador muy duro en
contra de la participación en los espacios de la sociedad.
Podríamos decir que las
movilizaciones y la lucha de la sociedad venezolana han tenido una conclusión
en el informe de Naciones Unidas. Es decir, estamos frente a un Estado que la
propia ONU señala incurso en crímenes de lesa humanidad. Pero voy a lo
siguiente: ¿esa capacidad de lucha se perdió, se extinguió, desapareció? Lo que
veo, en estos momentos, es confusión en las fuerzas políticas opositoras.
No creo que la
capacidad de resistencia o de protesta de la gente desapareció. A lo largo de
esta semana hubo protestas en varios estados del país, en La Vega hubo un
intento de movilización por el derecho al agua. Protestas y movilizaciones que
no fueron convocadas por un líder político específico. Simplemente, movilizaciones
que están ocurriendo en todo el país porque la gente se resiente, entre otras
cosas, porque no tiene agua, no consigue comida, no hay transporte para ir a
los centros de trabajo o a las escuelas, no hay gas para cocinar. Las demandas
y necesidades siguen allí y a pesar del sufrimiento, porque no se puede
calificar de otra manera, la gente sigue intentando movilizarse. ¿Qué es lo que
nos está pasando? No tenemos canales de comunicación efectivos entre el
liderazgo político y esos sectores del país que están necesitando un cambio. No
se trata de si me gusta un presidente o me gusta el otro; lo que está en juego
es su supervivencia si no cambian las condiciones en que actualmente se
encuentra el país. Entonces, yo creo que necesitamos reconectar con esa
protesta social. Necesitamos darle conducción política a esas necesidades de la
gente. Mientras el discurso político del liderazgo opositor sea «si votar o no
votar, o si eres legítimo o no lo eres, o si tienes el apoyo de la comunidad
internacional o no», eso no conecta con las demandas de la gente, que lo que
quiere es comida, agua y gas en su casa. ¿Cómo se hace la conexión entre las
mejores condiciones de vida y el cambio político? Esa es la propuesta y el
discurso político que el liderazgo opositor tiene que hacer si quiere modificar
la actual correlación de fuerzas que hay en el país.
Es muy difícil
organizarse políticamente en medio de la represión. Sin ir más lejos, las FAES
—el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana— asesinaron a 87 venezolanos
el pasado mes de agosto. Yo creo que en Venezuela todos tenemos muchísimo
miedo. ¿Tú qué crees?
Obviamente, mañana
—cuando no haya pandemia— no va a ser tan sencillo salir a las calles a
marchar, a protestar. Imaginemos que un dirigente político convoca a una marcha
para el 23 de enero (o en otra fecha emblemática de nuestra historia
democrática), va a ser difícil llenar una autopista, porque efectivamente el
miedo existe y no es, precisamente, un miedo irracional. ¿Podemos imaginar
nuevas formas de movilizarnos sin exponer tanto a la gente? Ese es mi punto.
Ese intento, casi a diario, ensayado en 2014 y 2017, de luchar contra las
tanquetas para pasar al oeste de la ciudad eran unas batallas perdidas de
antemano. No había forma de ganar. Una multitud que protestaba pacíficamente
versus unos guardias que disparaban. Se ha privilegiado esa estrategia de
movilización súper masiva, súper visible. ¿No sería mejor ir a las comunidades
a decir «cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro mensaje»? Quizás sea mucho
más efectivo un trabajo de articulación y de organización. 500 activistas en
distintos puntos de la ciudad tratando de difundir un mensaje y articular
redes. ¿Puede el Estado monitorear todo eso? No lo sé. Tampoco tenemos los
canales de comunicación, entre el liderazgo y la gente, que no sea Twitter,
pero esos mensajes también los está viendo el Gobierno que te persigue. No se
ha trabajado en una mirada más estratégica. Digamos, de activistas organizados
con sus propios canales de comunicación, donde puedas movilizar, sin necesidad
de hacer convocatorias públicas. ¿No era eso lo que hacían Acción Democrática o
el Partido Comunista bajo la dictadura de Pérez Jiménez? Ahí no había Twitter.
No podía salir por televisión o por radio la Junta Patriótica para convocar a
una marcha. Sin embargo, había movilización política. Mientras no se construyan
esos canales de comunicación propios —en las organizaciones sociales, en las
comunidades, en los sindicatos— es muy difícil hacerle llegar a la población un
mensaje de cambio y de esperanza.
Estamos viviendo una
situación muy compleja. Por un lado, tenemos la convocatoria a elecciones
parlamentarias y por el otro sabemos que a los convocantes no les importa el
costo de la represión interna o los señalamientos que pudiera hacer la
comunidad internacional. Entonces, ¿qué hacemos con la famosa salida pacífica,
electoral y constitucional?
Has dicho dos cosas
importantes. Esta misma semana, Tarek William Saab, a quien le puedes o no
creer, dio una rueda de prensa en la que dijo que el informe de la ONU estaba
parcializado y fue elaborado por ciudadanos de países que no reconocen a
Maduro. Pero también anunció las medidas que están tomando y las
investigaciones que se están haciendo a funcionarios que están detenidos por violación
de derechos humanos. No creo que el Gobierno esté tan despreocupado e inmune
ante las denuncias que recoge el informe de la ONU. Yo creo que sí hay una
preocupación. Pero no sé si el Gobierno se va a moderar a la hora de reprimir a
la disidencia interna del país. ¿Qué hacemos con la salida pacífica,
constitucional y electoral? Yo creo que esa es la única alternativa que tenemos
los venezolanos que nos va a dar una solución de largo plazo, con estabilidad y
con posibilidades de construir un futuro distinto. Cualquier solución de fuerza
—un golpe dentro del chavismo, una invasión extranjera, lo que fuere— no nos
daría un Gobierno estable. Sin estabilidad política sería muy difícil, si no
imposible, resolver el tema social y económico interno.
Al señor Tarek William
Saab no le podemos dar el beneficio de la duda. ¿Quiénes son, por ejemplo, los
funcionarios que están investigando? ¿En qué centro de reclusión están
detenidos?
Esa duda es totalmente
legítima y comprensible. Pero el problema en Venezuela es que nadie confía en
nadie. Digamos, si una información viene del INE, no la creo, pero si viene de
una ONG, sí la creo. Eso en el campo opositor. Y algo similar ocurre del otro
lado. Entonces, tenemos que crear espacios de confianza, incluso, para saber cuántos
funcionarios están detenidos.
La única forma de crear
confianza es que tengamos la certeza de que se aplicará la justicia. De lo
contrario, esto es otro anuncio hecho por el señor Tarek William Saab.
En el informe de la
Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas se refiere
un caso concreto: la masacre de Barlovento, que a su vez fue mencionada por
Tarek William Saab. El propio informe dice que hay unos funcionarios detenidos
por esos hechos. El señalamiento que hace el informe es que si bien están
detenidos los funcionarios que participaron en el operativo, no se identifica a
quien dio la orden o a quien sabía, desde un nivel jerárquico más alto, que ese
procedimiento se iba a realizar. Lo único que pone en cuestión el informe es
que haya más gente presa, pero no niega que hayan funcionarios presos y
condenados que son los mismos que dijo el Fiscal. Entonces, tenemos a dos
bandos enfrentados por tanto tiempo, cada uno con su forma de entender la
realidad, cada uno con sus actores a quienes se les cree o no. La mayoría de la
sociedad venezolana no le va a creer al Fiscal. Entonces, ¿qué podemos hacer
para tener una sola visión de qué fue lo que pasó? Lo que se ha hecho en otros
países que han transitado por conflictos prolongados como el nuestro. Al final
hay una Comisión de la Verdad, en la cual están todas las partes representadas
y sus integrantes, en conjunción, nos dirán qué fue lo que pasó y cuáles fueron
las circunstancias. Si hubo personas detenidas y si fueron procesados todos los
involucrados. Mientras no creemos esos espacios, va a ser muy difícil avanzar.
Entonces hacen falta unos grandes acuerdos en este país en temas fundamentales
—derechos humanos, políticas económicas y sociales enfocadas en resolver la
crisis y buscar formas de convivir—, tenemos que crear un país donde sea
posible que todos los venezolanos podamos vivir.
No creo que a estas
alturas se pueda hablar de una equivalencia en cuanto a la responsabilidad que
tienen en la magnitud de la crisis, en el sufrimiento de los venezolanos, los
factores políticos en pugna. No creo que haya una corresponsabilidad a partes
iguales en este conflicto. Diría que hay señalamiento claro en cuanto a quién
ejerce el poder y la forma en que ejerce ese poder. ¿Cuál es tu opinión? Quien
controla todos los espacios en Venezuela es quien tiene que abrir las puertas
de los acuerdos.
Tienes toda la razón,
las responsabilidades no son iguales entre el Gobierno y la oposición. El
Gobierno es quien tiene el poder. El que ha decidido las políticas sociales y
económicas a su real saber y entender. El único responsable, por ejemplo, de la
debacle del sector eléctrico es el Gobierno, así como de la destrucción de
PDVSA, del sistema educativo público y del sistema de salud —entre otras cosas—
todo eso es responsabilidad de quien ha manejado el poder y el presupuesto
público y quien ha legislado como ha querido durante al menos 18 años. En ese
sentido, la responsabilidad es del Estado, sin lugar a dudas. Eso no lo pongo
en cuestionamiento. Pero cuando yo hablo de polarización, me refiero a que hay
dos actores políticos y cada uno responde a la base de apoyo que tiene en la
sociedad venezolana. Y cada uno de ellos tiene las cosas en las que cree, en
las que confía y en las que no. Y en ese sentido, tenemos muy pocas
posibilidades de dialogar. Aquí estamos polarizados. Un opositor no está
dispuesto, siquiera, a oír la versión que pueda decir alguien que es afecto al
oficialismo. Y viceversa. Si los ponemos a los dos, que no son responsables de nada,
porque son hijos de vecino, ni siquiera en ese escenario somos capaces de
dialogar.
*Licenciada en
Sociología por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela) y
Doctora en Sociología (Universidad de Deusto, Bilbao, España). Encargada de
proyectos de la ONG Provea.
27-09-20
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