EFE 20 de septiembre de 2020
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Las
declaraciones del jefe de los magistrados del país africano, Bernardino
Delgado, llegan mientras la dictadura venezolana exige la liberación del
empresario colombiano, aún cuando EEUU pide su extradición por el lavado de
millones de dólares del régimen
Los jueces de Cabo Verde que deben decidir sobre la
extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, testaferro del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no cederán a ninguna presión y
actuarán con independencia, aseguró el jefe de los magistrados del país
africano, Bernardino Delgado.
Los jueces del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de
Cabo Verde, en cuyas manos está la suerte de Saab, “son inmunes a cualquier
presión que pueda haber” en un proceso tan mediático, afirmó el presidente del
Consejo Superior de la Magistratura Judicial (CSMJ), organismo que vela por la
independencia de los tribunales.
En declaraciones divulgadas a última hora del viernes
por la estatal Radio de Cabo Verde, Delgado defendió en Praia -capital
caboverdiana- la autonomía de las cortes en este país insular de África
occidental. “Es un activo del sistema judicial de Cabo Verde. La independencia
de los tribunales y jueces es algo que tenemos, de hecho, que preservar y
proteger de todo el vendaval de las presiones que venimos presenciando en este
caso, que es muy mediático”, subrayó el máximo dirigente de los jueces
caboverdianos.
En su opinión, este tipo de casos acarrea en todas
partes una “tentación” para ejercer “todo tipo de presiones”. Pese a todo, el
presidente del CSMJ insistió en que los jueces encargados de pronunciarse sobre
Saab son “inmunes” a toda presión y ésa será “la garantía que tienen que dar a
los caboverdianos”.
“Sea cual sea el rumbo de la decisión, que sea una
decisión contundente con sólidos fundamentos jurídicos”, concluyó Delgado
Delgado, al reafirmar que los jueces del STJ emitirán un fallo “con toda
independencia”.
El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de
junio cuando su avión hizo escala para
repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el
más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos
cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tanto el Gobierno como un tribunal caboverdianos han
aprobado la extradición de Saab a Estados Unidos, pero la defensa -que incluye al ex juez español
Baltasar Garzón- ha apelado la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal
de Justicia. Según fuentes especializadas consultadas por Efe, la sentencia
judicial debería conocerse a finales de este mes de septiembre. Cuando fue
detenido Saab, Caracas señaló que es un ciudadano venezolano y un “agente” del
Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados
sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial
de Venezuela”. Desde entonces, el régimen presiona diplomáticamente al país
africano para que envíe a venezuela al testaferro de Maduro.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de
Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa
Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de
origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand
Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro
alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en
julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el
empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con
“cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su
mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350
millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a
través del sistema de control cambiario en Venezuela. Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de
2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas
y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por
el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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