Por Indira Rojas
Los estudiantes venezolanos iniciaron un nuevo año escolar el miércoles 16 de septiembre. Las clases son dictadas a distancia. Escuelas y familias se preguntan cómo asegurar el éxito para los alumnos a pesar de la incertidumbre, las fallas de conectividad y las deficiencias en los servicios básicos. Esta es la novena entrega de Desafíos de la educación en pandemia, una serie sobre la perspectiva de los expertos en políticas educativas para comprender la situación venezolana. En esta oportunidad habla Óscar Misle Terrero, educador y psicoterapeuta. Es cofundador y directivo de la ONG por los derechos de la niñez Cecodap, y es coautor de los libros Si los pupitres hablaran, No me hace caso: ¿qué hago? y Adolescente en casa: ¿Qué hago?, entre otros.
Iniciar el nuevo año
escolar con la modalidad presencial o semipresencial es una necesidad y un
deseo para muchos niños, adolescentes y familias. Les ha tocado una cuarentena
extendida en la que la salud mental se ha visto afectada por el aislamiento
físico, en una situación de país con muchas dificultades que se vienen
arrastrando antes de que comenzara la pandemia. La emergencia humanitaria
compleja que afecta el país desde hace varios años, caracterizada por la
ausencia o ineficiencia de servicios públicos, la merma del poder adquisitivo y
el clima de inseguridad personal, incrementa los riesgos en la salud, la
nutrición, la vida y la seguridad de miles de hogares en todo el país. Sin
embargo, el coronavirus nos coloca en una realidad que pone en riesgo la salud
y la vida de la población. Mientras aumente el contagio, no se puede poner en
riesgo la salud de los niños, del personal docente y de la comunidad educativa
en general. No es conveniente ni responsable el inicio de las clases
presenciales en estos momentos.
No queda otra alternativa
que mantener el esquema de la educación a distancia, sin embargo, pensar solo
en el Internet como posibilidad es excluir a un 60% de la población de su
derecho a la educación. Solo un tercio de la población goza de ese privilegio
sin estar exento de problemas de conectividad o de fallas en los servicios
públicos, como la luz eléctrica.
La brecha entre una
minoría con acceso a recursos tecnológicos y a la información y una mayoría de
estudiantes que se están quedando al margen de la educación constituye el
principal desafío del momento actual. La falta de conectividad o la mala
calidad del Internet en Venezuela dificulta tener acceso oportuno y eficiente a
la información por parte de estudiantes y también de docentes. Y la posibilidad
de utilizar la televisión y la radio como un recurso para la educación en casa
no cumplió con los objetivos planteados, pues se trasladó el aula tradicional a
la pantalla.
En el año escolar
anterior en la pandemia aprendimos que no tenemos educadores preparados y
equipados tecnológicamente para hacer efectiva una educación que requiere
competencias que no se logran de un día para otro. Exigen formación y recursos
que no están disponibles.
También hay que pensar
en las condiciones salariales de los docentes. La precariedad de los ingresos
hace cada vez menos atrayente el ejercicio de la docencia, considerando además
los riesgos del momento actual y el deterioro creciente de las instalaciones
escolares, especialmente las de la red de educación pública que abarcan el 80%
de la población escolar, lo cual complica la posibilidad de tener las
condiciones de bioseguridad para el regreso a las aulas en el futuro.
Pretender convertir
cada casa en una escuela, en la que las madres, padres o abuelos debieron
convertirse en maestros, no para acompañar a sus hijos en asignaciones
escolares, sino para desarrollar contenidos curriculares, significó aumentar el
clima de tensión, ansiedad y frustración familiar. Muchas familias no contaban
con las competencias, conocimientos y estabilidad emocional para cumplir con
las exigencias pedagógicas planteadas. Además, la necesidad de finalizar el
tercer lapso generó una sobrecarga de asignaciones escolares en buena parte de
las instituciones educativas, generando malestar y frustración.
Los problemas de salud
mental de la población estudiantil y docente requieren estrategias
psicosociales que permitan la educación emocional para el manejo de la
frustración y la prevención de la violencia. Preocupa que se pierda la
posibilidad de revisar el currículo para la adecuación de sus contenidos a fin
de responder efectivamente a las realidades planteadas por la pandemia,
especialmente en lo que se refiere a la protección de la salud física y
emocional.
Corregir fallas
En cuanto a las medidas
para corregir las fallas del año escolar anterior y prepararse para nuevos
desafíos se debe:
Considerar prioritaria
la educación con políticas públicas que respondan a las necesidades de cada
contexto.
Buscar alternativas
reales para garantizar la educación a ese 60% excluido, con limitaciones de
conectividad, lo que obliga a reforzar el uso de los medios radioeléctricos.
Realizar consultas a
los diferentes sectores (familias, docentes, estudiantes, educación privada y
pública) para pulsar la realidad de cada contexto y establecer las estrategias
que respondan a las distintas necesidades.
Realizar un plan de
adecuación y acondicionamiento de la red escolar para que, en el momento en que
sea posible, al volver a la presencialidad o semipresencialidad cuente con las
condiciones necesarias para no poner en riesgo la salud y la vida de los
estudiantes, las familias y las comunidades educativas.
17-09-20
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