Trino Márquez 24 de septiembre de 2020
@trinomarquezc
Por allí circulan rumores de unas supuestas
conversaciones que contarían con el aval de la Unión Europea y otras
instancias internacionales –la ronda de Noruega revitalizada- que podrían
desembocar en un acuerdo global para realizar los comicios parlamentarios y la
elección del Presidente de la República, con todas las garantías establecidas
en la Ley del Sufragio y de acuerdo con las exigencias de la ONU, la UE y las
demás organizaciones interesadas en que la crisis nacional se resuelva de forma
pacífica. Sin vencedores, ni vencidos. Según los mismos siseos, hay dirigentes
dentro del oficialismo preocupados por los efectos letales de las sanciones y
por la parálisis nacional, acentuada por los efectos de la Covid-19. Frente a
esas especies solo cabe esperar que sean ciertas. Que la sensatez se imponga y
que, en efecto, haya gente pensando en cómo resolver las penurias del
país, y no en ver cómo la casta gobernante sigue abrochada al poder.
Sin embargo, hasta el momento no existe ningún indicio
cierto de que el gobierno esté pensando en mover la fecha de las elecciones
legislativas. Todo lo contrario: cada vez que pueden Nicolás Maduro y los demás
voceros del régimen –incluidos los miembros del CNE- insisten en que el día es
inamovible. No importa la escasez de gasolina, el cierre de los vuelos
comerciales, la falta de máquinas de votación y la imposibilidad, en medio del
cuadro tan deplorable que vive la nación, de realizar campaña para que los
candidatos se den a conocer y divulguen sus programas legislativos. El 6-D se
ha convertido en una obsesión.
Lo mismo sucede con el 5 de enero, cuando se
instalaría la nueva Asamblea Nacional. A Maduro parece haberle dado un ataque
de ‘constitucionalismo’. Ahora resulta que esa es una fecha intocable porque la
Constitución así lo establece. Un mandatario que ha violado el texto
fundamental hasta por la solapa, le inquieta que ese día no se instale el nuevo
Parlamento. Argumento burdo. Empezando porque las elecciones fueron convocadas
por un CNE nombrado por Maikel Moreno y sus muchachos del TSJ, en un acto que abortó
de forma abrupta el proceso que venía adelantando la AN de acuerdo con lo
pautado por la CRBV y la ley electoral. Si le interesara tanto ajustarse a la
letra de la carta magna, debió haber comenzado por someterse a lo establecido
por el Comité de Postulaciones designado por la AN. A otros con ese cuento.
A la cita del 6-D la oposición democrática no puede
acudir. Las razones han sido ampliamente señaladas por mí y por muchos otros
analistas, abogados y políticos que se han referido al tema. No voy a insistir
en ellas. Sí quiero destacar un argumento señalado por algunas almas
piadosas que insisten en que lo más importante no es el 6 de diciembre, sino el
5 de enero. De acuerdo con esa opinión, habría que satisfacer el mandato
constitucional y, en consecuencia, constituir el Parlamento, lo cual dejaría
sin efecto a los diputados electos en los comicios de 2015, la inmensa mayoría
de oposición. Según esta perspectiva, a la comunidad internacional no le
quedaría más opción que desconocer de Juan Guaidó y demás diputados actuales,
aunque objete los comicios de diciembre.
Los docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional
de la UCV y otros académicos del país han señalado que, en el caso
particular de la situación que se creará a comienzos de enero próximo, conviene
hablar de continuidad constitucional, más que de continuidad
administrativa, pues los diputados del cuerpo legislativo solo pueden ser
reemplazados por unas elecciones legítimas, como las de 2015. Las previstas
para diciembre, no lo serán. Aunque comparto el criterio de los jurisconsultos,
no entraré en ese debate porque no soy abogado, y mucho menos
constitucionalista.
Entiendo
que para Nicolás Maduro el gran reto es darle legitimidad a la gestión del
Gobierno en el plano internacional. Para él, la clave reside en que la AN le
apruebe “…por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el
Ejecutivo Nacional…” -Art. 187.18 de la CRBV-. Esto significa que necesita
la aprobación del Parlamento para la firma de empréstitos internacionales o
cualquier otro tipo de compromisos que involucre a la República. Este es el
punto crucial. Todas las demás atribuciones señaladas en ese artículo 187 –como
aprobar el presupuesto nacional, autorizar los créditos adicionales o aprobar
las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación- le
resultan irrelevantes. De hecho, desde 2016, ninguno de esos temas los ha
tratado el Ejecutivo con la AN. Para eso la declaró en ‘desacato’.
Vista en perspectiva la situación de la eventual nueva
AN controlada en su gran mayoría por el oficialismo, con la presencia de la
‘oposición oficial’, ¿para qué le serviría al gobierno dominar el cuerpo
legislativo?; ¿obtendría con ello la legitimidad que necesita para que sean
reconocidos los convenios internacionales que firme? Aparte de sus socios
habituales –Rusia, China, Irán y Turquía- ningún país democrático se prestará
para firmar acuerdos comerciales o financieros con el gobierno que adulteró las
elecciones el 20 de mayo de 2018, aunque lleve la rúbrica de todos los
diputados de la AN. Tanto el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro como el
Parlamento que se constituya en enero, serán ilegítimos ante los ojos de
los organismos y gobiernos internacionales democráticos. El problema que
enfrentan el gobierno y la oposición, mucho más que de carácter legal, es de
naturaleza política.
Maduro perdió la legitimidad. Por eso hay que dejarlo
solo el 6-D.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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