Miguel Henrique Otero 21 de septiembre de 2020
@miguelhotero
El mismo reducto militar-civil que ha diseñado y
estructurado un programa de violaciones de los derechos humanos en Venezuela;
el mismo que ha dispuesto los recursos del Estado para perseguir y torturar
-incluso violar- a políticos, dirigentes sociales y periodistas, extendiendo
sus prácticas perversas a los familiares de sus víctimas; el mismo que acaba de
ser denunciado tras una rigurosa investigación del Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; el mismo que, a estas horas, está recibiendo el
repudio unánime de gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones no
gubernamentales y de los demócratas del mundo entero, ese gobierno que
protagoniza delitos de lesa humanidad, ha convocado a unas elecciones
parlamentarias, con el único objetivo de hacer trizas el único espacio
institucional legítimo con que cuentan los venezolanos, la Asamblea Nacional.
Tenemos la obligación de recordar ahora, con el mayor
énfasis que sea posible, que ese poder es, además, ilegítimo, fraudulento,
ilegal e inconstitucional desde mayo de 2018, fecha en la que después de
organizar un aparatoso y descarado fraude electoral, suscrito por el también
ilegítimo y fraudulento Consejo Nacional Electoral, se autoproclamó para
continuar por seis años más usurpando funciones de gobierno. No lo olvidemos:
es un poder usurpador.
Esa estructura usurpadora ha convocado a elecciones
después de diseñar un cuidadoso plan, que no tiene otro propósito que arreglar
de antemano unas elecciones a su favor, que desconocerá la voluntad del pueblo
venezolano, cuyo rechazo a Maduro y a su régimen, en ello coinciden todas las
encuestas realizadas por firmas independientes, supera el 85%.
Ese plan ha comenzado por la destrucción de los
principales partidos opositores, a través de distintos mecanismos. Los ha
ilegalizado, y en varios casos, a través de falsos mecanismos judiciales, los
ha despojado de sus líderes y autoridades, para entregarlos a la conducción de
inescrupulosos y farsantes.
Asociado a lo anterior, ha perseguido, enjuiciado,
encarcelado u obligado a exiliarse a la mayoría de los más destacados
dirigentes y posibles candidatos, con lo que se pretende que, de prestarse para
hacer el juego a esta farsa, estos fueran personas sin mayor proyección o
desconocidos para los posibles electores.
Y es que un requisito para el cumplimiento de unas
elecciones limpias, transparentes y en igualdad de condiciones, exigiría como
requisito indispensable que existieran medios de comunicación libres y
autónomos, portales informativos no bloqueados por Conatel, garantía para los
profesionales de la comunicación de que no serán perseguidos, presos y
torturados por realizar su trabajo: todas condiciones, sin excepción, que no
existen en Venezuela. En un país donde la inmensa mayoría de los medios de
comunicación están bajo el control o la coacción de organismos de represión y
tribunales bajo el control del PSUV, no puede haber elecciones libres.
Esos mecanismos de coacción, y este es quizás el
aspecto más sustantivo, no se limitan a quienes hacen periodismo de alguna
manera: alcanzan a vastos sectores de la población, especialmente a las
familias que dependen de las cajas CLAP, que viven bajo la constante presión de
comisarios, milicianos y otros violentos, para que asistan a reuniones
políticas, firmen comunicados apoyando al usurpador, hagan silencio y no
participen en protestas, y voten de acuerdo a las instrucciones que dicte el
coordinador CLAP. De no hacerlo, el riesgo es una profundización del hambre y
el acoso en sus barrios.
Este cerco a los ciudadanos, no se limita al uso del
hambre como herramienta de presión. Traspasa todo límite moral y legal, y pasa
al uso directo de la violencia: como ya se ha visto en anteriores procesos
electorales, bandas paramilitares (colectivos, ex FARC MAFIA, ELN, milicianos
motorizados y otros delincuentes), patrullan las calles, atacan a testigos de
mesa, disparan a dirigentes opositores, crean zozobra para impedir que los
electores salgan a cumplir con su derecho al voto.
Pero todavía hay más: el Consejo Nacional Electoral
continúa bajo el control directo del gobierno. No es un poder autónomo. Es una
dependencia que, del modo más evidente y sin escrúpulos, actúa bajo las
directrices de Miraflores. El lector debe recordar que el CNE todavía no ha
rendido cuentas de la acusación de fraude que la empresa Smartmatic presentó
tras el último proceso electoral.
Ese mismo CNE ilegítimo y fraudulento, directamente
controlado por Maduro, es el que ha confeccionado, con el apoyo de empresas
amigas, el software con el que pretenden administrar el proceso electoral.
¿Cuánta confiablidad podemos otorgar a un software bajo el control directo de
uno de los participantes? ¿Qué elecciones son esas donde el árbitro electoral
trabaja bajo las órdenes y los candidatos del poder?
Mucho más habría que decir: el régimen se niega a
aceptar la observación internacional, salvo el “acompañamiento” de las
dictaduras aliadas; las fuerzas políticas opositoras no tienen recursos para
financiar posibles campañas, porque el régimen persigue a los empresarios que
podrían hacer donaciones a favor de la candidatos demócratas; el régimen cuenta
con alrededor de dos millones de funcionarios que movilizará en dos sentidos:
obligándolos a votar y para que presionen a los electores con el objetivo de
que vayan a votar a favor del régimen; hasta las mismísimas máximas autoridades
del Ejército, responsable del Plan República, han declarado su lealtad al
régimen y han declarado desconocer a la oposición democrática.
Dicho todo esto: ¿quién puede creer que semejante
parapeto electoral tiene algún sentido, salvo el de liquidar la Asamblea
Nacional?
Miguel
Henrique Otero
@miguelhotero
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