Por María Victoria Fermín Kancev
La Misión
internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de
las Naciones Unidas (ONU) presentó este miércoles, 16 de septiembre, su informe
sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Se trata de los
resultados de una investigación, como mandato del Consejo de Derechos Humanos,
en el que analizaron a detalle 223 casos de violaciones de DDHH y
realizaron unas 274 entrevistas a víctimas, familiares, funcionarios
públicos y otros actores.
En el documento la
Misión precisó que desde 2014 han sido continuas las detenciones
arbitrarias contra personas por sus opiniones políticas pero, además,
varias de estas personas también fueron víctimas de desapariciones
forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género.
Concluyeron que estos
hechos responden a una política de Estado sistemática y que
constituyen crímenes de lesa humanidad.
Concretamente indicaron
la responsabilidad del gobernante Nicolás Maduro; el presidente de la
Constituyente, Diosdado Cabello; los ministros de Interior y de Defensa,
Néstor Reverol y Vladimir Padrino respectivamente, y también mencionaron tener
una lista de altos funcionarios involucrados en estos hechos, de acuerdo con la
Misión de la ONU.
Con esta acusación,
exhortaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una
investigación y establecer sanciones contempladas en el derecho internacional.
A continuación algunas
claves sobre el informe:
Represión política
El Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
fueron señalados como los responsables de identificar a la disidencia política,
incluyendo activistas de DDHH.
La Misión describió
patrones de ambos cuerpos de seguridad al realizar detenciones, en los que
coincidieron las desapariciones forzadas y la incomunicación con abogados y
familiares, entre otros. Además ofrecieron detalles sobre sus tácticas de
tortura y los espacios donde llevaban a cabo estos crímenes.
Indicaron que los
principales blancos de violaciones suelen ser “críticos del Gobierno con
perfiles públicos elevados o personas que han alcanzado una prominencia o
que representan una amenaza particular debido a sus acciones”. Pero también se
incluyen personas que desafían las narrativas oficiales como funcionarios
públicos, jueces, fiscales, abogados, trabajadores de ONG, periodistas y blogueros y usuarios de redes sociales.
Destacaron que incluso
trabajadores de la salud y ciudadanos que se expresaron en las redes han sido
detenidos por cuestionar la respuesta de la administración de Maduro a la pandemia
del COVID-19.
Respecto a las protestas
antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019 mencionaron que en la mayoría de
los casos que investigaron los detenidos fueron mantenidos a un régimen de
incomunicación antes de ser llevados ante un juez.
Indicaron que “la falta
de independencia judicial y la injerencia del ejecutivo en los procesos
judiciales contribuyen a las detenciones arbitrarias”.
Además identificaron en
los casos que documentaron que las personas detenidas fueron víctimas de
torturas y malos tratos en los primeros momentos o días de su detención.
Operativos de seguridad
y protestas
La Misión también
investigó violaciones que se produjeron durante las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP), así como en otras operaciones de seguridad más específicas
realizadas por un solo cuerpo de seguridad o en pequeñas operaciones combinadas.
Concluyeron que un gran
número de asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado “se
cometió desconociendo las disposiciones legales sobre el uso de la fuerza”.
También señalaron que
“se han adoptado tácticas de seguridad cada vez más agresivas que han dado
lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos, en particular, un
elevado número de ejecuciones extrajudiciales”.
Entre otras razones,
sugieren que una de las razones para esta política de mano dura es “Generar
miedo y reforzar el poder con fines de control social para reducir la
posibilidad de que se produzcan levantamientos políticos, especialmente en los
barrios urbanos más pobres”.
Sobre las OLP señalaron
que se diferencias de otras operaciones porque tienen en común, entre otros
aspectos, que se realizan un gran número de detenciones arbitrarias.
El informe señala que
la mayoría de las víctimas mortales en los casos que investigaron no tenían
antecedentes penales ni órdenes de arresto pendientes en su contra.
Un patrón claro que
identificaron es que las autoridades gubernamentales afirmaban que los
asesinatos se dieron durante “un enfrentamiento” o por “resistencia a la
autoridad“.
“En la mayoría de los
casos, familiares de las víctimas mortales, incluidas las mujeres, las personas
mayores y menores de edad, fueron sacados de sus viviendas por las fuerzas de
seguridad, por lo que hubo pocas personas que fueran testigos oculares de la
muerte”, dijo la Misión de la ONU sobre Venezuela.
16-09-20
https://efectococuyo.com/la-humanidad/claves-informe-mision-onu-ddhh-venezuela/
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