La Nación 24 de septiembre de 2020
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Una
minuciosa investigación de expertos de la ONU documenta escalofriantes crímenes
de Estado en Venezuela.
Una misión internacional independiente, nombrada por
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, despejó toda duda que
aún existiera sobre las flagrantes, sistemáticas y perversas violaciones contra
la dignidad e integridad individuales que se cometen en Venezuela. En palabras
de su presidenta, la especialista portuguesa Marta Valiñas, el grupo encontró
“motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad
venezolanas han planificado y ejecutado, desde el 2014, graves violaciones a
los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones
arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa
humanidad”.
A partir de sus escalofriantes hallazgos, producto de
una exhaustiva investigación divulgada el 16 de este mes, la misión solicitó al
régimen de Nicolás Maduro “realizar inmediatamente investigaciones rápidas,
eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las
violaciones de los derechos humanos y los delitos” descritos en su informe. Ha
exigido, además, proporcionar justicia a las víctimas y hacer que sus autores
“rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos”.
Pero sus llamados al rendimiento de cuentas y a evitar
la impunidad no se quedan allí. También pidió a otros Estados “considerar la
posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de
las violaciones y los crímenes identificados” en el informe, "de
conformidad con su legislación interna pertinente”, y a la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional tener en cuenta "la necesidad de que se haga
justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la
misión”. A la vez, solicitó que, por medio del Consejo de Derechos Humanos y
la Asamblea General de la ONU se encomienden nuevas investigaciones sobre la situación
venezolana.
Lo más revelador del documento no es tanto el listado
de agresiones y crímenes cometidos por distintas fuerzas represivas y
funcionarios venezolanos. Esto es algo de sobra conocido. Su mayor aporte está
en la minuciosidad de las investigaciones, el detalle con que expone los
mecanismos utilizados en la represión, la identificación de responsables y la
revelación de una "cadena de mando” de las torturas, vejaciones y
crímenes, que remite hasta las más altas instancias del régimen, en particular,
su presidente espurio, Nicolás Maduro, así como el "hombre fuerte” y
presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello,
ministros y otros altos funcionarios.
La comisión material de las violaciones y los
crímenes, dice el informe, ha estado principalmente a cargo de dos turbios
cuerpos represivos: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), pero también de
otras instancias oficiales, de los llamados “colectivos” (bandas afines) y de
grupos paramilitares que, a menudo, actúan enmascarados. Pero su actuación no
ha sido aleatoria o espontánea. Al contrario: “La misión tiene motivos
razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y
de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes
documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para
hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”, dice uno de los
señalamientos más claros del documento de 441 páginas.
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