Américo Martín 23 de septiembre de 2020
La Misión Internacional, cuyas conclusiones han
estremecido a la opinión mundial, fue creada por el Consejo de DDHH de la ONU
con el objeto investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes cometidos por el gobierno de Maduro desde 2014 hasta el sol de hoy.
La idea era dar con los autores e identificar a sus víctimas.
Revisé minuciosamente el trabajo de la Misión y no
encuentro palabras para expresar mi venezolana gratitud por un esfuerzo tan
grande como el que realizaron y con tan estricto apego a la normativa legal
nacional e internacional, incluida una rigurosa relación de Tratados, Convenios
y Protocolos que obligan a Venezuela.
El marco jurídico invocado por los investigadores fue
impecable y los hechos incluidos, más todavía. En cambio apenan ciertos manejos
–a ratos tan pueriles– de la parte oficial venezolana, ¿a quién pretendieron
marear al impetrar –mediante una remisión dirigida a la Corte Penal Internacional–
que abriera una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en
Venezuela? Como si gente experimentada pudiera impresionarse porque el
investigado salte al ruedo clamando ¡A mí que me registren!
Y en efecto, lo registraron y el resultado ha sido escandaloso.
No se necesita ser especialista en leyes para
reconocer el gran valor del trabajo de los comisionados. Tras analizar con
especial cuidado su Informe, no veo lo que pueda faltar para que se adopten
decisiones ejecutivas y se abran procesos judiciales. Los integrantes de la
Misión han sido claros y por eso la temperatura política se ha situado en el
top de un posible desenlace.
La Misión considera que en Venezuela se cometieron
crímenes de lesa humanidad y afirma que aparecen señales de que la cúpula del
poder no es ajena a lo ocurrido. Podemos imaginar que se desencadene un posible
huracán de acusaciones. Su fundamento es serio y ahora las víctimas tendrán
argumentos adicionales para hacer valer sus derechos.
No sería raro que Miraflores intente negociar. Su
causa ha perdido terreno y falta contar el cúmulo de grietas que
presumiblemente aparezcan en la fachada del Poder. En mi opinión las
negociaciones pueden ser necesarias y aprovechables. solo los que asocian el
cambio con la exterminación del último de sus contrarios, adversarios o
enemigos pueden seguir aferrados a teorías sonoras pero mil veces desmentidas
por la realidad, a tenor de las cuales con dictadores es moralmente inaceptable
tan siquiera sentarse a dialogar, cuanto menos incurrir en el pecado de
negociar, que es insubsanable precisamente por ser mortal.
Resulta que no es así, en la vida, la historia, la
democracia y la Política, concebida como ciencia y arte, las cosas no funcionan
de esa manera. Un célebre, por brillante, general prusiano que se prodigaba con
exquisita probidad tanto en el ámbito de la guerra como en la paz, acuñó un
concepto acerca del objetivo de las guerras, que no tiene desperdicio. Carl von
Clausewitz, el personaje de quien hablo, se expresó de esta manera
- El objeto de la
guerra no es aniquilar hasta el último soldado enemigo, sino colocar al
contrario en condiciones de comprender que ya no puede pensar en
victorias, y por lo tanto, detener la sangría y prepararse para negociar.
La negociación podría ser la opción menos costosa para vencedores y
vencidos. No sé, no tengo indicios de que la cuestión ya esté ubicada en
esos términos, pero una dirección inteligente debe sacarle provecho a las
analogías, y hacerlo con la eficacia del que necesita resultados ahora, no
para las calendas griegas. Las víctimas pueden estar mejor posicionadas
que los victimarios y saben que la opinión mundial las acompaña con más
decisión y lucidez que nunca.
En cualquier caso, la política electoral que hemos
seguido encaja en la situación que se percibe después del Informe de la Misión.
Nunca aceptamos la apropiación del emblema electoral por el oficialismo, el
principal de sus detractores, que quiso usar la explicable pero totalmente
injustificada fobia contra la institución del sufragio para poner la carreta
delante los caballos.
El sufragio es un instrumento democrático, no
autocrático, y es este último el autor de las condiciones que enturbian su
transparencia. El punto no es rechazar las elecciones sino limpiarlas de vicios
para garantizar su fiabilidad.
De gran ayuda sería en ese sentido aprovechar la
suspensión de las parlamentarias, incluida en el Amparo introducido por Andrés
Caleca, que muchos suscribimos, y la fuerte campaña promovida con mucho ímpetu
por “Universitarios por Venezuela”.
La percepción que se tiene acerca de la eficiencia de
las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia es claramente
negativa.
Aceptar la verdad no es habitual dada la tradicional
soberbia del Poder, ni siquiera cuando se acumulan factores que iluminan el
creciente campo donde habita la alternativa democrática. Sin embargo, el
Informe de La Misión del Consejo de los DDHH de la ONU y el rotundo fracaso de
los disparates educativos, a la insondable crisis que sostiene el sobrecogedor
malestar de los venezolanos, podría modificar sustancialmente la perspectiva.
Los hechos nuevos, además de elevar el costo de las
políticas represivas, revelan cuán difícil es engañar al otro en medio del
despertar de la vigilancia mundial, tan profundamente enfocada en conjurar la
tormenta venezolana.
La conciencia despierta ha pasado a ser el más grande
de los activos democráticos en la empresa dura pero cada vez más auspiciosa de
salvar a Venezuela. Que las tumbas sean sobrepujadas por la libertad y la
democracia y la prosperidad sean los tres grandes símbolos del pabellón
tricolor. Es lo que hemos comenzado a recuperar con el despertar de la
conciencia.
Américo
Martín
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