Por Ángel Oropeza
La hermosa lucha por la
liberación democrática de Venezuela está –como es de esperarse–plagada de
obstáculos. Identificarlos es un paso necesario para poder diseñar estrategias efectivas
que, lejos de los planteamientos ingenuamente idealistas o caracterizados por
un infantil voluntarismo, partan del reconocimiento e impacto de su existencia.
El primero es, por
supuesto, el hecho de que cualquier actividad política, distinta a la de adular
a la actual clase política gobernante y arrodillarse ante ella, es considerada
por la tiranía como un delito. En los regímenes democráticos, la lucha política
y el trabajo por la alternancia en el poder son actividades no sólo legítimas,
sino que todo el mundo sabe qué hacer al respecto. En las dictaduras, por el
contrario, aspirar al cambio político es criminalizado por quienes detentan el
poder –ante el riesgo de perder sus privilegios– y todos los que trabajan por
la transformación del país son considerados y tratados como delincuentes. Ello
convierte a la lucha por la liberación popular en la actividad de mayor riesgo
y peligrosidad en nuestro país.
A esa primera y
principal limitación se suman otros serios obstáculos como la severa represión de
los cuerpos de seguridad del Estado a cualquiera que piense distinto al
régimen, la ilegalización de los partidos políticos democráticos, el apoyo a la
dictadura por parte de la alianza internacional Cuba-China-Rusia-Turquía-Irán,
la migración forzosa de venezolanos huyendo de la hambruna y de la crónica
precariedad de sus condiciones de vida, y la aguda crisis humanitaria compleja
que golpea a la inmensa mayoría de la población y que atenta contra las
posibilidades efectivas de organización social y de movilización popular.
Sin embargo, y a pesar
del duro fardo que los obstáculos anteriores representan para el trabajo de
liberación democrática del país, es posible identificar también algunas
oportunidades en la coyuntura que pudieran ser utilizadas para alimentar la
estrategia del cambio político. Dadas las limitaciones de espacio, mencionemos
aquí solo tres.
En primer lugar, existe
un consenso incuestionable en la opinión pública alrededor de la prioridad de
combatir y superar cuanto antes la crisis humanitaria. Eso nadie lo discute, y
hasta la propia burocracia oficialista lo reconoce, con la particularidad
–cínica, por cierto– de referirse a ella exculpando la propia responsabilidad
sobre su origen y mantenimiento, y achacando su causa a factores externos.
En segundo lugar, presenciamos en Venezuela una constante y diaria
manifestación de reclamo e indignación popular, expresada en protestas y
pobladas desagregadas por todo el país, lo cual constituye un indicador
innegable de alta conflictividad social. Y por último, las
contradicciones de la cúpula gobernante con lo que creen sus bases sociales de
apoyo han comenzado a hacer metástasis y están provocando graves fracturas no
solo dentro de la alianza de partidos que históricamente les han acompañado sino,
lo que es más importante, en las bases estructurantes del chavismo.
Con respecto a esto
último, ya no son solo la evidente incapacidad para gobernar, la inocultable
corrupción de los jerarcas del régimen, su opulento estilo de vida que
contrasta con las penurias de la generalidad de la población y su
insensibilidad para con el sufrimiento de la mayoría lo que ha venido alejando
al madurismo de sus otrora fieles bases sociales. La gota que parece haber
derramado el vaso es la constatación de que la violación de los derechos
humanos, con su secuela de tortura, desapariciones forzadas, encarcelamientos
sin juicio, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, forma parte de una
política sistemática y deliberada de la oligarquía madurista. Y ello ha
resultado demasiado para muchos de los sectores, organizaciones y personas que
hasta ayer los respaldaban, porque la defensa de los derechos humanos es
universal, no tiene ideología ni bandería política, y quienes los violen deben
ser condenados y repudiados trátese de quien se trate, sin justificación ni
atenuante alguno.
Estos elementos de la
actual coyuntura deben ser inteligentemente considerados dentro del diseño
estratégico de la oposición democrática. Cualquier propuesta que exponga
claramente y sin ambigüedades ante el país tres prioridades, la opción
preferencial por reducir el sufrimiento de la gente antes de cualquier otra
consideración, la defensa de los derechos humanos de todos sin excepción (lo
cual pasa por el amparo de sus derechos sociales, políticos y económicos), y la
prefiguración clara del país por el cual se lucha, un país plural, amplio,
heterogéneo, donde todos tengan cabida e importancia, donde todos sientan que
son necesarios para el difícil pero hermoso reto de su reconstrucción, y que
enamore a todos en la lucha por su consecución, será una propuesta que
comenzará a calar hondo en la mayoría de los venezolanos, y a despertar
simpatías y entusiasmo más allá de que se trate de partidarios
opositores, indecisos, desanimados, desencantados del madurismo o simplemente
incrédulos.
Por supuesto, un
elemento central e insoslayable de una estrategia de cambio político basado en
esa propuesta, es otorgar prioridad al trabajo –difícil pero necesario– de
convertir la actual conflictividad social en un auténtico movimiento
democrático de presión cívica interna, sostenida, organizada y con
direccionalidad política, que genere las condiciones sociales que hagan
inevitable una salida negociada a la crisis. Sin ello, cualquier propuesta de
liberación y transformación del país quedará solo como un hermoso proyecto.
El teólogo inglés
William George Ward decía que las oportunidades son como los amaneceres. Si uno
espera demasiado se los pierde. Por el bien del país, y a pesar de los
múltiples obstáculos, la conjunción de oportunidades que presenta el actual
momento venezolano, en lo político y en lo social, tiene que ser
inteligentemente abordada y aprovechada por la oposición democrática. Antes que
sean otras las circunstancias.
05-11-20
https://www.elnacional.com/opinion/estrategia-obstaculos-y-oportunidades/
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