Trino Márquez 26 de agosto de 2021
@trinomarquezc
Me
parece llamativa la composición del más reciente gabinete ministerial designado
por Nicolás Maduro, que ocurre en medio de las conversaciones entre
representantes del oficialismo y la oposición, todos civiles. Diez de los
treinta y cuatro integrantes del tren ejecutivo provienen del estamento
militar, tal como con agudeza destacó Control Ciudadano, la organización no
gubernamental dirigida por Rocío San Miguel. No se trata de despachos
marginales, adornos en la estructura del gobierno, sino de ministerios
fundamentales para la conducción del país, verdaderos centros de poder que
administran cuantiosos recursos.
En el
ya casi remoto pasado del período democrático, el Ministerio de Relaciones
Interiores era conducido por un civil. Generalmente estaba en el cargo un
miembro fundamental del partido gobernante. Un dirigente con aspiraciones y
posibilidades de ser candidato presidencial del oficialismo. Se entendía que
fuese así porque el jefe de ese despacho llevaba las relaciones con las
instancias endógenas del poder nacional y con los factores y fuerzas sociales
internas. El ministerio proporcionaba una plataforma para proyectar la imagen
de estadista del titular y permitía que este conociera los intrínculis del
Estado. La presencia de un líder político en ese era símbolo de la catadura
civil del Estado y del Gobierno. Ni siquiera en los momentos más ásperos del
enfrentamiento con Fidel Castro y la guerrilla que este promovió y financió, a
Rómulo Betancourt o a Raúl Leoni se les ocurrió designar a un militar activo
para esa cartera.
Con el
actual régimen se produjo un cambio radical. Los ministros del Interior,
Justicia y Paz, como se les denomina desde hace algún tiempo, son militares
activos, para que quede claro que el actual es un gobierno militar-cívico, en
ese orden, a pesar de que a México sólo se trasladaron civiles en
representación del Ejecutivo. Que no haya dudas ni nadie se haga el
sorprendido. El despacho de Carmelitas se le concedió al almirante en jefe
Remigio Ceballos como premio de consolación; no pudo desplazar del Ministerio
de la Defensa al eterno y en apariencia imprescindible general Vladimir Padrino
López. Antes había estado al frente la almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas,
ahora aspirante a la alcaldía de Caracas.
Con el
almirante Ceballos hay que destacar un detalle: mientras ejerció el cargo de
jefe del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, fue
sancionado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, por ‘violación de
derechos humanos’, entre otras acusaciones.
El
Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz -tal cual lo destaca
Control Ciudadano- es un bastión clave para el dominio de los organismos de
seguridad e inteligencia del Estado. Dependen de ese ministerio, entre otros
órganos, la Policía Nacional Bolivariana, la supervisión de todas las policías
regionales y municipales; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas; el Servicio Nacional de Identificación, Migración y
Extranjería; la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional. No es poca cosa la que maneja ese ministerio.
Otro
despacho emblemático, que en la era democrática estaba a cargo de un civil, es
el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Por allí pasaron figuras
ejemplares como Ramón J. Velásquez y Simón Alberto Consalvi. Con la nueva casta
gobernante, el presidente electo en comicios populares designa como su mano
derecha a un militar, quien además despacha directamente desde Miraflores.
Fusión extraña. Podría decirse que servil. Para el cargo fue nombrado Jorge
Eliéser Márquez, general de la Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos
que con mayor brutalidad se ha ensañado contra los venezolanos.
En el
Ministerio para el Desarrollo Minero se designó al almirante William Serantes Pinto.
Con este nombramiento -de acuerdo también con Control Ciudadano- se le otorga
una parcela de poder económico clave al sector militar, fortaleciendo su
control sobre la pequeña, mediana y gran minería, fundamental en esta etapa en
la que Estados Unidos mantiene estrictas sanciones contra el gobierno de
Maduro.
Algunos
de los otros ministerios en los cuales fueron designados militares como
titulares son Agricultura y Tierras, Alimentación, Habitad y Vivienda, Obras
Públicas y Energía Eléctrica. Esos nombramientos, desde luego, no se realizaron
con la finalidad de elevar la eficacia de la gerencia pública ni la eficiencia
del Estado. Es proverbial la ineptitud de los militares maduristas al frente de
organismos y empresas del Estado. Vimos de lo que fue capaz el general Manuel
Quevedo en Pdvsa: casi la quiebra. Los militares que han dirigido la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han sido de una ineptitud inaudita. La
mayoría de las centenares de empresas estatizadas, que les han sido entregadas
a militares activos o en condición de retiro para que las administren, se
encuentran en bancarrota. Ninguno de los gobernadores que forman parte de ese
cuerpo se ha destacado por el brillo de su gestión. El manejo de los asuntos
civiles les resulta extraño e incómodo.
En la
militarización del Estado y el Gobierno también se evidencia el fracaso del
PSUV y del proyecto hegemónico iniciado hace más de dos décadas, dirigido a
destruir la democracia. Este dato hay que tomarlo en cuenta en México.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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