BBC News Mundo 22 de octubre de 2024
Durante
los últimos cinco años, Marta Valiñas ha liderado la misión de Naciones Unidas
que investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas
violaciones de derechos humanos.
Hasta
el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de
violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, que incluyen
detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas,
entre otros delitos.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
El
viernes 11 de octubre, un día después de que se publicara este reporte, el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con
el voto a favor de 23 países (entre los que figuran Argentina, Chile, Costa
Rica y República Dominicana), 18 abstenciones (entre ellas Brasil) y 6 países
en contra (Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Los
testimonios recogidos por la misión que preside Valiñas pueden servir para el
expediente “Venezuela I”, la investigación que la Corte Penal
Internacional (CPI) emprendió contra el gobierno de Maduro por presuntos
crímenes de lesa humanidad y que constituye el primer caso en América
Latina que llega a esta
Sin
embargo, voceros del gobierno de Maduro han rechazado los informes de
la misión, señalando que están “plagados de falsedades” o han sido
“vulgares” y “panfletarios”. Además, han descalificado a la misión al
describirla como una instancia “controlada por gobiernos subordinados a
Washington”.
Valiñas
conversó con BBC Mundo para explicar los hallazgos que la misión hizo públicos
en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las
elecciones. Esta entrevista fue editada para su publicación.
Usted
ha señalado que Venezuela atraviesa una de las crisis más agudas de su historia
reciente en el área de derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones ha
documentado la misión después de las elecciones?
En el
período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o
de personas percibidas como opuestas al gobierno.
Por un
lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias
que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que
fueron realizadas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron
a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas
solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes
sociales.
El
problema es que esta masividad y este carácter indiscriminado estuvieron
acompañados de varias violaciones graves al debido proceso, que se dieron de
forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
No es
solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre
las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia
ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil
que prestan asistencia jurídica.
¿Qué
tipo de prácticas represivas se están aplicando ahora que los investigadores de
la misión no hayan documentado en años anteriores?
En
primer lugar, están las audiencias colectivas donde se imputan cargos como
terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de
cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o
2019. Algunas de las audiencias fueron realizadas con los niños, niñas y
adolescentes que fueron detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia
legal.
Hemos
podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de
este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de
2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las
insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos. Una fue
liberada, pero la otra permaneció detenida y fue víctima de manoseos estando
embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos.
La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos
visto.
Por
otra parte, las detenciones selectivas de personas con un perfil público
conocido se volvieron más masivas, como los casos de Freddy Superlano, María
Oropeza o William Dávila. Esto lo habíamos visto en casos como el de Rocío San
Miguel y otras personas que fueron detenidas con sus familiares. El tema es que
todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene
precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están
preocupadas en dar una apariencia de legalidad.
Violencia
sexual
La
misión ha descrito en sus reportes técnicas de tortura que incluyen abusos
sexuales contra los detenidos. En el último informe, por ejemplo, se advierte
que “la violación contra hombres es comúnmente utilizada como herramienta de
castigo y humillación”. ¿En qué consisten las prácticas de violencia sexual que
han documentado?
Hemos
documentado casos de hombres detenidos que fueron golpeados o recibieron
descargas eléctricas en los genitales. Tenemos mujeres que hablan de manoseos o
el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la
golpearon y perdió a su bebé. Hay niñas y mujeres que cuando estaban detenidas
fueron forzadas a desnudarse frente a guardias hombres. Esto también aparece en
casos después de las elecciones.
Hay
casos de mujeres detenidas que son coaccionadas a tener relaciones sexuales con
los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que son vistos como beneficios
o privilegios dentro de las cárceles.
¿La
misión puede demostrar que esto ha sido sistemático?
En
nuestros informes hemos documentado estos hechos dentro del grupo de casos que
estamos evaluando: personas opositoras o percibidas como tales. En los primeros
informes había más casos de hombres víctimas porque eran militares acusados de
estar presuntamente involucrados en conspiraciones. Hay que aclarar que no
estamos mirando la violencia sexual en general, sino solo en los casos que
estamos analizando.
Es
difícil hablar de sistematicidad de la misma forma que en otros delitos y esto
tiene que ver con las dificultades propias de investigar casos de violencia
sexual. Hay víctimas que están abiertas a hablar sobre esto, pero hay muchas
que no. Sin embargo, hemos visto que estas prácticas se repiten con los años.
En términos de prácticas de tortura, sí ocurren de forma repetida.
¿Los
investigadores de la misión han tenido acceso a las cárceles o centros de
detención para conversar directamente con las víctimas? ¿Existe algún nivel de
cooperación con el gobierno de Maduro que garantice ese acceso?
Nunca
hemos tenido acceso a las cárceles porque no tenemos acceso al territorio ni a
las autoridades. Desde que se creó la misión en 2019, las autoridades nunca nos
han respondido ninguna comunicación ni solicitud para recibir información de
parte de ellos ni para entrar en el país.
Sin
embargo, hemos tenido acceso a información proveniente de personas detenidas.
Pero después de las elecciones, no tienen abogados privados y los familiares no
han podido entrar a visitarlos. Parte de nuestra preocupación y de las
organizaciones en Venezuela es que estas personas están abandonadas, sin
posibilidad de que sus abogados revisen los expedientes o de decir a sus
familiares lo que les está pasando.
En
redes sociales hemos visto testimonios de madres que le piden clemencia al
gobierno y a los tribunales tras la detención de niños y adolescentes que ni
siquiera estaban participando en manifestaciones. ¿Cuál es la situación de los
menores de edad que están en la cárcel en este momento?
Eso es
parte de lo que estamos recopilando ahora. Estamos recibiendo información de
diferentes fuentes de que están forzando, tanto a adultos como a niños, a
admitir los cargos. Les dicen que si no aceptan, les van a imponer sanciones
mucho más altas. “Te vas a pasar 20 años en la cárcel, entonces mejor reconoce
que estuviste haciendo esto”. Eso está pasando ahora. Y es sumamente
preocupante, sobre todo cuando hablamos de niños.
¿Una
política de Estado?
¿En
qué momento las violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa
humanidad y cómo se demuestra?
Para
que sean crímenes de lesa humanidad tienen que estar previstos en el Estatuto
de Roma. No todos los delitos como tortura, violencia sexual o detenciones
arbitrarias lo son. Se consideran crímenes de lesa humanidad cuando son
cometidos como parte de un ataque a una población, es decir, cuando hay varios
incidentes que hacen parte de una misma línea de conducta en contra de una
población civil. Estos incidentes tienen que ser cometidos de forma
generalizada o sistemática. Si es generalizada, hay muchos casos y ocurre en
varios sitios. Si es sistemática, se trata de un patrón de actuación.
También
hay que probar que son cometidos bajo una política de Estado. ¿Por qué hemos
dicho, ya en 2020, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y por
qué creemos que se están cometiendo ahora? Porque son parte de una misma línea
de conducta y bajo una misma política de Estado. Estos son los requisitos
jurídicos.
Y no
tiene que ser el Estado quien ejecuta los crímenes, pero sí es una política
diseñada por el Estado que luego podría ser implementada por particulares. Por
ejemplo, tenemos muchas alegaciones sobre el involucramiento de civiles
armados, los colectivos, y hasta qué punto están actuando no solamente con el
conocimiento de los agentes del Estado, sino en coordinación con ellos, bajo
sus instrucciones.
Ellos
son civiles, pero pueden estar actuando bajo una misma política que proviene
del Estado. Y es una política de silenciar, anular y sofocar a la oposición,
entendida de forma amplia. No es una oposición política solamente, sino de
activistas, periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
Esto
no lo habíamos dicho así antes, pero en el último informe dijimos que el delito
de persecución fundada en motivos políticos es un crimen que está previsto en
el Estatuto de Roma. Creemos que ese delito de lesa humanidad, el delito de
persecución fundada en motivos políticos, está siendo cometido en este momento
porque los niños y niñas detenidos, los miembros de las mesas electorales o
personas que simplemente pusieron algo en sus redes sociales contra los
resultados electorales, están siendo blanco de esta represión por expresar sus
opiniones, que son vistas como una crítica o una amenaza al gobierno y que hay
que anular, eliminar.
A lo
largo de su labor, la misión ha documentado y analizado al menos 850 casos. 520
de ellos constituyen detenciones arbitrarias y 170 corresponden a torturas y
malos tratos. ¿Cómo se transforma todo este cuerpo de investigación en insumos
para el expediente de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de
Maduro?
Hemos
dicho públicamente que estamos dispuestos a compartir la información que
recopilamos. No solamente los informes que ya son públicos, sino las
entrevistas que realizamos, los expedientes judiciales y otros documentos a los
que hemos tenido acceso.
Estamos
dispuestos a compartirlo tanto con la Corte Penal Internacional, como con otras
jurisdicciones que actúen bajo el principio de la jurisdicción universal, como
es el caso de los dos procesos que están abiertos en Argentina por crímenes de
lesa humanidad cometidos en Venezuela. Podemos compartir esa información
siempre y cuando la persona que nos dio una entrevista, nos dé el
consentimiento para hacerlo.
Por
ahora, lo que es público es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en
todos sus documentos sobre Venezuela pero de forma más significativa en el
último, ha citado nuestros informes de manera exhaustiva frente a los jueces
para argumentar por qué se debería permitir a la Fiscalía seguir investigando a
Venezuela.
Un
país sin conflicto armado
Por un
lado, el gobierno de Maduro despide al personal de la oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas, pero por otro
asegura que va a permitir la instalación de la oficina de la CPI. ¿Qué
significa que se cierre un mecanismo, pero al mismo tiempo se abra otro?
Sinceramente,
es difícil de entender cuál es la estrategia. Siempre rechazaron la existencia
de esta misión y cualquier hallazgo porque también va en la línea de otros
miembros del Consejo de Derechos Humanos que defienden que no se deberían crear
estos mecanismos sin el consentimiento del Estado.
Hablamos
de países como China, Irán y Rusia. Nosotros somos independientes, actuamos de
forma totalmente separada de la Oficina del Alto Comisionado, aunque Venezuela
siempre haya tratado de crear este antagonismo entre los dos (la misión y la
oficina) para su propio interés. Venezuela puede expulsar al personal de la
oficina y rechazar la existencia de nuestra misión, pero eso no tiene ningún
impacto en la CPI, ellos hacen sus investigaciones sin que el gobierno pueda
detener ese proceso.
Usted
ha trabajado en países que han vivido conflictos armados como Colombia,
Guatemala o Bosnia y Herzegovina. ¿Qué particularidades ha visto en Venezuela
con respecto a otros países?
La
particularidad de Venezuela es que tenemos graves violaciones de derechos
humanos, que se están prolongando en el tiempo con consecuencias muy graves e
intensas para la población, tanto a nivel humanitario como de respeto a los
derechos humanos, en un país que está supuestamente en paz, donde no hay un
conflicto armado.
Esto
genera un gran desgaste en la población y en los defensores de derechos
humanos, que intentan resistir. Eso es impresionante. A pesar de toda esta
represión continuada, las organizaciones de la sociedad civil mantienen un
nivel de capacidad y de profesionalismo muy alto y con una valentía sorprendentes.
Además, Venezuela se está cerrando cada vez más al escrutinio internacional y a
lo que pudiera lograr la asistencia técnica en materia de derechos humanos.
¿Qué
significa la renovación del mandato de la misión hasta el año 2026?
Para
las personas que están sufriendo estas violaciones, para la sociedad en general
y para las organizaciones de defensa de derechos humanos, es muy importante que
exista este trabajo a nivel internacional y que se mantenga el tema de
Venezuela sobre la mesa. Es importante como respaldo al trabajo de estas
organizaciones y a su protección.
Con
esta decisión, el Consejo de Derechos Humanos dio un mensaje muy simbólico. Hay
una percepción de que los países autocráticos, que no respetan el orden
internacional de protección de derechos humanos, se están fortaleciendo. Pero a
la vez, posiciones como ésta son señales muy importantes de que una entidad
como el Consejo sí denuncia lo que está pasando en Venezuela.
¿Cuál
considera que es la mayor contribución de la misión?
Nuestro
trabajo da aliento a las víctimas y a los defensores, les da voz en los foros
internacionales. Intentamos que no se normalice la situación de Venezuela, que
no se olvide lo que está pasando, simplemente porque ya no está en la noticia
del día. A largo plazo, el resultado más tangible de nuestro trabajo será
contribuir con los procesos de rendición de cuentas. En el futuro, creo que va
a colaborar con las discusiones de justicia transicional.
Tomado
de: https://www.bbc.com/mundo/articles/cpv2v4dd38ro
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