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jueves, 18 de julio de 2013

¿Censura para callarlo?

KEILYN ITRIAGO MARRUFO 17/07/2013

Uno de los involucrados en la extorsión por el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco pretende demandar al Correo del Caroní al pedir que el tribunal apruebe una medida cautelar que prohíba la difusión de más información sobre el tema. En la redacción del diario decano del estado Bolívar dicen que no hay nada que temer pues todas las denuncias han caído por su propio peso

Huele a veto puro. Al diario Correo del Caroní se le pretende castigar por el simple hecho de haber llevado una investigación bastante profunda sobre la corrupción que ya se ha destapado en torno a la empresa estatal Ferrominera Orinoco.

Yamal Mustafá, dueño del diario Primicias, y supuesto testaferro del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez (tal como se ha señalado el diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez) ha interpuesto una solicitud de aplicación de una medida cautelar como parte de una demanda contra el diario que prohíba la publicación de cualquier otra información que no sea la enviada directamente por el Ministerio Público mediante notas de prensa.

Con la pretensión, además, de que la decisión sea extendida para todos los diarios regionales.

Mustafá ha dicho que se le ha difamado pues se le ha involucrado en lo que se ha llamado "El cartel del hierro", apuntándolo como agente de extorsión, pero la periodista Clavel Rangel, quien ha llevado el caso en el Correo del Caroní, dice que todo lo que ha salido en el periódico proviene de documentos oficiales que fueron filtrados de la DIM por Velásquez.

"Los papeles hablan por sí solos", apunta el jefe de redacción del periódico, Óscar Murillo, quien manifiesta que en un informe técnico que aparece en las entrevistas oficiales hechas a los involucrados se certifica que a la cuenta de Mustafá fueron transferidos 3.9 millones de dólares.

Además, la primera solicitud de extorsión se hizo en casa de él.

"Nosotros hemos atendido el caso con la preocupación respectiva y porque además habíamos olfateado algo y estas investigaciones nos estaban confirmando que ciertamente había una red de extorsión", asegura el jefe de redacción. Las denuncias y sospechas que se tenían alrededor del manejo irregular de las finanzas y la comercialización del mineral del hierro en las que el Correo del Caroní había sido pionero poco a poco tuvieron que ser admitidas por las autoridades.

Murillo recuerda que el mismo Estado abrió el camino de la indagación, pues hubo un allanamiento de la gerencia de comercialización, algunas destituciones y hasta el presidente Nicolás Maduro dijo que ya no se podía aguantar tantas dudas sobre la gerencia de la compañía.

Además, se removió del cargo al único presidente de las empresas básicas que no había sido tocado en ocho años, Radwan Sabbagh. "Nos enteramos de que él, junto a una cantidad de empresarios, fueron llamados a declarar y allí tuvimos certeza de que el sobrino de Mustafá es retenido junto a Carlos Vieria, quien luego fue imputado", explica Murillo.

Mustafá ya había sido señalado por ilícitos en contrataciones públicas, pero tal como explica Rangel los medios regionales no hicieron seguimiento debido a la influencia del poder regional.

"Quien está demandado ha intentado personalizar la investigación periodística y decir que es un conflicto entre políticos y medios colocando en tela de juicio la veracidad de las cosas que poseemos y con lo que hemos hecho el trabajo", agrega.

En el espíritu de la acción judicial solicitada por Mustafá, a juicio de Murillo, se lee una clara intención desesperada de querer tapar lo que es evidentemente de interés público.


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