KEILYN ITRIAGO MARRUFO 17/07/2013
Uno
de los involucrados en la extorsión por el caso de corrupción en Ferrominera
Orinoco pretende demandar al Correo del Caroní al pedir que el tribunal apruebe
una medida cautelar que prohíba la difusión de más información sobre el tema.
En la redacción del diario decano del estado Bolívar dicen que no hay nada que
temer pues todas las denuncias han caído por su propio peso
Huele a veto puro. Al diario Correo
del Caroní se le pretende castigar por el simple hecho de haber
llevado una investigación bastante profunda sobre la corrupción que ya se ha
destapado en torno a la empresa estatal Ferrominera Orinoco.
Yamal Mustafá, dueño del diario Primicias,
y supuesto testaferro del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez
(tal como se ha señalado el diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez)
ha interpuesto una solicitud de aplicación de una medida cautelar como parte de
una demanda contra el diario que prohíba la publicación de cualquier otra
información que no sea la enviada directamente por el Ministerio Público
mediante notas de prensa.
Con la pretensión, además, de que la
decisión sea extendida para todos los diarios regionales.
Mustafá ha dicho que se le ha difamado
pues se le ha involucrado en lo que se ha llamado "El cartel del
hierro", apuntándolo como agente de extorsión, pero la periodista Clavel
Rangel, quien ha llevado el caso en el Correo del Caroní, dice que todo lo que
ha salido en el periódico proviene de documentos oficiales que fueron filtrados
de la DIM por Velásquez.
"Los papeles hablan por sí
solos", apunta el jefe de redacción del periódico, Óscar Murillo, quien
manifiesta que en un informe técnico que aparece en las entrevistas oficiales
hechas a los involucrados se certifica que a la cuenta de Mustafá fueron
transferidos 3.9 millones de dólares.
Además, la primera solicitud de
extorsión se hizo en casa de él.
"Nosotros hemos atendido el caso
con la preocupación respectiva y porque además habíamos olfateado algo y estas
investigaciones nos estaban confirmando que ciertamente había una red de
extorsión", asegura el jefe de redacción. Las denuncias y sospechas que se
tenían alrededor del manejo irregular de las finanzas y la comercialización del
mineral del hierro en las que el Correo del Caroní había
sido pionero poco a poco tuvieron que ser admitidas por las autoridades.
Murillo recuerda que el mismo Estado
abrió el camino de la indagación, pues hubo un allanamiento de la gerencia de
comercialización, algunas destituciones y hasta el presidente Nicolás Maduro
dijo que ya no se podía aguantar tantas dudas sobre la gerencia de la compañía.
Además, se removió del cargo al único
presidente de las empresas básicas que no había sido tocado en ocho años,
Radwan Sabbagh. "Nos enteramos de que él, junto a una cantidad de
empresarios, fueron llamados a declarar y allí tuvimos certeza de que el
sobrino de Mustafá es retenido junto a Carlos Vieria, quien luego fue
imputado", explica Murillo.
Mustafá ya había sido señalado por
ilícitos en contrataciones públicas, pero tal como explica Rangel los medios
regionales no hicieron seguimiento debido a la influencia del poder regional.
"Quien está demandado ha
intentado personalizar la investigación periodística y decir que es un conflicto
entre políticos y medios colocando en tela de juicio la veracidad de las cosas
que poseemos y con lo que hemos hecho el trabajo", agrega.
En el espíritu de la acción judicial
solicitada por Mustafá, a juicio de Murillo, se lee una clara intención
desesperada de querer tapar lo que es evidentemente de interés público.
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