Por Economista Jesús Alexis González, 12/07/2013
Asumimos que las
posibilidades de desarrollo económico-social se magnifican ante la presencia de
una eficiente gobernabilidad;
entendida como las relaciones entre el Estado y la sociedad civil donde cada
ente político, económico y social desempeña su rol en un marco de convivencia
en aras de elevar los beneficios a la
mayor cantidad de población posible, a la luz de tres posibles modelos—o
combinación de ellos--, uno que otorga privilegio al mercado y al empresario en
torno a la propiedad privada de los medios de producción; otro que confiere
mayor relevancia al Estado y a la propiedad pública de los factores de la
producción; y un tercer modelo donde el Estado procura la equidad social armonizando el accionar público y privado con el
desempeño del mercado y con distintas formas de propiedad colectiva en
presencia de un Gobierno socialista sin que ello implique necesariamente la transición
hacia un Estado socialista. Asumir aisladamente alguno o vinculado con otro, es
ya de por sí una altísima dificultad política-ideológica de insospechados
efectos sobre la economía, que hace necesaria una obligante complementariedad entre la economía política y la política
económica del país. A tenor de lo expresado ha de abordarse la economía política como una táctica
traducida en teoría (método o sistema) para enseñar a poner las cosas en orden
en función de organizar la producción colectiva, y para lo cual estudia y
analiza las relaciones que los individuos establecen entre sí, y el
comportamiento de cada uno de los factores que afectan a la economía, teniendo
como objetivo estudiar el desenvolvimiento de los individuos en colectivo y
frente al Estado; o lo que es lo mismo estudia
el comportamiento de los ciudadanos, de la sociedad y de los factores que
afectan la economía ¡sin aplicar nada!. La política económica, por su parte, y observada como una estrategia que vincula variados
elementos y establece lineamientos en procura de alcanzar un crecimiento
económico con desarrollo sustentable implícito mediante la modificación de
comportamientos económicos, basándose en
las enseñanzas que emanan de la economía política, y para lo cual debe
emplearse—para el caso específico de Venezuela—herramientas relacionadas con
política fiscal, cambiaria, monetaria y petrolera (principalmente) habida
cuenta de su efecto sobre los precios internos (inflación). Estas herramientas
han de estructurarse como un conjunto de medidas que adopta el Gobierno con el
propósito de establecer un marco de referencia para moldear e impulsar el
crecimiento de la actividad económica, poniendo
en práctica lo descubierto por la economía política, lo cual facilita la
modificación y focalización del comportamiento del individuo y de la sociedad
para buscar resultados determinados.
Resulta
propicio destacar, que hasta el año 1940 en Venezuela los billetes tenían un respaldo en oro de un 100 %, que
luego varió a un respaldo del 50% hasta 1960 para posteriormente en 1974
eliminar el respaldo en oro y asumir una paridad con el dólar USA, que facilitó
la conformación de un escenario de creciente endeudamiento, continuas
devaluaciones y un persistente déficit fiscal ante una intensa presencia del Gobierno en el área económica en su intento
de controlar y corregir las fallas del mercado y apuntalar su acción en lo
social que, a nuestro parecer, se apoyó en una pobre política para los pobres que los perpetuaba en tal condición
y con pocas oportunidades de empleo decente y por ende de movilidad social—tal como en el presente—ante los deficientes
logros económicos del país que a la postre se ha reflejado en una caída de las
reservas internacionales, una inflación galopante, una sobrevaluación en el tipo
de cambio, un permanente ataque especulativo sobre el bolívar, y la presencia
por más de 10 años de un control de cambio que no ha impedido la “fuga de
divisas” inducida, por un lado, ante la percepción sobre la debilidad de
nuestra moneda que incita a mirar al dólar USA como una real alternativa para
la “reserva de valor”—que el bolívar
no garantiza—y por otro lado, ante la ausencia de oportunidades de inversión
habida cuenta de la presencia de una oferta interna signada por las
importaciones. En fin, la histórica política macroeconómica incoherente
instrumentada en Venezuela, no deja
espacio para dudar sobre la necesaria
armonía que debe existir entre la economía política y la política económica
como condición de progreso y bienestar.
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