MOISÉS NAÍM 29 JUN 2013
A pesar de sus vicisitudes, Julian
Assange y Edward Snowden son muy afortunados. Al menos no son periodistas
ecuatorianos. Si lo fuesen, sus circunstancias serían aún peores. Snowden y
Assange también tienen la suerte de que el presidente de la nación agraviada
por sus filtraciones sea Barack Obama y no Rafael Correa.
El presidente de Ecuador ha ganado
cierta visibilidad internacional al convertirse en un apasionado defensor de
los derechos humanos y la libertad de expresión. Curiosamente, Correa no
muestra el mismo fervor libertario cuando se trata de los periodistas de su
país. De Ecuador para afuera, Rafael Correa habla como si fuese un moderno
Jean-Jacques Rousseau, mientras que dentro de su país se comporta como si fuese
Fidel Castro. Adora la libertad de expresión de los extranjeros que filtran
información sobre otros gobiernos, pero aborrece y reprime la de sus
compatriotas.
Según Fundamedios, una organización
que defiende la libertad de expresión en Ecuador, en 2012 se produjeron 173
“actos de agresión” contra periodistas, incluyendo un asesinato y 13 asaltos.
Catalina Botero, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial
de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, manifestaron en 2012 su
profunda preocupación por la decisión del Tribunal Nacional de Justicia de
Ecuador de confirmar una sentencia penal y civil contra tres directivos y un
periodista del diario El Universo. Fueron condenados a tres años de cárcel y a
pagar una exorbitante multa de 40 millones de dólares. ¿Qué crimen merece un
castigo tan severo? Haber publicado una columna que ofendió al presidente
Correa.
La Sociedad Interamericana de Prensa
ha descrito la nueva ley que regula los medios de comunicación impulsada por
Correa como “el revés más serio para la libertad de prensa y de expresión en la
historia reciente de América Latina”. La Asociación Colombiana de Prensa y
Medios Informativos (Andiarios) califica esa ley como “la estocada final”
contra la libertad de expresión en Ecuador.
Un editorial del Washington Post
recomienda a Edward Snowden leer con cuidado la Sección 30 de la ley Correa.
Ahí se prohíbe la libre circulación, en especial a través de los medios de comunicación,
de información “protegida por una cláusula de reserva”. La legislación faculta
al Gobierno para multar a cualquier persona involucrada en la difusión de
“información reservada”, incluso antes de que la persona sea sometida a juicio.
Si Snowden hubiese actuado en Ecuador como lo hizo en EE UU, no solo él sino
todos los periodistas que recibieron y divulgaron esa información hubiesen sido
objeto de inmediatas sanciones financieras —seguidas por un juicio—.
Este doble rasero es convenientemente
ignorado por el presidente Correa y los estadistas que forman parte de su
equipo. En un paroxismo de hipocresía, Ricardo Patiño, el ministro de
Relaciones Exteriores de Ecuador, declaró después de reunirse en Londres con
Julian Assange: “Pude decirle cara a cara, por primera vez, que el Gobierno de
Ecuador sigue firmemente comprometido a proteger sus derechos humanos… Durante
la reunión pudimos hablar sobre las crecientes amenazas contra la libertad de
la gente para comunicar y conocer la verdad…”. El canciller Patiño aún no ha
revelado cómo va a luchar contra “las crecientes amenazas a la libertad de la
gente para comunicar y conocer la verdad”… en su país.
De hecho, será interesante ver cómo
este Gobierno tan preocupado por la libertad de expresión responde a una
comunicación oficial de 12 páginas que le acaba de enviar la relatora especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Entre muchas otras preocupaciones, la relatora Botero alerta que,
según la nueva ley, cualquier denuncia de corrupción que a juicio del Gobierno
disminuya la credibilidad de un funcionario público puede ser calificada como
“linchamiento mediático”. Esto conlleva sanciones para el periodista y el medio
que haya divulgado la información.
Es así como, al mismo tiempo que
Rafael Correa amordaza a sus críticos, intenta presentarse ante el resto del
mundo como un paladín del derecho a criticar a los gobiernos. Claro que no a
todos. Hasta ahora, las filtraciones han sido muy selectivas y perjudican principalmente
al Gobierno de EE UU. Esperamos con gran interés y expectativa las revelaciones
de WikiLeaks o las de alguien como Snowden que divulguen los secretos de los
gobiernos de Rusia, Irán, China o Cuba. O los del Gobierno ecuatoriano.
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