Por MARIA TERESA ROMERO 26
agosto 2013
En
sus primeros cuatro meses como presidente de Venezuela (ilegítimo para la
mayoría de los venezolanos), Nicolás Maduro no ha hecho sino
demostrar a los venezolanos y al mundo que es una mala copia de su padre
político Hugo Chávez y que su gestión
gubernamental, cada día más ineficiente, corrupta y radical, no acaba de
consolidarse. Vive más bien un declive acelerado.
El
“madurismo” está pasando momentos duros y se juega su supervivencia en las
elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Ni para él ni para nadie es un secreto
que un fracaso en esos comicios que se perciben nacional e internacionalmente
como plebiscitarios, profundizarían el proceso de ilegitimidad que arrastra
desde que el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional chavistas lo
pusieron en el poder en abril pasado. Y ello terminaría por dividir el chavismo
y al partido oficialista, de acelerar la ingobernabilidad y el descontento
nacional, así como darle fuelle a la oposición democrática agrupada en la Mesa
de la Unidad (MUD).
Hasta
ahora, Maduro y su gobierno han capeado el huracán político y
social, en medio de una situación económica desastrosa, con una inflación sin
precedentes. Se han plegado a las directrices del gobierno castro-comunista
cubano para sobrevivir. Ello explica la radicalización política para crear
temor, desmoralizar y dividir a las fuerzas opositoras; las persecuciones y
medidas administrativas en contra de Henrique Capriles Radonski y
otros líderes de la MUD; las compras y presiones en contra de los medios de
comunicación social independientes; entre otras muchas acciones.
El
madurismo inició la campaña electoral izando la bandera de la anti-corrupción y
de la necesidad de una nueva Ley Habilitante para combatir el problema, el cual
sólo atribuye a los miembros de la oposición democrática. Eran los políticos
opositores y los periodistas independientes los que venían denunciando los
numerosos y escandalosos actos de corrupción gubernamental que no sólo tiñen la
breve gestión de Nicolás Maduro.
Desde
la llegada del chavismo, 15 años atrás, la corrupción aumentó
desproporcionadamente con respecto a la de los gobiernos democráticos del
pasado, por ser el actual un régimen que ejerce el control de todos los
poderes, en el cual no se permiten investigaciones ni contralorías realmente
independientes, y que no hace sino imponer restricciones a la libertad de
expresión.
Pero Maduro,
haciendo caso omiso a las denuncias, ahora se lanza como el adalid de la lucha
contra la corrupción y solicita poderes espaciales al Parlamento para
supuestamente acabar con ella.
Se
entiende la desconfianza de las fuerzas democráticas venezolanas en este tema
de la Habilitante. Como bien afirman en un comunicado los 67 diputados
opositores, quienes se niegan a darle poderes especiales a Maduro:
“Esta solicitud significaría que tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría
General de la República deleguen sus atribuciones en el Presidente de la
República, cuya administración debe ser controlada por estos poderes”. Los
parlamentarios de la oposición han alertado que, de acuerdo con información que
manejan, la Habilitante se usaría con fines electorales “y para justificar
procedimientos ejecutivos de persecución a adversarios políticos del Gobierno
…Este plan ha sido ideado en Cuba para seguir teniendo acceso a los recursos de
los venezolanos”, aseguraron.
Sin
embargo, si bien esta bandera y en general los esfuerzos del gobierno de Nicolás
Maduro le han servido para medianamente mantenerse en el poder en
estos últimos cuatro meses, poco provecho le han representado a su imagen e
influencia política. Las encuestas evidencian que no ganaría frente a Capriles
Radonski si se llevaran a cabo unas elecciones presidenciales en la
actualidad.
De
modo que ganar la mayoría de las alcaldías y concejos municipales en las
elecciones del próximo 8 de diciembre, es fundamental para el mantenimiento
político de Maduro y además, no podemos olvidarlo, para el
desarrollo del proyecto chavista que busca crear un Estado Comunal Centralizado
en el país. De hecho, el gobierno actual viene tomando una serie de medidas
legislativas relacionadas con la transferencia de competencias, recursos y
servicios de los Estados o Municipios, a organizaciones del Poder Popular.
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