Por Blanca Mendez*, 09/10/2013
Si partimos del enfoque de libertad y democracia como aspectos vinculantes al modo de vida de nuestra sociedad venezolana, el color, el verbo, la indumentaria subyacente en los escenarios discursivos y el performance de nuestros principales actores políticos del Gobierno exhiben una alta incongruencia con nuestros preceptos constitucionales
Toda
sociedad, por más compleja y diversa que sea, necesita de acuerdos y normas
para poder convivir, coexistir y sobrevivir en el tiempo. Este es un principio
que se ha manifestado desde los inicios de la conformación de los grupos
sociales a lo largo de la historia y que se ha complejizado en la medida en que
nuestra sociedad ha crecido y se ha diversificado. La existencia de un árbitro
frente a una gama de fenómenos justifica su existencia en función de resguardar
la existencia de todas y cada una de estas manifestaciones sociales y
culturales para evitar las arbitrariedades.
En el caso
venezolano, como es sabido, el actor político-institucional y jurídico está
asentado en el Poder Público nacional, constituido por cinco poderes:
Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral y Ciudadano.
En el año 1999, los
ciudadanos venezolanos eligieron, mediante referendo constituyente, un conjunto
de normas que regirían el comportamiento y las condiciones de nuestra vida en comunidad. Este acto de
gran trascendencia no solo legitimó una nueva Constitución, sino que fue un
ejercicio de democracia y de validez para una sociedad que manifestaba sus
deseos de vivir bajo la esfera de la paz y bajo la posibilidad de expresarse
libremente sin discriminación alguna.
Como sociedad, se
han acordado unas pautas de comportamiento, unas reglas para convivir. Las
mismas han sido asentadas en nuestra carta magna y disponen, con cierta
claridad, los derechos y deberes de los venezolanos así como también las
competencias del cuerpo político encargado de dirigir tales acuerdos.
Varios artículos de
esta nueva carta magna tienen que ver con la prohibición de discriminación de
cualquier índole: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el
sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio
en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”
(CRBV, 2000, artículo 21, numeral 1).
En este sentido es
pertinente citar el artículo 141 de dicha Constitución, referido a la
administración pública: “La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con
sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
No obstante, de
manera más específica aún, el artículo 145 de la CRBV establece que “Los
funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no
de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados
por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los
Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de
derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato
alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de
otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley”.
Indispensable el
contenido de este articulado para entender el modo de proceder de algunas
autoridades venezolanas en relación con la representación institucional que les
corresponde ejercer. A propósito de estos mandatos constitucionales, merece la
pena señalar la participación de dos actores políticos importantes en distintas
alocuciones y ruedas de prensa; actores que gozan, además, de una trascendencia
discursiva por el rol que asumen como representantes del Gobierno, uno desde la
presidencia del Poder Legislativo y otro desde la presidencia de la República.
Es
importante tener presente que los extractos discursivos analizados corresponden
a voceros y representantes del Estado y no de un partido político, es decir, a
voces legítimas, al menos institucionalmente hablando, que tienen un
gran peso simbólico frente a los ciudadanos y que guardan responsabilidad ante
los mismos.
Diosdado Cabello,
presidente ratificado de la Asamblea Nacional (AN), constituye el representante
de un poder indispensable para el funcionamiento de nuestra nación: el
vigilante de las leyes venezolanas. Ante tanta responsabilidad, llama la
atención que proyecte en diversos discursos una opinión fundada en la defensa a
la tolda partidista a la que pertenece, cuando lo que debiera hacer, de acuerdo
a la Constitución, es manifestar imparcialidad debido a la estampa de
representatividad, fundamentándose en los principios de libertad, justicia,
igualdad, democracia y pluralismo político.
"Debo decir que en Vargas deben sentirse orgullosos y orgullosas de sus diputados en la Asamblea Nacional, que defienden a capa y espada al comandante Chávez y a la revolución bolivariana… batiéndose por el pueblo, trabajando por el pueblo y por esta revolución (…) Los que queremos a Chávez y los que creemos en Chávez, tenemos que cumplir al pie de la letra las instrucciones del comandante Chávez sin ninguna duda (…). (Cabello, 2012 en la proclamación del Gobernador electo del Estado Vargas, García Carneiro)."
Lo dicho, más una
serie de símbolos performativos como el color rojo en su camisa, símbolo de la
revolución bolivariana y asociado con distintos símbolos de regímenes comunistas-socialistas,
parecieran contravenir los postulados constitucionales expuestos, donde lo que
debería prevalecer por encima del líder, de la revolución, del partido, sería
justamente lo expresado en todo el articulado de la Constitución.
"Nosotros queremos recordarles que soberanamente nuestro pueblo, el día 7 de octubre, decidió que nuestro Presidente era el comandante Hugo Chávez Frías y eso nosotros los chavistas, vamos a hacer valerlo. Los chavistas, los que creemos en Chávez, los que militamos en el proyecto chavista, en el chavismo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la voluntad del pueblo venezolano, expresada ese día en las elecciones, se respete. (Cabello, enero 2013)."
El mensaje
partidista se refuerza en la medida en que es reproducido por otros actores
políticos claves, como es el caso del hoy presidente de la República, Nicolás
Maduro Moro, quien también tiene el deber de respetar los principios de la
Constitución nacional.
Cabe señalar su
intervención en la AN el pasado 15 de enero de 2013, cuando se desempeñaba como
vicepresidente ejecutivo del país, en ocasión de hacer entrega formal del
informe Memoria y Cuenta de
los aspectos económicos, sociales y administrativos del Estado, haciendo
hincapié en la necesidad de llevar a cabo la revolución socialista y
bolivarian, adjetivos ausentes en nuestros postulados constitucionales.
Implicaciones
socioculturales de los discursos citados
Es necesario preguntarse ¿qué implicaciones está
teniendo esta constante calificación de nuestra ruta política en el país por
estos actores del Gobierno y de nuestras instituciones sobre nuestra sociedad y
sobre la conformación de nuestra cultura?
Si le preguntáramos
a un adolescente de quince años de edad, realmente esta situación no le
parecería irregular. Estas imágenes, estas palabras, estos colores y estos
discursos realmente han sido el calificativo prominente a lo largo de catorce
años de gobierno, lo suficiente como para que este joven asuma tales
comportamientos como normales.
Pareciera
ser –dado el comportamiento discursivo de los principales actores del Gobierno‒ que se quisiera generar un cuerpo de dominación superior a los
principios definidos en la Constitución nacional, como símbolo de poder y de
hegemonía del partido de gobierno y que, por supuesto, tiene herramientas a su
favor como para generar una eficacia simbólica en la medida en que utiliza un
capital simbólico de medios de comunicación, cadenas nacionales y posiciones de
poder importantes.
Los discursos,
atuendos y uniformes acordes con la revolución socialista, no solo ponen
en evidencia un irrespeto a nuestros principios constitucionales, y a la
voluntad popular de decirle no a la propuesta de reforma constitucional
de 2007, sino que también develan el interés del Gobierno de imponer una sola
forma de pensar, develan el resguardo al líder,
la protección del mentor popular, las lealtades partidistas que nada tienen que
ver con el respeto a un sistema democrático de un Estado moderno.
Cada vez que
observamos a los actores políticos en rueda de prensa o en las sesiones institucionales
del Gobierno apelando al calificativo de revolución socialista,
demandándole a otros actores respeto a las líneas de un solo actor: el entonces
presidente de la República, Hugo Chávez, se desconoce la legitimidad del resto
de los poderes públicos que gozan de autonomía jurídica e institucional en
consonancia con los valores constitucionales, así como también de aquel grupo
de venezolanos que no comparte la ideología política del partido de gobierno y
que está en todo su derecho de disentir.
Hacia
la precariedad
Judith Butler (2009) nos habla del concepto precariedad que, aunque está mayormente asociado a
las consecuencias que padecen las personas con una orientación sexual diferente
a la comúnmente reconocida como normal,
también es aplicable a las consecuencias que podrían estar viviendo los
venezolanos que no comparten ideas políticas partidistas difundidas por
los voceros del Gobierno y las instituciones públicas.
Es necesario
señalar que para esta autora “la vida precaria caracteriza a aquellas vidas que
no están cualificadas como reconocibles, legibles o dignas de despertar
sentimiento…” (Butler, 2009:335)
La precariedad,
desde el punto de vista político, sería una forma de discriminación que se
asienta en la medida en que se desconoce la existencia de personas con
tendencias partidistas diferentes y que se acrecienta en los momentos en los
cuales los máximos representantes de la administración pública manifiestan su
cuerpo performativo con una serie de símbolos tales como las camisetas rojas,
el discurso encendido revolucionario para los revolucionarios, el puño
izquierdo erguido, la franelilla verde militar, que no dan pie a la existencia
de otro tipo de calificativos o manifestaciones performativas distintas a las
dominantes, sino que, al contrario, se entronizan como un cuerpo hegemónico de
respuestas arbitrarias ante la otredad desconocida.
Frente a un
discurso que aparenta ser constitucional debido a la mención permanente
del respeto a la Constitución, estos dialogan y se visten de manera
diferente generando un peso simbólico que se proyecta como herramienta para
delimitar el poder que representan frente al grupo opositor al Gobierno.
Como lo expresa
Bourdieu, “el poder de las palabras reside en el hecho de que quien las
pronuncia no lo hace a título personal, ya que es solo su portavoz (…) El
portavoz autorizado solo puede actuar por las palabras y a través de su trabajo
sobre otros agentes (…) en la medida en que su palabra concentra el capital
simbólico acumulado por el grupo que se ha otorgado ese mandato y de cuyo poder
se ha investido” (1996:69)
Estos
líderes no son unidades sueltas, sus estampas institucionales son motores de
difusión inmediata para el mensaje parcializado que quiere proyectarse con el
fin de resguardar una parcela de poder investida de poder público. Esto genera
un incremento de los niveles de exclusión social y política, al darle
importancia exclusivamente a aquellos identificados con la tolda del partido y
con el Presidente.
Lo acá expuesto
apunta al rescate de la democracia como forma de vida, como expresión cotidiana
de nuestros ciudadanos y de nuestros representantes del Gobierno, la cual debe
ser coherente con los discursos –al menos institucionales– de nuestros líderes,
promoviendo la inclusión de todos los sectores de la sociedad
independientemente de sus creencias.
Este es un país
donde es posible la congruencia de todos los sectores de la sociedad, y para
ello es necesario que el clima cultural de valores políticos pueda encallarse
en los discursos de nuestros representantes políticos así como también en las
señales, en los símbolos y en las acciones.
El llamado a una
sociedad de la igualdad comienza por el reconocimiento de los diferentes, y por
la aceptación del conglomerado de opiniones sin descalificaciones. Cada vez que
estas se manifiestan aumenta el miedo, la rabia, la desesperación pero también
las formas de acoplamiento subsistente para vivir en esta comunidad de rojos. Y, quien no logre
realmente acoplarse a este sistema de partidismos, quien nunca logre entrar en
el corazón de la revolución, ¿qué tendrá que hacer?, ¿qué va a suceder con este
ser humano?, ¿en qué medida la precariedad de su vida va a manifestarse?
Podríamos estar hablando de la catástrofe personal o familiar de un grupo
social, y ¿quién realmente lo notará?
El reto está en
afinar oídos y voluntades frente a aquellos sectores que, demandando soluciones
a distintos problemas de su cotidianidad, podrían estar en condiciones de
precariedad inimaginables o podrían estar desapareciendo bajo las garras de la
delincuencia sin que los oídos de aquellos concentrados en el discurso
partidista puedan escucharles.
Referencias:
BOURDIEU, P.
(1996): Cosas dichas.
Barcelona: Gedisa. pp. 127-143.
BUTLER,
J. (2009): Performatividad,
precariedad y políticas sexuales. Universidad de California, Berkeley.
321-336. En línea: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=62312914003 Fecha de consulta: 20 de noviembre de
2012.
[1] blanquexmoon@gmail.comhttp://sicsemanal.wordpress.com/2013/10/09/signos-de-precariedad-en-la-sociedad-venezolana/
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