JAVIER IGNACIO MAYORCA 4 DE NOVIEMBRE 2013
Funcionarios de segunda
línea del Bandes trataron de arreglar el asunto sin notificar a la presidente
Edmée Betancourt
El 4 de diciembre de 2012 Ricardo
Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y
Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe para el viceministro del Sistema
Integrado de Investigación Penal, mayor general Hugo Carvajal Barrios, con el
fin de alertar sobre el “desembolso irregular” de 84,9 millones de dólares.
Los pagos comenzaron en junio de ese
año y no fueron considerados irregulares sino una semana antes de elaborada la
solicitud de investigación. En otras palabras, pasaron casi seis meses sin que
se descubriera esa situación.
Las primeras señales de que algo raro
sucedía surgieron el 15 de noviembre, cuando funcionarios del Fondo de
Cooperación Chino Venezolano se reunieron con representantes de la CVA Pedro
Camejo para conciliar estados de cuenta, cosa que no hacían desde marzo.
Detectaron dos pagos que no fueron tramitados por la compañía, encargada de
escoger a los proveedores de maquinaria agrícola con los que se llevarían a
cabo los programas de “soberanía alimentaria”.
Documentos del expediente de la
Fiscalía 00-DLCLDFE-F23-0161-2012 en poder de El Nacional revelan además que en
esa reunión la funcionaria del Fondo Chino Janis Peñaloza creyó que esa
discrepancia debía ser producto de un error. Quedó en hacer una revisión en los
archivos originales.
Tres semanas después, el 4 de
diciembre, la situación estaba clara: hubo un fraude. El expediente de un
contrato que originalmente favorecía a la compañía argentina Pauny fue
suplantado por dos, identificados con un mismo número, para beneficiar a las
empresas de papel Kelora SA y Bismarck Consorcio Trading Corp.
En el caso del contrato con Bismarck,
fueron detectadas 16 irregularidades. El convenio con Kelora tenía 13. En
ambos, por ejemplo, fue falsificada la firma del presidente y del director
general de Pedro Camejo. Además, aparecen firmando personas que no estaban
habilitadas para ello, y las órdenes de pago correspondían a contratos
celebrados con otras empresas.
Pasaron otros 10 días para que se
solicitara formalmente una averiguación penal, y otros 5 antes de que la
Fiscalía se diera por enterada.
En ese momento Bismarck y Kelora
supuestamente habían transferido los millones de dólares recibidos en sus
cuentas del Credit Suisse a otra empresa que también tenía cuenta en ese banco
suizo, Cavemin. Una vez integrados los fondos producidos por el fraude, la
cuenta fue cerrada.
Betancourt reclama
Los pagos a Kelora y a Bismarck fueron
en junio y septiembre, respectivamente. El primero por 22,1 millones de dólares
y el otro por 62,8 millones de dólares. Pasaron 3 meses entre uno y otro, y aun
así nadie se percató de las irregularidades e inconsistencias. Tampoco si la
maquinaria agrícola que sería adquirida con ese dinero efectivamente había
llegado.
El gerente ejecutivo de fondos para el
desarrollo del Bandes, Ramón Larralde, declaró en la Fiscalía que cuando hubo
la primera notificación sobre la irregularidad él estaba con la presidente del
banco, Edmée Betancourt, y otros funcionarios en China.
“Fui testigo de que el señor Pablo
González,gerente del Fondo Chino, le informó verbalmente sobre la queja del
ente ejecutor (Pedro Camejo). La presidente manifestó que iba a contactar al
Sebin para que revisara el caso”, recordó.
Al regresar del país asiático,
González se reunió con representantes de la CVA Pedro Camejo y, según Larralde,
insistió en la legalidad de los pagos a Kelora y a Bismarck.
“La presidente del banco reclamó que
dicha reunión fue realizada sin su autorización y convocó a las gerencias
operativas y de seguridad del banco para revisar el caso. Se observó
preliminarmente que los procedimientos de revisión se habían cubierto; sin
embargo, se requería de revisiones más rigurosas”, dijo.
Betancourt fue destituida de la
presidencia del Bandes el 14 de agosto. El Ministerio Público daba entonces los
últimos toques a la acusación contra cinco funcionarios del Fondo Chino
(adscritos a ese banco) y tres particulares por el desfalco.
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