Miguel Mendez Rodulfo 27 de junio de 2014
Argentina se encamina al cuarto
default de su historia: el primero en 1828, siete años después que Venezuela
obtuviera su libertad en la Batalla de Carabobo. El segundo en 1988, durante el
gobierno de Alfonsín. El tercero, y más sonado mundialmente, ocurrido en 2001;
y el que pareciera venir ahora. Argentina pide prestado a los mercados
financieros internacionales, desde 1824 y desde entonces comete defaults.
Cuando en octubre de 2011 el ministro de Economía Boudou, dada la insuficiencia
de divisas para afrontar los desembolsos requeridos por los diversos agentes
económicos de la Argentina, decide tomar medidas cambiarias restrictivas a la
compra de moneda extranjera y capitales, acción conocida popularmente como el
“cepo cambiario” o también como el “corralito verde”, lo hace argumentando que
era necesario realizar un blanqueo de capitales; o sea, que quienes quisieran
comprar dólares, debían demostrar sus ingresos a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y tributar por ellos. La medida lo que efectivamente
perseguía era evitar aún más la caída de las reservas en dólares y la
devaluación del peso argentino, además de controlar el fraude fiscal y el
mercado negro. Por otra parte, también el gobierno prohibió las operaciones
inmobiliarias en moneda extranjera, la adquisición de divisas con fines de
ahorro, y fijó severos requisitos para quienes quieran comprar dólares para
hacer turismo en el exterior.
Dos años después las reservas
internacionales habían pasado de US$ 52.000 MM a 28:000 MM, el país estaba al
borde la quiebra, Boudou era investigado por corrupción y un confeso marxista y
neokeynesiano dirigía la economía. Kicillof, el nuevo ministro, convencido del
fracaso del cepo, buscaba insertar al país en los circuitos financieros internacionales.
Se pactó con el Club de París el pago de una deuda nacida en 1956 y se arregló
con Repsol el pago de la expropiación, realizada en malos términos, para
quedarse los argentinos con la explotación de las reservas de “Vaca Muerta”.
Argentina, desde el default de 2001 es un paria de los mercados financieros
internacionales; así para obtener préstamos, que como cualquier país del mundo
requiere para su desarrollo, tenía que recurrir a algún gobierno “aliado” tal
como el venezolano que en la época de las vacas gordas le compró al país
austral bonos basura y los convirtió en notas estructuradas, oxigenando las
finanzas gauchas, pero debilitando las venezolanas.
En este contexto, la Suprema Corte de
USA desoye la petición Argentina y ratifica la decisión del Juez Federal Griesa
de que se debe pagar a los fondos especulativos (holdouts) o fondos buitres,
como gustan llamarlos a los argentinos, la totalidad del monto de los bonos que
poseían, sin quita alguna. En su alocución nacional del lunes 16 en la noche,
Cristina Kirchner amenazó con desconocer la jurisdicción pactada en la emisión
de la deuda y proceder al pago conforme a las leyes argentinas, algo que era un
claro mensaje de alarde político frente a sus seguidores. Para el viernes ya
había accedido a negociar, solicitando una prórroga para dialogar con los
holdouts, pero a la vez enviando a Kicillof a Nueva York a reunirse en la sede
de la ONU con el Grupo de los 77, buscando con ello apoyo contra la sentencia.
En tanto diseñó una estrategia de pago a los bonistas reestructurados, para lo
cual transfirió al Banco de Nueva York, por diversas vías, US$ 1.000 MM. Esta
operación contradecía la orden del juez de pagarle a los fondos especulativos,
antes de continuar con el pago a los bonistas reestructurados. El jueves 26 el
Juez Federal negó la prórroga solicitada y citó a las partes el día siguiente
para que negociaran. El viernes 27 el juez decidió no embargar los 1.000 MM y
pagarle a los fondos, pero congeló el dinero a la espera de una negociación
entre las partes.
Cuando Cristina protestaba contra la
sentencia argumentaba que, entre otras cosas, lo hacía para proteger el pago a
“sus bonistas reestructurados”; sin embargo, la realidad es que Argentina busca
ganar tiempo para que transcurra todo 2014 en negociaciones con los fondos, a
los fines de que venza la cláusula
“RUFO” a finales de este año como efectivamente está estipulado en el contrato
de emisión. De manera que lo que realmente busca es vulnerar el derecho que les
puede nacer a los bonistas reestructurados de que le paguen su dinero completo,
si los fondos buitres llegaran a cobrar la totalidad de lo que reclaman.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 27 de junio de 2014
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