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jueves, 26 de junio de 2014

Perseguir sin rectificar

Omar Barboza Gutiérrez junio de 2014

Cada día con más descaro se utiliza el Poder Judicial como instrumento de persecución política. Esa práctica se pone de manifiesto cuando el Poder Ejecutivo y sus voceros, sentencian públicamente como conspiradores o asesinos a sus adversarios políticos, antes de que los tribunales investiguen y decidan. Esta situación es más grave aun cuando tomamos en cuenta que la gran mayoría de los fiscales y jueces son designados a dedo.

Dentro de esa estrategia persecutoria se ha inaugurado la modalidad de la hermenéutica psiquiátrica, que tiene la propiedad de descubrir significados de las palabras distintos a lo que se dice, y además le agregan la interpretación de intenciones torcidas, y con ello se arma un caso criminal en contra de un opositor político. El gobierno le ha agregado a la lista de presos políticos el nombre de Leopoldo López, violando la Constitución y el derecho a la defensa para establecer el delito de opinión, Leopoldo es un preso de conciencia.

El objetivo de esta persecución al pueblo que protesta, a los estudiantes, y a los dirigentes que adversan al gobierno, violando sus derechos humanos, es el de distraer la atención de la población venezolana sobre la profundidad de la crisis que la afecta, la cual es consecuencia directa del rotundo fracaso del modelo político y económico que hoy gobierna a Venezuela.

Pero ni la manipulación mediática ni la persecución política, pueden evitar lo que la gente siente y padece como consecuencia de la mala gestión de este gobierno. Por mucha inversión en publicidad que se haga, el pueblo sufre cada vez más la escasez de todo: alimentos, medicinas, repuestos, aceite de motor o baterías para los vehículos, cemento, cabillas, y pare de contar. Así como también siente el gran temor por la inseguridad personal desbordada, acompañada por una vergonzosa impunidad que alcanza a más del 90% de los delitos cometidos de acuerdo a los últimos informes presentados por la Fiscalía General de la República ante la Asamblea Nacional.

A la situación anterior, se le agrega la devaluación del llamado bolívar fuerte que es el más débil de la historia de Venezuela, al igual que las fallas en el servicio de agua potable y los apagones en el interior del país. Los hospitales públicos están en su peor momento, al punto de que más de 6.000 personas en el país están en la cola para ser intervenidas quirúrgicamente, por las variadas deficiencias hospitalarias.

Cada día es más generalizada la convicción de que la corrupción es una de las causas principales de la crisis, lo cual se puede notar en el escandaloso contrabando de extracción de productos regulados, entre ellos la gasolina y el gasoil, y la razón principal es la complicidad de las autoridades civiles y militares que tienen la obligación de controlar el contrabando, pero que por acción u omisión son cómplices de ese delito.

En el caso gravísimo de corrupción en CADIVI, el gobierno está confeso en el hecho de que se robaron más de 20.000 millones de dólares, es decir, una cantidad igual al monto de las actuales reservas internacionales; sin embargo, no aparecen los funcionarios implicados, ni sus padrinos, ni tampoco sus testaferros. Pero, ante un caso como éste el gobierno no reacciona, allí el Poder Judicial luce ciego y sordo, y no muestra la celeridad que si aplica para la persecución política. Todo lo cual genera la percepción de complicidad por parte de quienes están en el poder.

Cuando iniciamos el diálogo, lo hicimos con la esperanza de que se produjeran rectificaciones de fondo, entre ellas, en la política económica. En el debate en cadena nacional, nos referimos con cifras oficiales a los temas más sensibles. Pero no solo no ha habido rectificación, lo que hay es contumacia, se insiste en las mismas políticas fracasadas.Para confirmar lo dicho anteriormente, citamos el caso de la violación del Artículo 320 de la Constitución por parte del BCV, al financiar déficits de empresas públicas, entre las que destaca el financiamiento a PDVSA. Cuando vemos las cifras oficiales del BCV, del 23-05-2014, nos encontramos que esa situación se ha agravado, para esa fecha había financiado a PDVSA 472.166 millones de bolívares, que al cambio de 6,30 bolívares por dólar, son unos 75.000 millones de dólares, y si lo calculamos al SICAD I, llega a 47.000 millones de dólares.

Se insiste en las mismas políticas y en el mismo equipo que ha fracasado en su gestión, todo porque el Presidente de la República no quiere aceptar la verdad: Los jefes de la guerra económica en contra del pueblo venezolano están en Miraflores y en el Banco Central de Venezuela.

Tomado de: http://partidounnuevotiempo.org/inicio/index.php/articulos-de-opinion/1657-perseguir

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