Por Carlos Romero M., 11/03/2016
Un 19 de febrero de 1998, la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado (COPRE), presentó un documento llamado Bases para el
fortalecimiento democrático del sistema político venezolano, cuyo contenido
pretendió, en el marco de las elecciones presidenciales, hacer públicos unos
planteamientos que se consideraron oportunos y urgentes de ser abordados en la
tarea de promover la transformación legal e institucional que reclamaba el
país.
Esos temas retoman espacio en la agenda política venezolana y a casi 20
años de aquel documento público, hoy el mismo permite tener un referente para
abordar el deterioro institucional y político de estos años de revolución
bolivariana. A diferencia de 1998, esas propuestas se encuentran ahora
con un Estado que no reconoce otro modelo político, social y económico que no
sea el Plan de la Patria 2013-2019 que, independientemente de su viabilidad, se
convierte en una hoja de ruta política.
Las propuestas presentadas en 1998 fueron las siguientes:
1.-Continuar, fortalecer, ampliar y profundizar el proceso de
descentralización en Venezuela. La COPRE proponía un Pacto político en el
cual se lograra concretar un programa de transferencias de servicios, acompañadas
de un compromiso de financiamiento y con el señalamiento preciso sobre las
áreas a ser transferidas.
También se exhortó a incluir a los Municipios como actores políticos
necesarios para avanzar y profundizar en la descentralización; esto suponía la
necesidad de buscar mecanismos de coordinación necesarios para que fueran
reconocidos como actores del desarrollo nacional, atendiendo claramente a su
realidad local, lo que planteaba la necesidad de categorizarlos según criterios
objetivos.
En ese Pacto que propuso la COPRE la participación ciudadana debería
ser reconocida y garantizada. Por último, allí se propuso la
necesidad de crear una autoridad única al más alto nivel gubernamental, de
dirección y coordinación del proceso de descentralización.
Hoy existe un Consejo Federal de Gobierno, definido como la instancia
para planificar y coordinar las políticas y acciones en el desarrollo del
proceso de descentralización y transferencia de competencias.
Irónicamente, luego de tanto tiempo, esa instancia a la que se refería la COPRE
existe, pero no cumple su finalidad. Aun cuando nos reconocemos como
Estado Federal y Descentralizado, el centralismo se va imponiendo con mayor
fuerza a través de un modelo de Estado paralelo que por tal es inconstitucional
e ilegitimo.
2.- La ampliación de los espacios de participación
ciudadana. Con ello se buscaba una mayor inclusión ciudadana en los
procesos de decisión sobre asuntos públicos. La COPRE exhortó a la
diversificación de los canales de participación y a un reconocimiento expreso
por parte del Estado a la participación como un derecho que debía ser
garantizado, estimulado y fortalecido.
Años después, si bien la Constitución reconoce el derecho a la libre
participación y a libre asociación para fines lícitos, y además menciona una
serie de mecanismos de participación, irónicamente estamos muy lejos de
acercarnos a una participación amplia y diversificada. La sociedad
experimenta una confiscación de esas libertades mencionadas a través de
mecanismos creados en el modelo del Poder Popular que toma una dirección
opuesta a la aspiración de desarrollar la ciudadanía a través de la libertad de
participación y asociación.
3.- La modernización y adaptación de la Administración Pública a los
nuevos desafíos. Se planteaba la urgencia de reorganizar la
Administración Pública a los fines de asegurar los derechos sociales y mejorar
la calidad de vida.
Los componentes que se mencionaban entonces como parte de esa
modernización eran cuatro, a saber: el estatuto de la función pública; la
estructura institucional; su fundamentación ética y las relaciones con el
ciudadano, todo ello valorado como esencial para la gobernabilidad del sistema
político venezolano.
Hoy, la administración pública está condicionada a la visión socialista
del Estado, abandonando así el principio constitucional que su funcionamiento
debe asumir como premisa que está al servicio del ciudadano. La
Administración Pública hoy es un sujeto imposible de dibujar su silueta, pesado
e inútil que prácticamente la hace inexistente.
4.- La lucha contra la corrupción. La deslegitimación e
ingobernabilidad del sistema democrático tenía como una de sus causas más
importantes la corrupción, por lo tanto era necesario abordar sus causas,
motivaciones y soportes. Hoy, la Corrupción puede decirse se convirtió en
principio rector del gobierno y se convirtió en metástasis que corroe el
sistema institucional que se intenta imponer.
5.- La reforma judicial. El propósito de esta reforma era hacer
del Estado de Derecho un verdadero Estado de Justicia. Se planteó la
revisión de las atribuciones asignadas a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo de la Judicatura, a los fines de buscar unificar las políticas
judiciales en el país.
Se propuso asumir con relevancia el tema de la carrera judicial,
profundizar los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos con el
fin de descargar las estructuras formales de administración de justicia y
brindar a los ciudadanos otras instancias para obtener justicia. Casi 20 años
después, la revolución acabó con la Justicia de Paz como venía operando y
nuestro Poder Judicial está muy lejos de parecerse a un verdadero Estado de
Justicia.
6.- Dos propuestas de aquel documento de la COPRE estaban relacionadas
con el fortalecimiento de los partidos políticos, una de ellas era la reforma
de los partidos políticos buscando el rescate de las agrupaciones partidistas y
la otra tenía que ver con la necesidad de regular el financiamiento de
campañas electorales en Venezuela.
7.- Por último se planteó la necesidad de asumir reformas
constitucionales, que estaban pendientes, que no lograron captar la atención
del entonces Congreso de la República. Entre esas reformas estaban:
El referendo popular, la incorporación a la Constitución de la Asamblea
Constituyente; la necesidad de darle rango constitucional a los pactos
internacionales sobre los derechos humanos; la revisión del sistema federativo
de distribución de poderes; la introducción de la figura del primer ministro y
crear la Sala Constitucional en el máximo tribunal de la República, entre
otras. Resulta irónico que aquello que se consideraba necesario en ese momento,
como fue la Sala Constitucional, hoy se convierta en un obstáculo para la
democracia.
Qué oportuno resulta Giovanni Sartori, cuando advierte que la
democracia es como una máquina, la mejor que se ha inventado y que aún no logra
ser sustituida. Claramente requiere mejoras, pero el problema no es la máquina,
el problema son los maquinistas.
Entre 1989 y 1992 el Congreso designó una Comisión Bicameral para
analizar una posible enmienda a la Constitución de 1961, que luego se
transformó en una propuesta de reforma general, la cual no logró captar la
mayor voluntad política de los parlamentarios de aquél Congreso de la República
y terminó siendo asumida por un militar, quien además, promovió un fallido
golpe de estado en el año 1992.
¿Cuál es la lección que podemos sacar de estos últimos 18 años?
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@Carome31
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