ANTONIO MARIA DELGADO 01 de marzo de 2016
El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo,
terminó de maniatar el martes a la Asamblea Nacional al emitir un dictamen que
le arrebata algunas de sus más importantes funciones constitucionales,
incluyendo la capacidad de fiscalizar a los otros poderes.
El
dictamen, que está siendo comparado con el autogolpe en 1992 del presidente
peruano Alberto Fujimori, conocido como el “fujimorazo”, pretende desarticular
los esfuerzos de la Asamblea Nacional por destituir a los magistrados
designados por el chavismo de manera apresurada e inconstitucional en
diciembre.
“Con
esto se defenestró a la Asamblea Nacional. La sentencia es un atentado a la
voluntad popular porque desconoce los poderes de la representación popular, que
es la Asamblea”, dijo desde Nueva York el constitucionalista venezolano Allan
Brewer-Carías.
El
profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolivar, José Vicente
Carrasquero, dijo que la decisión rompe con el hilo constitucional del país.
“Esto
es un golpe de Estado, un golpe a la Constitución. Están eliminando un elemento
básico de la democracia moderna, que es el equilibrio de poderes. Se está
anclando la capacidad contralora de la Asamblea Nacional que está garantizada
en la Constitución”, manifestó Carrasquero.
La
Sala Constitucional del TSJ dictaminó el martes que el control de la Asamblea
Nacional se limita al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los
actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El
control político “se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo
Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos […] tampoco sobre el poder
público estatal ni sobre el poder público municipal”, indica la sentencia.
La
Sala Constitucional también dictaminó que la asamblea “no está legitimada” para
revisar, anular o revocar los procesos anteriores de selección y designación de
magistrados, y estableció que actuar en ese sentido “sería evidentemente
inconstitucional”.
El
pronunciamiento fue emitido en momentos en que la Asamblea Nacional controlada
por la oposición se disponía a discutir un informe que recomienda revocar el
mandato de esos jueces.
Brewer-Carías
sostuvo que el cuerpo legislativo sí está facultado constitucionalmente para
revocar a los magistrados, ya que éstos fueron nombrados aceleradamente en
diciembre incumpliendo con los requisitos constitucionales.
“Si la
elección de magistrados que se efectúo en diciembre hubiese sido conforme a la
Constitución, los magistrados designados tendrían derecho a permanecer en sus
cargos hasta el vencimiento del término y tendrían derecho a que solo podrían
ser revocados en caso de falta grave y con un voto de mayoría calificada”, dijo
Brewer-Carías, uno de los más respetados constitucionalistas de Venezuela.
“Pero
es que en diciembre a los magistrados del Tribunal Supremo se les designó
violándose todas las formas constitucionales dispuestas para la elección de los
mismos, por lo cual la asamblea tiene el poder de revisar sus propios actos y
de revocarlos en caso de comprobar que fueron dictados violándose la
Constitución”, manifestó Brewer-Carías.
Parte
de las irregularidades en torno a la designación de los jueces recae en el
hecho de que fueron nombrados para reemplazar a magistrados que fueron
obligados a renunciar, en un ilegal intento por evitar que un buen número de
ellos pasaran a retiro y fuesen remplazados bajo la nueva Asamblea Nacional.
Durante
la sesión del martes, el diputado Carlos Berrizbeitia difundió un audio de la
ex magistrada del TSJ, Carmen Elvigia Porras, quien declara que fue presionada
y extorsionada para acelerar su jubilación.
“Yo
tuve que esconderme y apagar el teléfono porque me buscaban a través de mi
teléfono y a través de personas que me conocen”, expresó Porras en la
grabación.
Brewer-Carías
señaló que la sentencia limita hasta un extremo las potestades de control
político de la Asamblea Nacional sobre el gobierno y sobre la administración
pública que la Constitución le asigna.
“Encasilla,
en contra de las previsiones constitucionales, todos sus poderes de
interpelación y de investigación respecto de los funcionarios públicos,
eliminando materialmente la obligación constitucional que éstos tienen de
comparecer ante las comisiones de la Asamblea y de suministrarles las
informaciones que les requieran para las funciones de control”, señaló el
constitucionalista.
Por
otro lado, el dictamen también excluye a “los funcionarios de la Fuerza Armada
Nacional de todo control parlamentario, reduciéndolo al control político que se
ejerce sobre su Comandante en Jefe, que es el Presidente de la República al
rendir su mensaje anual ante la Asamblea”, agregó.
El
dictamen del TSJ es el último eslabón de una cadena de acciones emprendidas por
el régimen de Nicolás Maduro por desmantelar a la Asamblea Nacional, luego de
que la oposición lograra más de dos tercios de los escaños en las elecciones de
diciembre.
“Esto
es parte de la campaña que se viene haciendo, para desconocer la autoridad
constitucional de la Asamblea Nacional”, dijo el ex diputado venezolano Nelsón
Chitty La Roche desde Caracas.
“Ay de
aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados”, agregó Chitty La Roche,
repitiendo la frase célebre del escritor francés Anatole France.
Pero
los esfuerzos por desmantelar a la Asamblea Nacional no provienen exclusivamente
del TSJ.
El
propio Maduro ya ha anunciado que no acatará los pronunciamientos de la
Asamblea Nacional, y que éstos no serán recogidos en la Gaceta Oficial,
publicación oficial donde deben aparecer las leyes y los decretos del país.
El
régimen también está intentando asfixiar a la asamblea al negarse a pagar la
asignación presupuestaria para que funcione.
“No se
les ha pagado, hoy primero de marzo, sus salarios a los empleados de la
asamblea”, manifestó Chitty.
“Creo
que llegó la hora de plantear el conflicto de los poderes. En mi criterio, la
Asamblea Nacional no puede aceptar esta decisión, y mucho menos de un ente que
viene extralimitándose, que pretende convertirse en una suerte de poder
constituyente, y que está comprometiendo la constitucionalidad y la legalidad
en Venezuela”, puntualizó.
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