TRINO MÁRQUEZ 18 de marzo de 2016
@trinomarquezc
Cuando el pueblo de Tumeremo tomó las
calles y las carreteras aledañas para protestar por la desaparición de 28
mineros, la respuesta del gobernador Francisco Rangel Gómez fue de un desprecio
indignante e impúdico. Negó el hecho atribuyéndolo a una maniobra opositora. El
Gobierno Nacional se alineó con su postura. Diosdado Cabello habló de un nuevo
invento fraudulento de los enemigos del Gobierno. La cúpula oficial no se
conmovió ante la tragedia. La gente ni siquiera exigía detener a los culpables,
solo pedía que devolvieran los cuerpos de los desaparecidos para, como en El
hijo de Saúl, darles una digna sepultura.
Para
modificar la incuria del oficialismo se combinaron varios factores: la
persistencia de la protesta popular, la denuncia de los diputados Américo De
Grazia y Andrés Velásquez, y la presencia en Tumeremo de los valientes
periodistas de diversos medios de comunicación, quienes registraron testimonios
a través de entrevistas a familiares y amigos de los desaparecidos. Las
contundentes declaraciones y la firmeza
de la población obligaron al oficialismo a girar su postura. De la represión
abierta y brutal de la Guardia Nacional Bolivariana y la militarización de la
zona, pasó a considerar la posibilidad de que, en efecto, se hubiese producido
la desaparición forzada de los mineros, debido a que en el área operan bandas
delictivas asociadas con la extracción y comercialización del oro, hecho que se
conoce desde hace décadas, cuando los
garimpeiros se apropiaron del terreno. Apareció el nombre de “El Topo”,
pran que domina la región, aunque no de forma exclusiva, como eventual
responsable de la matanza.
Acorralados por la presión ejercida desde
distintos flancos, incluida la Asamblea Nacional que designó una comisión
presidida por De Grazia para investigar los hechos, y por la solidez de los
testimonios, el régimen se vio obligado a abocarse al examen de lo sucedido.
Aparecieron la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Alguien debe de haberle dicho a Rangel Gómez que se callara y no siguiera
metiendo la pata, ni dejando en ridículo a un gobierno que no puede darle ni
agua ni luz al estado Bolívar, donde circulan el Orinoco y el Caroní, los dos
ríos más caudalosos del país, y se encuentra el Guri.
Se cumplieron los lúgubres vaticinios de
familiares y amigos: los cadáveres aparecieron en una fosa común. Maduro,
siempre extraviado y elusivo, con su eterno afán de buscar culpables donde no
se hallan, acusa sin ninguna prueba que lo apoye a grupos paramilitares
vinculados con la oposición. Todo el mundo sabe que bandas apertrechadas con
armas de guerra depredan el ambiente y operan libremente por esos territorios
desde hace décadas. La GNB se hace la desentendida, cuando no la socia directa
y activa de los irregulares.
La desidia, insensibilidad y corrupción de los
rojos han quedado de nuevo al descubierto. Todo episodio que se sale de la
rutina cotidiana los toma de sorpresa. Son incapaces de anticiparse a los
acontecimientos a pesar de poseer la información que les permite ser
precavidos. Los únicos recursos a los cuales apelan son la acusación a priori
de la oposición, el chantaje y la amenaza. A los familiares de las víctimas les
prohibieron reunirse con los parlamentarios de la bancada democrática y con los
periodistas. En un contexto tan inseguro como el que prevalece en Tumeremo, los
fiscales que iniciaron el estudio del caso revelaron la identidad de uno de los
sobrevivientes de la masacre. ¡Difícil mayor signo de estupidez!
La cortina de humo que el Gobierno tendió
alrededor de la escabechina no le sirvió para ocultar la brutalidad de los
hechos, ni el desamparo en el que se encuentran el territorio y la ciudadanía
en el sureste de Venezuela. La GNB se esmera cuando reprime a los estudiantes o
al pueblo desarmado, pero se extingue (o se alía con los delincuentes) cuando
debe proteger el habitad y la gente.
En esta oportunidad las pruebas de la
carnicería fueron mostradas gracias al coraje de la gente de Tumeremo y del
resto de los factores que le impidieron al Gobierno escamotear la verdad. Ahora
la lucha habrá que concentrarla en la búsqueda de los culpables.
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