MAOLIS CASTRO 19 de marzo de 2016
El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado una vez más su
influencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para imponer su voluntad.
La Sala Constitucional del órgano judicial, cuyos magistrados comulgan con el
chavismo, prorrogó el pasado jueves 60 días más el Decreto de Emergencia
Económica, que otorga poderes extraordinarios al mandatario venezolano para
legislar en esa materia. El Parlamento, donde tiene mayoría la oposición, se
opone a la prórroga.
El
Gobierno de Nicolás Maduro aprobó el decreto el pasado 15 de enero, tras la
mayoría conseguida por la oposición en las elecciones parlamentarias. La medida
otorgó entonces al presidente venezolano plenos poderes para legislar en el
ámbito económico durante 60 días. La decisión del Tribunal Supremo de extender
dos meses más este decreto se enfrenta al rechazo del Parlamento, dominado por
la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“La
Asamblea Nacional ha tomado un rumbo errático. He extendido mil manos, pero
parece que las agendas particulares se imponen y no se ve lo grande: al país.
Lamento que el poder político que han obtenido circunstancialmente [los
parlamentarios opositores] sea mal utilizado, para una diatriba donde se pierde
el tiempo”, sentenció Maduro. La medida se anunció el pasado jueves, un día
antes de que el mandatario venezolano emprendiera un viaje a Cuba para reunirse
con su homólogo Raúl Castro con el propósito de acordar un plan de cooperación
hasta el año 2030.
La
prórroga del decreto es solo otro episodio de la confrontación entre los
poderes del Estado venezolano. Desde que la MUD ganó las elecciones
parlamentarias el pasado 6 de diciembre, no han cesado las maniobras del
Ejecutivo para restarle poder a la oposición.
La
primera zancadilla ocurrió el 12 de enero, cuando el Supremo ordenó
desincorporar a tres de los 112 diputados opositores juramentados por el
Congreso. Pocos días después, el presidente Maduro anunció el Decreto de
Emergencia Económica para atender la peor debacle en los últimos 35 años en
este país suramericano. Para entrar en vigor, la medida debía ser aprobada por
la Asamblea Nacional. El rechazo fue contundente: 107 votos en contra y 53 a
favor. El TSJ dictó entonces una sentencia que dejó sin efecto la decisión de
los congresistas.
“Guerra económica”
La
vigencia de la prórroga concluyó esta semana pero, de acuerdo con la
legislación venezolana, se puede extender por 60 días más. “La Constitución me
obliga a enviarlo [el decreto] a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de
Justicia. El TSJ me ha dicho en una decisión histórica que el Decreto de
Emergencia Económica está plenamente vigente”, indicó Maduro. Según la
oposición, esto es solo la continuidad de una política errónea que se empeña en
culpar a las empresas privadas de una supuesta “guerra económica” contra el
Gobierno.
El
decreto concede al presidente venezolano facultades para la reorganización del
presupuesto, dictar medidas para evitar la evasión fiscal, agilizar los
trámites para importar los productos e insumos necesarios para el consumo,
eximir de los requisitos cambiarios —en Venezuela hay un control de venta de
divisas desde 2003— al sector público y privado, y disponer de los bienes que
las empresas privadas para aumentar la producción nacional, entre otras
potestades.
Los
frutos de este decreto ya son visibles. El Gobierno creó hace nueve días un
sistema cambiario dual: Divisa Protegida (Dipro) y Divisa Complementaria
(Dicom). El nuevo esquema fue calificado por la oposición como una devaluación
del bolívar por aumentar en un 1.500% la tasa de cambio en divisas para los
venezolanos que viajen al exterior.
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