Por Héctor Lucena
Uno de los viceministros del
área laboral sigilosamente desliza que no descarta otro aumento salarial,
apenas a un mes de entrada en vigencia de reciente incremento del salario
mínimo y del bono de alimentación.
Se desconoce cuánto se ha
cumplido el aumento que entró en vigencia este primero del pasado mes de
septiembre, cuáles han sido sus impactos para los trabajadores, su familia,
para las empresas y para el sistema productivo del país. Se trata de tareas por
cumplir que tienen los órganos estatales, son tareas ordinarias de ejecución
permanente de aquellos entes que han de construir las bases para la toma de
decisiones así como los que son receptores de informes, denuncias, realizan
inspecciones y disponen de un funcionariado para así llevar el hilo de
decisiones importantes como son las salariales.
Se reiteran que sobre
salarios se toman decisiones sin conexión con otras variables que concurren a
los asuntos centrales para los cuales los salarios sirven, como es su capacidad
adquisitiva y el papel que juegan en el estímulo del sistema productivo.
Hacer anuncios sobre
aumentos de salarios con tanta ligereza fomenta el descreimiento de productores
y consumidores. No en el hecho de que no se decreten, claro que pueden ocurrir
visto la existente centralización de decisiones en el Ejecutivo en grado
extremos y por tanto la desarticulación de las relaciones laborales y el
deterioro del tejido productivo, y disponiéndose de dudosas bases legales dadas
las continuadas prórrogas de decretos de emergencia económica al margen de los
requisitos constitucionales; todo ello somete al país y sus ciudadanos a la
incertidumbre y la desconfianza en el rumbo de sus vidas y de las
empresas.
Sobre la desarticulación de
las relaciones laborales, es elocuente reconocerlo al analizar la memoria más
reciente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo
(Mpppst), la del 2015, siendo fundamentales las organizaciones de los
trabajadores para que se materialicen y funcionen las relaciones laborales. En
todo este texto de 370 páginas se menciona la palabra sindicato sólo una vez,
igual ocurre con la de autonomía y la de pliegos conflictivos. Otras instancias
de los trabajadores como sindicalismo, federaciones, convenios colectivos,
huelgas ni siquiera se mencionan. Para la memoria que reporta todo un año de
actividad laboral estas categorías no existen. Negociaciones colectivas se
mencionan tres veces; libertad sindical 5 veces; participación de los trabajadores
y las mismas relaciones laborales, 7 y 8 veces respectivamente. Aunque estas
últimas se mencionan más por las denominaciones de unidades administrativas en
el propio organigrama. En general, todas estas categorías ya experimentaban el
desdén del régimen y su modelo laboral desde hace muchos años, ya que igual
análisis realizamos en la memoria ministerial del 2007 con resultados
similares.
Más control laboral
Pero en cambio, en la misma
memoria ministerial del 2015, véanse los términos más mencionados: clase obrera
y/o trabajadora 55 veces; patria 54; inspección 53; control 50, socialismo 29 y
Chávez 10. En estas categorías si se evidencia un marcado crecimiento de su
recurrencia al compararlas con la memoria ministerial del 2007. Las mismas ya
mencionadas y con igual orden: 11, 3,17, 40, 6 y 0. Esto sugiere que el régimen
viene prestando mayor atención al diseño y fortalecimiento de una
institucionalidad subordinada y controlada en el mundo laboral. La clase
obrera-trabajadora que se menciona es para su control y subordinación, y no
para su fortalecimiento que le permita construir organizaciones propias dotadas
de herramientas para su desenvolvimiento y profundización en el quehacer de la
sociedad venezolana.
Vistas las menciones casi
inexistentes por un lado, el de las categorías propias de las relaciones
laborales, y la saturación por el otro, se deduce que más que un despacho que
fomenta la institucionalidad de las relaciones laborales, lo que viene es
contribuyendo a su desaparición a cambio de priorizar esquemas centralizados
que no confían y por tanto ignoran la capacidad y autonomía de los actores
sociales y laborales propios de todo funcionamiento de las relaciones
laborales.
A pesar del esquema
burocrático y de los propósitos de como desde el poder gubernamental se
visualiza este campo de la realidad, las organizaciones hacen denodados
esfuerzos por ser y estar en los escenarios que le son propios; cierto que
logran más visibilidad en los centros de trabajo, públicos y privados, pero
mucho menos en los procesos de decisiones en las políticas sectoriales y
macroeconómicas.
Aquí cabe volver con el
modelo de relaciones laborales que nació e imperó en el país a lo largo de su
historia laboral, el cual privilegió las organizaciones y el accionar por empresa
o centro productivo. Obviamente no es una virtud, y hoy se revelan más sus
limitaciones.
Recordamos una frase de un
colega al analizar este fenómeno que solía decir que entre los dirigentes
predomina “se prefiere ser cabeza de ratón antes que cola de león”. Los
retrocesos experimentados en el período chavista por las relaciones laborales y
sus actores, tanto del trabajo como del capital, pero más afectados los
primeros, llevan a replantearse las organizaciones con identidad, autonomía e
institucionalidad son más efectivas para la protección de sus afiliados, así
como las relaciones con los otros interlocutores, especialmente aquellos
gobiernos que ven a las organizaciones laborales sólo como sujetos de
subordinación y por tanto de control.
14-10-16
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