1 de diciembre de 2016
Finalizada la 26ª sesión del Grupo de trabajo del
Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, los 193 Estados miembros han sido
revisados por segunda vez en materia de derechos humanos, lo que implica que
por segunda vez se obtuvo un 100% de participación en este mecanismo. Durante
esta sesión fue el turno de Venezuela (junto a otros nueve países) de ser
evaluada.
El Presidente de la República, Nicolás Maduro,
aseguró al respecto que Venezuela “triunfó” y “salió
eximida” en materia de derechos humanos. El representante permanente de
nuestro país ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, tuvo una
opinión similar y se congratuló en los siguientes términos: “Venezuela sacó
las más altas calificaciones, porque de las recomendaciones que hicieron los
estados la mayoría de ellas están siendo implementadas”.
Valero anunció también que el Estado asumió 24
compromisos voluntarios en el marco de este examen. La mayoría de esos
compromisos se dirige al reforzamiento de planes que ya adelanta el gobierno
nacional, y se establecen objetivos muy generales que no definen metas
concretas ni plazos estimados de cumplimiento.
En lo relativo a la Justicia, por ejemplo, se
comprometen a “continuar con la realización de concursos públicos para el
ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”, lo que sería muy
positivo de no ser por el hecho de que no queda claro cuándo se convocarán
dichos concursos, para cuántos cargos concretamente o con qué periodicidad. Al
revisar la página
web del Ministerio Público se encuentra que el último concurso para el
ingreso a la carrera fiscal data de 2011, lo que es ya bastante malo pero
palidece junto a los concursos para jueces, que no se realizan desde 2003.
Lamentablemente, en Acceso a la Justicia
no tenemos una visión tan optimista del resultado del EPU. En el primer ciclo
del examen intervinieron 50 países en la fase interactiva con Venezuela, con el
resultado de 148 recomendaciones al Estado. En esta ocasión, el número de
participantes subió a 103 y se recibieron 279 recomendaciones, lo que muestra
que el interés por la situación del país se ha incrementado notablemente.
Además, al ver los compromisos voluntarios
asumidos por el gobierno, encontramos que de las diez recomendaciones que más
países apoyaron en Ginebra, ninguna figura en el planteamiento de los mismos.
Esto es, las recomendaciones brillan por su ausencia en los compromisos del
Estado.
La necesidad de garantizar la libertad de
expresión y el acceso a la información (apoyada por 34 países), el respeto a la
independencia de los Poderes Públicos (21 países), la garantía del derecho a la
educación a todos los niveles (15 países), la petición de que se acepte la
visita de relatores de Derechos Humanos al país (9 países) y de que se
ratifique el Protocolo Facultativo contra la Tortura (8 países), son excelentes
ejemplos de cómo sí existen cuestionamientos importantes a la gestión actual en
materia de Derechos Humanos que hacen impensable afirmar que estemos “eximidos”
o siquiera aprobados en estos temas.
Y tú venezolano, ¿qué puedes hacer?
Las recomendaciones que surgieron del Examen
Periódico Universal confirman que, tal como hemos venido denunciando numerosas
organizaciones de la sociedad civil, los derechos de los venezolanos están
siendo vulnerados y esta es una situación que un Estado democrático no puede
simplemente ignorar, como hace un niño que cree que si cierra los ojos la
realidad desaparece.
Ante esta situación es poco lo que en la práctica
podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance (y es de capital
importancia) es no permitir que este escenario nos parezca normal y, por ello,
reclamar nuestros derechos de manera constante y persistente.
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