Por Michael Penfold
Ante el sorpresivo anuncio de
una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana la pregunta más
importante que surge es si el gobierno y la oposición venezolana de verdad
tienen un interés real en acordar que haya elecciones competitivas. La pregunta
no es retórica. Los múltiples fracasos de las negociaciones anteriores
hace pensar que la probabilidad de otro fiasco que profundice aún más la
crisis económica, política y social es muy alta.
En esta ocasión los incentivos
parecen ser diferentes. El gobierno por primera vez en mucho tiempo tiene un
interés concreto en realizar elecciones pues percibe que tiene capacidad de
ganarlas ante una oposición dividida y sin liderazgo y un control institucional
y clientelar cada vez más grande. Hasta hace poco, el Consejo Nacional
Electoral (CNE) bloqueaba sistemáticamente el calendario electoral. Ahora, más
bien, lo acelera.
El presidente Maduro sabe que
solo será reconocido por la comunidad internacional para un nuevo periodo
presidencial si las elecciones cuentan con el aval del resto del mundo. Esta
legitimidad es particularmente importante en un momento en el que le urge
acceder a los mercados internacionales para asegurar financiamiento. El
gobierno además de legitimidad también necesita que le levanten las sanciones
económicas. Lo segundo no va a pasar sin lo primero. Tampoco es claro si
esas concesiones para mejorar las condiciones electorales serán lo
suficientemente significativas como para que los comicios sean efectivamente
competitivos, las inhabilitaciones queden definitivamente removidas y los
presos políticos finalmente liberados.
Resulta más bien evidente que
el gobierno, a pesar de las presiones externas, tan sólo aceptará un acuerdo
que le permita asegurar elecciones semi-competitivas con inhabilitaciones
incluidas. Las encuestas si bien muestran un liderazgo opositor que pierde
terreno y una aprobación de la gestión oficial que no es deleznable, el
presidente Maduro continua siendo claramente minoritario y el venezolano sigue
buscando desesperadamente un cambio político. El hecho que el país haya entrado
oficialmente en hiperinflación también complica el prospecto de un triunfo
oficialista sin contar con una cancha relativamente inclinada a su favor que
compense su amplia debilidad en la opinión pública. El prospecto de unas
elecciones competitivas son ilusorias pero algunas concesiones deberán ser
otorgadas para que la comunidad internacional pueda bendecir el proceso.
El impacto de las sanciones
representa otro factor decisivo para que el gobierno quiera negociar. Ante la
crisis de la deuda externa que ha contribuido al colapso del crecimiento
económico, que en estos momentos tiene un peso de más de 150 por ciento del PIB
y cuyo monto total representa 450 por ciento de las exportaciones petroleras
anuales, el gobierno ha optado por recortar indiscriminadamente las
importaciones y liquidar la mayor parte de sus activos financieros para
continuar cumpliendo con sus compromisos externos. Sin embargo, es poco lo que
puede continuar recortando el gobierno nacional en materia de importaciones.
Asimismo, los mayores activos que quedan por liquidar son activos reales en el
sector petrolero para lo cual los inversionistas extranjeros requieren de
aprobaciones de una Asamblea Nacional que en la práctica, a pesar de la
instalación de la Asamblea Constituyente, no han logrado controlar. Es así como
bajo las sanciones económicas existentes es imposible para el ejecutivo
nacional refinanciar e incluso reestructurar la deuda externa por más que diga
que desea hacerlo. Sus únicas opciones reales son seguir pagando o repudiar la
deuda. Si opta por repudiar entonces los riesgos legales, sobre todo para
PDVSA, son enormes. Una acción de este tipo complicaría aún más el desfavorable
escenario internacional para el chavismo y aceleraría el declive vertiginoso de
la producción petrolera en un momento de recuperación de precios. Para
refinanciar o reestructurar la deuda el gobierno debe lograr o que los
Estados Unidos eliminen las sanciones económicas o llegar a un acuerdo político
con la Asamblea Nacional.
La oposición, en cambio, tiene
incentivos diametralmente opuestos. Esta vez la oposición llega a la
negociación porque sin un cambio en las condiciones electorales no puede
competir. La grave derrota sufrida durante las elecciones regionales del 15-O
mostró a un chavismo dispuesto a utilizar todo su poder institucional, y a
movilizar un aparato clientelar muy sofisticado tanto en logística, tecnología
y en su capacidad de condicionamiento social del voto.
La oposición se sabe en
desventaja. Las elecciones municipales del 10-D prometen dejar a la oposición
aún más desmoralizada y dividida y a un paso de la desintegración. Tan solo una
negociación, con una comunidad internacional desplegada para apoyar la
integridad de este proceso, puede promover un cambio en las terribles
condiciones electorales existentes. Esta negociación bajo la veeduría
internacional es su única opción disponible y por lo tanto asiste a esta cita
porque no tiene alternativas.
La negociación será inevitablemente
compleja para todos los actores pero muy especialmente para la MUD. Las
divisiones internas (la aparición aún incipiente de dos bloques entre AD, UNT y
AP por un lado y de PJ y VP por el otro) van a inducir que el acuerdo potencial
sea un proceso alcanzado a múltiples bandas con AD jugando como pivote central
en cualquier potencial pacto con el chavismo. Si efectivamente los líderes de
la oposición mantienen en funcionamiento estos polos, entonces la dinámica
podría ser verdaderamente explosiva. Para comenzar, un acuerdo parcial en la
mesa de negociación podría ser validado en la Asamblea Nacional por una mayoría
simple de diputados pertenecientes a AD, UNT, AP votando con la bancada del
PSUV. Este acuerdo dejaría por fuera a VP y PJ y sería inevitablemente validado
por la comunidad internacional debido a que habría sido refrendado por la
Asamblea Nacional.
El costo político de este tipo
de acuerdo parcial (que no haya sido debidamente consensuado) sería altísimo y
básicamente comprometería la capacidad de cualquier candidato de uno de los
polos opositores (sea Ramos, Rosales o Falcón) de ganar la presidencia sin el
apoyo del otro bloque que fue excluido del acuerdo (obligando a López y
Capriles a buscar una tercera candidatura que no esté sometida a la
inhabilitación). Resulta evidente que la única forma lógica que tiene la
oposición de frenar esta dinámica tan perversa es delegar en un sólo negociador
creíble el control de todo el proceso. El negociador tendría que
consultar con todos los partidos políticos de la MUD la aprobación
del acuerdo una vez que haya sido alcanzado una propuesta razonable con el
chavismo: en latín “e pluribus unum” (de muchos uno). A pesar
de este riesgo, los partidos opositores están aceptando ir cada uno con una
representación propia de sus organizaciones, incrementando así las
probabilidades que el proceso de negociación termine por dividirlos. Este es
sin duda el mayor riesgo que enfrenta la coalición opositora.
Es innegable, que en
principio, ambos bandos necesitan alcanzar un acuerdo pero que no lo van a
lograr sin un tercero. El gobierno necesita legitimar su cuestionada reputación
política internacionalmente para resolver su precaria viabilidad económica y
financiera y así tener un mayor chance de prolongarse en el poder. Y la
oposición, que se vuelca sobre este proceso en una posición de franca
debilidad por sus absurdos conflictos internos, no tiene otra
alternativa si quiere sobrevivir.
Lo que resulta aun mas
evidente es que sin la comunidad internacional ninguno va a ganar. El papel de
la comunidad internacional (y en especial de los cancilleres) es fundamental
para darle seriedad a un proceso de negociación que se ha caracterizado por una
gran informalidad “caribeña”. Adicionalmente, se necesita de un arbitro que garantice
que los acuerdos se cumplan. Sin este acoplamiento político, la capacidad
de obtener concesiones sustantivas por parte del gobierno, tanto en materia
electoral como en los temas de las habilitaciones y la liberación de los presos
políticos, se verá sensiblemente afectado.
Es por ello que en esta
oportunidad es de esperar que el gobierno suspenda el proceso de negociación si
percibe que esas restricciones internacionales son inamovibles y si la
oposición logra en paralelo rescatar la unidad. El dilema de la
negociación es profundo. Si el gobierno le otorga a la oposición lo que pide va
a perder electoralmente. Si el gobierno no cede tampoco se legitima
internacionalmente y las sanciones se vuelven “pegajosas”. El conflicto
venezolano continúa siendo existencial.
11-11-17
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