Por Margarita López Maya
El año 2017 probablemente sea
recordado en nuestra historia como el año de la consolidación
del poschavismo, una fuerza sociopolítica nucleada en torno al presidente
Nicolás Maduro, que ha venido construyendo esforzadamente un orden político de
legitimidad neopatrimonialista y de vocación totalitaria.
En este año, mes tras mes,
venezolanos, tanto del bando chavista como del opositor, buscando imponer sus
ideales, participaron en luchas de diversas modalidades y distinta naturaleza.
Y si bien la mayoría expresaba de manera reiterada su deseo de un cambio
político democrático, las destrezas y fortalezas políticas del gobierno madurista lograron
conjurar siempre un desenlace que perjudicara sus planes autoritarios. Con los
resultados de las elecciones de gobernadores del 15 de octubre y el anuncio
unilateral —por fuera de la Mesa de Unidad Democrática (MUD)— de los gobernadores
electos del partido AD, de que acudirían voluntariamente a juramentarse ante la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa fraudulentamente mes y medio
antes por el oficialismo, parece cerrarse definitivamente un ciclo de
resistencia y lucha partidista unitaria por la democracia.
En este artículo busco
reflexionar sobre los retos que la implosión de la MUD abre a la sociedad
venezolana en el futuro inmediato. Para ello, en una primera parte describo la
secuencia cronológica de las confrontaciones de poder más significativas de
este año, hasta el desenlace del pasado 15 de octubre. En una segunda parte,
doy cuenta de la instalación de la ANC, la convocatoria a elecciones de
gobernadores y resultados de esas elecciones, así como algunas interpretaciones
que se han hecho tratando de entender unos resultados asaz sorprendentes.
Dibujado ese contexto, trazo tendencias y desafíos del inmediato porvenir.
La secuencia de las
confrontaciones
El 2017 inició con una
atmósfera de desilusión. Habiéndose suspendido el referendo revocatorio
presidencial y “congeladas” las negociaciones gobierno-oposición intentadas el
año anterior, la percepción de la ciudadanía era que las fuerzas opositoras,
reunidas en la MUD, no habían sabido o podido rematar la faena de abrir cauce hacia
la transición democrática. Pese, por una parte, a las multitudinarias
manifestaciones de apoyo con la que habían contado y, por otra, a las
innumerables muestras de la debilidad gubernamental en el contexto de crisis
socioeconómica atroz que se padece, el gobierno de Maduro había sobrevivido sin
hacer ninguna concesión relevante.
Sin embargo, pronto volvió a
atizarse la lucha, tanto institucional como de calle. El gobierno anunció un
nuevo obstáculo en el camino hacia las postergadas elecciones regionales. Ahora
las rectoras, servidoras de los intereses gubernamentales, anunciaban la
necesidad de un período de “renovación de nóminas” de los militantes de la
mayoría de los partidos. Inicialmente pensado para que tal proceso durara diez
semanas, se prolongó más de tres meses. De los 64 partidos que existían, el
proceso los redujo a 22. Con ello el gobierno ganaba tiempo una vez más,
postergando con este pretexto un anuncio de fecha para las elecciones
regionales, mientras continuaba disminuyendo el derecho al pluralismo político.
Mientras transcurría esta actividad, tres eventos en marzo abrieron una nueva
ventana de oportunidades para la confrontación política.
El primero ocurrió a mediados
del mes, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un
segundo informe sobre la crisis venezolana. Allí narró el deterioro sostenido
de la situación interna del país, desde su informe primero en mayo del año
anterior. Señaló cómo todas las gestiones realizadas, utilizando los
instrumentos contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática, habían
fracasado en persuadir a Maduro de regresar al hilo constitucional. Sugirió a
los países miembros hacerle un llamado de atención más firme a Venezuela y
comenzar a evaluar la posibilidad de suspenderla de la OEA, si en 30 días no
daba señales de comenzar a volver a la Constitución. Para el 28 de ese
mes convocó a un Consejo Permanente, iniciativa que el gobierno
venezolano rechazó y trató de cancelar sin éxito.
Mientras se daba en Washington
DC la sesión de la OEA, en Caracas fueron difundidas dos sentencias de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictaminando el
desmantelamiento definitivo de la AN. La sentencia número 155 del 28 de marzo
otorgó al Ejecutivo Nacional potestad para legislar en toda materia penal y le
ordenó gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, que había
declarado el año anterior, avalado por una sentencia también del TSJ. Esta
sentencia iba en contravención a la Constitución (CRBV), que exige que la
aprobación de un Estado de Excepción venga de la AN, la cual lo
rechazó. La sentencia 155 del TSJ, además, quitó la inmunidad
parlamentaria a los diputados opositores, basándose en un supuesto “desacato”
de la AN al máximo tribunal, por no haber formalmente retirado a los diputados
de Amazonas luego de haber encontrado indicios de un supuesto fraude en las elecciones
parlamentarias de 2015. La otra sentencia, la 156, interpretó el artículo 33 de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dándole a Maduro potestad para crear empresas
mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin
autorización de la AN. Y, aprovechó la Sala Constitucional del
TSJ para decidir que ella, o quien ella dispusiera, asumiría las competencias
de la AN mientras durase el supuesto desacato. Con estas sentencias,
Maduro cancelaba de hecho al Poder Legislativo. Fue entonces, cuando se
prendieron las alarmas de preocupación y alerta de la comunidad internacional.
El tercer evento ocurrió el
viernes 31, en el marco de la presentación del informe de gestión 2016 de la
Fiscalía General de la República. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, declaró que las sentencias emitidas por el TSJ constituían
una “ruptura del orden democrático constitucional”.
Recordó que Chávez había sido el impulsor de la Constitución de 1999 y que ese
proceso había sido un “proceso abierto, popular, participativo y
protagónico”. Con esta posición una autoridad de un poder público,
perteneciente al Poder Ciudadano, que hasta entonces había estado subordinado a
las directrices de Maduro, tomaba distancia, fisurándose el bloque de
dominación.
Las reuniones de la OEA de
fines de marzo mostraron una representación gubernamental venezolana
desencajada y ofensiva hacia los miembros de la organización que no respaldaban
sus posiciones. Esto favoreció la creciente solidaridad internacional con lo
que estaba sucediéndole a la AN venezolana. Comenzaron a producirse
pronunciamientos de agencias internacionales, otros parlamentos y gobiernos a
favor de las fuerzas políticas opositoras. Aumentaban llamados a Maduro a
detener su deriva autoritaria. El presidente de Colombia, por ejemplo, llamó a
Bogotá a su embajador en Caracas al conocerse los contenidos de las dos sentencias.
Este cambio de tono en el mundo exterior modificó las condiciones
sociopolíticas de la lucha opositora.
Al fin las fuerzas civiles
democráticas venezolanas lograban que la comunidad internacional se preocupara
por la profundidad del deterioro socioeconómico, institucional y político del
país y valorara más la lucha de la MUD. Esto contribuía a favorecer
internamente condiciones para que la ciudadanía volviera a las calles, pues se
percibía una solidaridad internacional. En abril, al llamado de la AN, multitudes
ocuparon los espacios públicos para exigir la destitución de los magistrados
irregularmente nombrados en 2015 y el retorno de elecciones. Se abrió un ciclo
de movilizaciones, que continuó hasta julio, confluyendo las de carácter
político con las socioeconómicas incentivadas por la crisis. El resultado fue
una espiral incontenible de acciones colectivas mayoritariamente pacíficas,
pero confrontacionales y, en algunos casos, violentas.
El gobierno contribuyó a
atizar el fuego de la protesta violenta al actuar con creciente y
desproporcionada represión. Las protestas diarias eran repelidas con bombas
lacrimógenas, gas pimienta, agua a presión, por parte de la Guardia Nacional y
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se veían armas en manos de protestantes
y grupos civiles prochavistas que, en complicidad con los cuerpos de seguridad,
disparaban y ejercían otras formas de violencia contra la población civil
desarmada, en particular contra estudiantes y jóvenes. El gobierno cerraba
estaciones del Metro de Caracas, o establecía “puntos de control” en las
carreteras de acceso a esta ciudad, en un intento de evitar que los ciudadanos
se incorporaran a las protestas. Los medios audiovisuales, la mayoría
controlados o amedrentados por el gobierno, no informaban de estas acciones
colectivas en un esfuerzo fallido por ocultar la magnitud de la movilización
popular. Para julio, Provea y el Foro Penal contabilizaron 139 muertes en
manifestaciones, la mayoría atribuibles a los cuerpos de
seguridad del Estado y grupos paramilitares armados prochavistas. Además registraron más de 11.900 detenidos, 1.260 presos de los
cuales aún continúan al día de hoy más de 400; 15% de ellos han sido sometidos
a tratos crueles.
El gobierno hizo esfuerzos por
movilizar apoyos, con recursos y todo tipo de facilidades, seguridades y
amenazas para que empleados y clientelas chavistas concurrieran a llamados del
gobierno a llenar calles. Sin embargo, la participación ya no podía equipararse
a los años dorados del chavismo. También, entre sus estrategias, mantenía al
grupo de expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Lionel
Fernández, haciendo gestiones a ver si lograban que la oposición volviera a la
mesa de conversaciones. Ésta se rehusó. Así, cada vez más comprometido Maduro,
el 1 de mayo, en la marcha de los trabajadores chavistas, informó de su voluntad de convocar una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) que, según dijo, sería el instrumento
para alcanzar la paz del país porque derrocaría la “guerra económica”.
La convocatoria a una ANC y el
establecimiento de la fecha de elección de sus diputados para el 30 de julio,
como tantas otras acciones del gobierno, violentaba el espíritu y la letra de
la CRBV al no cumplir con el requerimiento de obtener previamente el
consentimiento popular mediante referendo. Sobre sus bases comiciales,
señaló la ONG Observatorio Electoral Venezolano lo
siguiente:
“…las Bases Comiciales
presentadas por el Presidente… constituyen una evidente violación de las
reglas democráticas, entre ellas usurpar la soberanía popular, dividir a la
ciudadanía en sectores o corporaciones arbitrariamente seleccionados,
descartar el principio democrático ‘un elector, un voto de igual peso’ o
proponer que cada municipio elija a un constituyentista independientemente de
su significado poblacional respecto al total de la Nación. Se trata de una
propuesta armada alrededor de un registro electoral amañado e imposible de
auditar, que busca sobre representar el peso político del oficialismo, con el
propósito de tener un escenario seguro en el que se apruebe la Constitución de
acuerdo con el dibujo previo elaborado a partir del interés gubernamental”
(OEV, 25 de mayo 2017).
La iniciativa fue impugnada
por la MUD, que solicitó a la AN que activara el referendo popular consultivo,
la cual hizo en sesión plenaria del 5 de julio, fecha conmemorativa de la independencia, en medio de un asalto violento de grupos chavistas al
hemiciclo posibilitado por la complicidad de dirigentes chavistas y cuerpos de
seguridad del Estado. Al no poderse contar con el CNE para que
cumpliera el mandato legislativo, los partidos, el movimiento estudiantil y la
sociedad civil, bajo la coordinación del equipo técnico de la MUD, se
organizaron para realizarlo, fijándose la fecha del 16 de julio.
Los resultados de la Consulta Popular marcaron
un hito en el arduo camino de resistencia al régimen autoritario de Maduro. De
acuerdo con la Comisión de Garantes del proceso, constituido por rectores
universitarios, más de siete millones y medio de ciudadanos ejercieron su
derecho a exigirle al gobierno nacional desistir de su convocatoria a la ANC.
Demandaron, así mismo, en otras dos preguntas formuladas en la Consulta, que la
AN y la FFAA, dos instituciones clave del Estado, cumplan con sus obligaciones.
Es decir, redoblen sus esfuerzos para que la nación, la sociedad y el Estado,
vuelvan al cauce constitucional. Del total de votantes, contra todo pronóstico,
más de 600.000 votaron en las decenas de países del exterior donde hoy vive la
diáspora venezolana como resultado de las penurias actuales y escasas garantías
de futuro digno que hoy tiene el país.
El 30 de julio se realizó la
elección de los diputados para la ANC. Si bien conducido por el CNE, en esta
ocasión careció de condiciones de pulcritud y transparencia que, como en
procesos anteriores, permitían confiar razonablemente en sus resultados. De acuerdo con el OEV, el CNE eliminó del cronograma 14
auditorías previstas para generar confianza en el Sistema
Automatizado de Votación, redujo el número de mesas electorales a casi la
mitad, habilitó centros de contingencia, que no aseguraron el principio de “un elector, un voto” y,
como ya se señaló, avaló unas bases comiciales excluyentes y discriminatorias,
que no fueron sometidas a referendo consultivo. Esa noche el CNE informó de una
votación por encima de los 8 millones de personas sin que, hasta la fecha, haya
respaldado su cifra con números discriminados a nivel de mesas y centros de
votación.
Las elecciones regionales y
sus resultados
La ANC se instaló
inmediatamente. De acuerdo con el presidente Maduro, su carácter era
“originario”, es decir, podía contravenir la CRBV y las leyes, destituir
autoridades de los Poderes Públicos, nombrar otras, convocar procesos
electorales y hacer o deshacer cualquier cosa. Entre sus primeras acciones
destituyó a la Fiscal General, cuyas acciones obstaculizaban los objetivos
presidenciales. Sus denuncias de ruptura del hilo constitucional y sus acciones
de revisar casos de corrupción le hacían daño político al gobierno en la
comunidad internacional, al alinearse con las denuncias opositoras. No se
atrevió, sin embargo, la ANC a cerrar la AN, dado los apoyos crecientes que
venían obteniendo de la secretaría de la OEA, gobierno de EEUU, gobiernos de la
región y la Comunidad Europea (CE). Así, se avinieron a convivir en la misma sede,
el Capitolio Nacional, la AN y la fraudulenta ANC.
Si bien el CNE había
finalmente anunciado en mayo que se harían las elecciones regionales pendientes
el próximo 10 de diciembre, en agosto, la ANC decretó otra cosa y solicitó al
CNE que las adelantara para octubre. Éste actuó diligentemente y el 12 de ese
mismo mes, el directorio ordenó la reprogramación de la fecha. El 6 de
septiembre, fijó la fecha para el 15 de octubre y el cronograma se publicó un
par de días después. “Contenía ese cronograma, además de la compresión de
varias de las actividades, un insólito aparte de ‘actividades previas’,
detallando 17 que ya se habían realizado. Algunas para nada menores, como la
postulación de candidatos y actividades relacionadas que, en el anuncio del 12
de agosto, habían sido programadas para los días domingo 13 y lunes 14 las
postulaciones y las subsanaciones de recaudos correspondientes el 14 y 15. Es
decir, actividades realizadas antes de la convocatoria misma de las elecciones,
violando con ello nuevamente lo estipulado en la LOPRE. Las elecciones
convocadas, además, ya no son las regionales. Se reducen a elecciones de
gobernadores, prolongándose el ilegal diferimiento de las elecciones de los
consejos legislativos” (Lander, 2017).
Para las fuerzas políticas
opositoras fue un desafío saber cómo encarar esta situación tan
inconstitucional. Ir podía percibirse como la aceptación de una ANC fraudulenta
y reglas de juego arbitrarias. Pero, no hacerlo arriesgaba perder posiciones de
poder, sin garantías de que tuviera repercusión política en pro de la meta de
llegar a una transición democrática. Con importantes tensiones entre los
partidos y dirigentes, y la expectativa de alcanzar un importante triunfo
electoral, finalmente la mayoría concurrió. Se hicieron primarias para escoger
candidatos unitarios en 19 estados y en los otros cuatro se consiguió el
candidato unitario por consenso.
El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades,
entre las que destacaron la reubicación a última hora de más de 700.000
electores, sin información oportuna, buscando desincentivar el voto opositor;
la presencia de colectivos armados en algunos centros para amedrentar votantes
opositores con igual fin; el reparto de bolsas de comida en los últimos días de
campaña y el mismo día de la votación; la exigencia del llamado “carnet de la
patria”, un documento sin validez legal alguno y que es una modalidad de carnet
del partido oficialista, desde donde se encauzan prebendas, como becas, comida
y misiones. El presidente Maduro declaraba que,
gracias a ese documento, podía saber quiénes votaban, insinuando además que el
secreto del voto podría violarse.
Como siempre, recursos del
Estado, medios públicos y la mayoría de los privados estuvieron al servicio de
los candidatos oficialistas. Dada la magnitud de los atropellos, abusos,
ventajismos e, incluso, la constatación de un fraude con los votos ejercidos en el
estado Bolívar, denunciado por el candidato opositor, Andrés Velásquez, no
puede saberse con propiedad cuáles fueron los resultados de este proceso. Los
datos oficiales, empero, proclamaron el triunfo de cinco candidatos opositores
y 19 oficialistas. Las gobernaciones ganadas por candidatos de la MUD serían:
Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta.
Desde entonces, son muchas las
interpretaciones que diferentes políticos, encuestólogos y analistas han dado a
estos resultados. Se les percibe como asombrosos e incompatibles con lo
registrado días antes por encuestas de preferencia del voto y ese día a boca de
urna; con la muy alta impopularidad del gobierno y los efectos políticos de la
crisis atroz que sufre la población, que presagiaba un voto castigo importante
contra el gobierno. Sin embargo, dificultades de la oposición por las tensiones
y fragmentaciones que visibilizaba la MUD, fatiga y desencanto del voto
opositor, también pudieron haber contribuido en algunos estados a no
participar, pero en general, la abstención no fue alta. Al contrario, la
participación, según el CNE se colocó en 71%. No es mi objetivo desmenuzar
estos análisis, muchos, sin duda, bien sustentados en lo que afirman. Una
mirada panorámica de ellos induce a sospechar que, en efecto, se produjo un
proceso fraudulento en todas las etapas, incluido el día de votación, una
especie de trampa de alta sofisticación, planificado con anterioridad por los
técnicos del gobierno, en complicidad con el CNE y ejecutado exitosamente. La
oposición, los 15 países del grupo de Lima, y la UE desconocieron la
legalidad o legitimidad de este evento y los resultados. El
gobierno, sin embargo, celebró su triunfo y advirtió a los gobernadores
opositores electos que, de no juramentarse ante la ANC, perderían sus derechos
a gobernar sus entidades. Hasta un funcionario tuvo la insólita ocurrencia de
decir que no jurar ante la ANC era “traicionar al pueblo”.
¿Cómo seguir? Dirección
política y participación
La democracia ha venido
agonizando sin prisa y sin pausa. La combinación de la dominación carismática y
la construcción de grandes redes clientelares alimentados con el tesoro
nacional, como los consejos comunales y, más recientemente, el control social alcanzado
por el gobierno en materia electoral a través de la distribución por parte de
organizaciones oficialistas de las bolsas/cajas de alimentos CLAP y el
mecanismo del carnet de la patria, han establecido un sistema de desigualdad y
privilegios que en nada corresponde con los principios rectores de un sistema
democrático. Por otra parte, desde que Maduro asumiera el poder, la dominación
carismática ha dado paso a otra de naturaleza neopatrimonial, donde se han
borrado definitivamente las fronteras entre lo público y lo privado, ambos
controlados ahora por el chavismo madurista. Se han transformado los
familiares, amigos y colegas militares de Chávez y de Maduro en tribus
políticas que controlan el aparato del Estado para su usufructo privado. Se han
superpuesto los intereses personales de las tribus a los de una supuesta
“revolución”. Incluso, algunas de las tribus se han venido metamorfoseando en
organizaciones criminales, dada la impunidad de la que gozan para hacer sus
fechorías.
Bajo este marco o contexto,
nuclear las estrategias opositoras en torno al hecho electoral carece de
sentido. Esta elección de gobernadores ha revelado cómo el mecanismo electoral,
en control de Maduro, es ya un instrumento eficiente para avanzar en un sistema
político similar al de hegemonía de partido único, que configuró y consolidó el
PRI en México por varias décadas. No sin razón las habilidades de ese partido,
que ancló su legitimidad en la revolución mexicana, fue muchas veces tildado de
dictadura perfecta. Una versión más reciente y chabacana, pero también exitosa,
ofrece Nicaragua.
La debilidad de la MUD, en mi
criterio, se debe principalmente en su incapacidad de trascender el rol de
plataforma electoral unitaria de los partidos y erigirse en una dirección
política más compleja. En esta nueva fase de la lucha democrática que se ha
abierto a partir de la derrota por vía electoral, esta incapacidad la mantiene
ineficaz. Al comprobarse con los resultados de gobernadores, que el mecanismo
electoral se ha engranado en una estrategia autoritaria y totalitaria, la MUD
se ha visto sobrepasada y, como consecuencia, sus partidos están desorientados
y más divididos que nunca. Su implosión se desenvuelva ante nuestros ojos.
El dilema de participar o no
en futuras elecciones pareciera un planteamiento incorrecto, que más bien puede
ayudar a ocultar el verdadero problema que hoy tienen las fuerzas
sociopolíticas que pugnan por llegar a una transición democrática: la falta de
una estrategia política unitaria para alcanzar tal propósito. Una estrategia
que coloque el hecho electoral no como centro sino como parte de un juego mucho
mayor, más complejo, y centrado en otra parte. Las elecciones debieran ser hoy
sólo una pieza del rompecabezas mayor que hay que armar para acabar con una
dictadura de vocación totalitaria que avanza en su consolidación. La dictadura
de las tribus maduristas ha ido construyendo varios y poderosos mecanismos que
necesitan ser desmantelados, deslegitimados, reventados o debilitados. Lo
electoral es importante pero no es fin, sino uno de los muchos medios que deben
usarse.
¿Cómo se hace esa dirección
política más compleja? He ahí el dilema. No soy política y por tanto sólo puedo
hacer sugerencias que sabrán ser consideradas y concretadas en acciones por los
partidos y quienes tienen vocación y ejercen la política.
Para mí, salta a la vista la
imperiosa necesidad de deponer ambiciones personales, en particular las
presidenciales. Los Ramos Allup y Capriles Radonski de la política parecieran
en tiempos recientes convencidos de un camino hacia la transición democrática
que pasa por las próximas elecciones presidenciales de 2018. Andan todo el
tiempo en campaña y dándose codazos, o golpes bajos peores. No comparto esta
percepción, que le está haciendo un gran daño a la posibilidad de desandar el
camino totalitario que llevamos.
La transición democrática se
aleja de nuestro horizonte cada vez que pensamos sólo en estrategias de corto
plazo: que si las regionales, que ahora las municipales, que cómo escogemos el
próximo candidato presidencial… así se va alejando el objeto de nuestros
deseos: ¿cómo abonamos el terreno para que las tribus maduristas se convenzan
de que deben irse? ¿Cómo las obligamos? Pensemos, para terminar este artículo,
en algunas respuestas a esta pregunta.
Un aspecto clave tiene que ver
con los privilegios y prebendas de que goza hoy el entorno de los
Maduro-Flores, sus familiares, amigos y los militares que los apoyan. Se trata
de una impunidad que en Venezuela es total, lo que les ha permitido lucrarse
ejerciendo todo un conjunto de actividades ilegales. ¿Cómo se revierte esto?
Los crímenes de cuello blanco —tipo Odrebrecht donde están ensartados más de 20
ministros o los delitos cambiarios donde muchos más han amasado grandes
fortunas— y los de sangre —los casos del vicepresidente y del ministro de
Relaciones Interiores, incorporados a la lista OFAC del Departamento del Tesoro
de EEUU por sus vínculos con el narcotráfico— por su cuantía no tienen paragón
en la historia latinoamericana. El nepotismo es otro privilegio descarnado: las
hijas de Chávez están en la Casona y/o en funciones públicas, sin tener mérito
alguno, Nicolás Maduro hijo tiene múltiples cargos, escoltas y carros. Los
llamados narcosobrinos, familiares que los chinos llaman “hijos de cuadro superior”,
vivían como aristocracia revolucionaria. Y así, otras prebendas: las cajas
CLAP, la bequita, la vivienda para los enchufados más bajos y las clientelas.
¿Cómo se enfrenta políticamente esto? ¿Qué piensan hacer los dirigentes sobre
ello, además de denunciarlo discursivamente? Si hubiera que negociar en esta
materia ¿qué puede negociarse y qué no?
¿Cómo se puede incentivar la
vuelta a la calle de la ciudadanía democrática? En su última salida, quedaron
140 muertos, miles de detenidos y heridos, decenas torturados, todavía hay
cientos de presos políticos, algunos sometidos a tribunales militares. ¿Qué
están haciendo los partidos para crear condiciones menos arduas para promover
protestas no violentas masivas, imprescindibles para volver a ejercer presión
sobre el gobierno? ¿Sólo discursos? Los partidos necesitan fortalecer sus bases
para, entre otras difíciles funciones, organizar, proteger, coordinar y
conducir, junto a actores sociales, multitudes en los espacios públicos. Si no,
los resultados seguirán siendo magros, la presencia en las calles, cada vez más
reducida y pudiera debilitarse la actual firmeza de la comunidad internacional.
Sabemos que la MUD cuenta con
equipos técnicos que discuten políticas necesarias para salir de la crisis.
Sabemos que la AN también lo hace. Sin embargo, hablan poco de esto al
ciudadano de a pie. Me parece que la imagen de los políticos más destacados
sigue siendo la de un amateur, valiente, pero poco formado y enfocado más que
nada en discursos efectistas. Si han de ser gobierno deben presentarse como
capaces de serlo, deben hablar sobre sus propuestas, qué harían primero, qué
después, deben proyectarse unidos y respetuosos unos de otros. Imaginarse como
estadistas. ¿Cuál es el futuro que podemos esperar con ellos? Parecieran
anclados en la imagen de víctimas, que es una sola de las dimensiones de su
liderazgo y quizás no la principal para una población, que sufre una crisis
extrema de alimentos, medicinas, y todo tipo de necesidades básicas. Necesitan
dar respuestas más claras, responsables y constantes sobre esto.
Últimamente circula la idea de
la necesidad de un liderazgo único para conducir a las fuerzas democráticas a
las presidenciales de 2018. ¿Creen los políticos opositores, realmente, que el
oficialismo va a dejarlos ganar esas elecciones? Quizás esperan más de lo que
puede dar las presiones de la comunidad democrática internacional, que son
limitadas y en mucho dependen de la firmeza en lo interno del país. ¿Es un
liderazgo único, escogido en primarias o con consenso la solución a nuestros
males? Serias dudas me asaltan sobre esta nueva estrategia que se está
desarrollando. La experiencia en otros países, y aún en Venezuela, es que la
dictadura se combate con una dirección política, es decir, deponiendo los intereses
personales y de partidos, para crear un frente amplio de actores políticos y
sociales, que concentre decisiones y coordinaciones en aras de los intereses
del país, que busca salir de la oprobiosa situación mediante el esfuerzo de
todas las fuerzas actuando conjuntamente. Unas elecciones primarias no van a
desvanecer, como si fuera una varita mágica, las serias desavenencias que hoy
carcomen a la MUD, las ciegas ambiciones de un puñado de líderes que en esta
hora menguada piensan que ellos van a ser el candidato presidencial y no se
resignaran a que sea otro. Necesitamos acá mejor perspectiva, saldar
desacuerdos, sellar compromisos. Una mesa de negociación entre estos líderes, y
entre sus partidos, en torno al diagnóstico y la estrategia unitaria que es hoy
imprescindible. Y quien no esté de acuerdo con lo acordado, que forme su tienda
aparte.
Desafortunadamente, las
elecciones presidenciales no están garantizadas y sólo se darán si el gobierno
se asegura antes de ganarlas. Luchar por mejores condiciones electorales
debería formar parte de una estrategia más global que incluye lo electoral,
pero es mucho más que eso. No tiene lógica seguir un cauce únicamente
electoral, que no lleva sino a lo mismo que hemos vivido en 2016 y 2017. Una
mirada más madura y consciente de la gravedad de la nueva etapa que ahora
vivimos ha de convencer a políticos y ciudadanos en la necesidad de deponer
intereses individuales o particulares de un partido u otro, y hacer el esfuerzo
por trascender el inmediatismo. La luz al final del túnel aún no se avizora.
Por el contrario, parece haberse alejado. Es clave enfriar las ambiciones y que
los dirigentes se crezcan ante las dificultades, pero menos con valentía y más
con inteligencia, habilidad, paciencia. Sólo así merecerán el respeto de la
ciudadanía que volverá a seguirlos y redoblará sus esfuerzos para alcanzar el
umbral de una transición democrática. El camino ha resultado más largo y
difícil de lo pensado, pero la distancia es hoy menor a cómo se empezó.
***
Referencias
Lander, Luis E. (2017): “¿Son
aceptables los resultados del 15O?”, Sic, en prensa.
31-10-17
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