Ovidio Pérez Morales 17 de enero de 2019
El
episcopado venezolano ha utilizado la categoría “moralmente inaceptable” para
calificar al presente régimen. Hay dos referencias claves al respecto. La
primera, con ocasión de la propuesta de reforma constitucional en 2007; la
segunda, a propósito de este 10 de enero.
La
Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la propuesta de reforma para instaurar
un Estado socialista (marxista-leninista, estatista), por ser esta “contraria a
principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de
la persona y del Estado (…) excluye a sectores políticos y sociales del país
que no están de acuerdo con el Estado socialista, restringe las libertades y
representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos”. Agregó:
“Por cuanto el proyecto de reforma vulnera los derechos fundamentales del
sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la
convivencia social, la considera moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia” (Exhortación Llamados a vivir en libertad, 19 octubre
2007). La propuesta, rechazada entonces por el pueblo soberano, el régimen la
ha venido imponiendo al margen de toda legalidad y legitimidad.
El
mismo episcopado, en asamblea plenaria de la semana pasada, ante la ilegítima
pretensión del ciudadano Nicolás Maduro de continuar ejerciendo la gestión
presidencial, afirmó: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda
costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas
décadas: ¡es moralmente inaceptable!”. (Exhortación Lo que hicieron a uno de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron (Mt 25,40), 9 enero
2019).
A
propósito de estos calificativos resulta oportuno recordar aquí tres niveles de
identificación del comportamiento humano: fáctico, legal y ético. El primero se
refiere a lo que simplemente se da, de facto, y que puede ser medido en
encuestas e investigaciones sociales. El segundo (jurídico) apunta al actuar
humano según se ajusta o no a la Constitución y las leyes (de iure); el
calificativo aquí es legal o ilegal, sin más. El tercero (ético) juzga la
concordancia del actuar con la condición y la dignidad del ser humano, así como
con los derechos (“derecho natural”) y deberes que de ellas se derivan; el
calificativo correspondiente es moral o inmoral. Estos tres planos están
llamados a conjugarse y armonizarse en una convivencia de calidad humana y
social. Sin embargo, la realidad histórica abunda en divorcios y
contradicciones. No todo actuar de hecho se ajusta a la ley, ni toda ley
(también de rango constitucional) puede automáticamente conceptuarse como
moral. El adjetivo legítimo-ilegítimo, si bien suele utilizarse también en el
ámbito jurídico, se aplica más propiamente en el campo ético.
Lo
“moralmente inaceptable”, por tanto, es una falla que va más en profundidad que
lo ilegal e inconstitucional. Lo moral, en efecto, tiene que ver con el ser y
el actuar humanos en su mayor hondura y dignidad; guardando, por consiguiente,
una ligazón estrecha con lo religioso. Para el creyente lo ético expresa
operativamente el relacionamiento (religatío) con Dios. Gandhi, M. L. King,
Mandela y monseñor Romero en su denuncia, anuncio y compromiso ponían el acento
fundamental en lo que estimaban más trascendente del ser humano.
La
política entra en todo, pero no lo es todo. La Iglesia y, consiguientemente,
sus pastores, han de entrar necesariamente en lo político, lo concerniente al
bien-ser/bien-estar de la polis (ciudad, convivencia); y ello en la perspectiva
moral y religiosa que les corresponde, la cual tiene que ver con lo más
profundo y definitoriamente humano. El criterio del Juicio Final según san
Mateo 25 40, es claramente indicativo al respecto: el amor a Dios pasa
ineludiblemente por el amor al prójimo. Bastante repetido en la enseñanza de la
Iglesia es que “todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo
Dios, de quien es imagen”. ¡La gloria de Dios es que el hombre viva!, se dijo
desde antiguo.
Ovidio
Pérez Morales
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