Por Michael Penfold
Venezuela entró en las
tinieblas. No hay otra forma de describirlo. El 10 de enero marca la decisión
voluntaria de una parte del chavismo, así como del estamento militar, de
permitir que en Venezuela se entronice una clase política en el poder, que optó
por desmantelar el Estado de derecho y abandonar todo vestigio de origen
democrático. A partir de esa fecha, como resultado de esta dinámica, lo que se
avecina es la naturalización de la anarquía, la profundización del aislamiento
internacional y el quiebre definitivo de la economía venezolana.
Quienes piensen que a partir
del traspaso de este umbral es posible que se abran diversos senderos, se
equivocan: o hay cambio político que conlleve a restaurar el orden
constitucional y democrático o el país será inviable.
La situación es tan
dramática, que las distintas maneras como pudiera llegar a ocurrir el proceso
de cambio comienzan a ser irrelevantes; lo único sustancial es que ese proceso
se materialice lo antes posible. Algunos pueden preferir alguna modalidad que
incluya una negociación, otros una fractura interna e incluso algunos otros una
ruptura radical. Pero lo cierto es que a estas alturas lo central es frenar la
destrucción definitiva del país.
Venezuela está absolutamente
quebrada. El 2018 marcó la aceleración del deterioro económico y social más
grande de nuestra historia republicana. Para finales del año pasado, ya
habíamos perdido la mitad del tamaño de nuestra economía. La aceleración de la
hiperinflación perdió todo referente histórico latinoamericano. La ola
migratoria adquirió proporciones ciclópeas. Y en menos de 10 meses perdimos,
según fuentes secundarias, más de 650 mil barriles diarios de producción
petrolera; es decir, casi la mitad de la caída de la producción de los últimos
cuatro años.
Algunos aventajados
observadores se preguntarán con razón: ¿cómo fue que el gobierno sobrevivió
semejante debacle? La respuesta a esa interrogante abarca un grupo muy amplio
de elementos: cerrando y contaminando políticamente la arena electoral,
promoviendo la fuga de la población, haciendo ‘‘default’’ de la deuda
externa (lo cual le facilitó contar con más de 8 mil millones de dólares de
recursos adicionales), condicionando políticamente los subsidios directos e
indirectos, permitiendo la extracción de oro a cualquier costo ambiental (que
se tradujo en más de 1 mil millones de dólares en exportaciones), manteniendo
un férreo control sobre las importaciones y dividiendo a la oposición. Para
sobrevivir, el gobierno practicó la indolencia. Estos mismos observadores
podrían preguntarse seguidamente: ¿pero por qué no volver a repetir esa misma
fórmula en el 2019?
El gobierno intentará
afianzar algunos de estos elementos a lo largo del nuevo año para mantenerse en
el poder, especialmente aquellos que le vienen funcionando en el plano político
y social. Sin embargo, la posibilidad de repetir los mismos trucos en el plano
económico será muy limitado. La producción promedio de petróleo de todo el 2018
fue de 1.3 millones de barriles diarios y la producción promedio del 2019, con
unos precios que han caído ante el debilitamiento de la economía global, estará
cercano a los 950 mil barriles diarios. Este colapso productivo y la
disminución de los precios petroleros supone una merma del ingreso mucho más
alta que la que vivimos anteriormente. De modo que aun si se continúa haciendo
‘‘default’’ y se logra exportar la misma cantidad de oro, Maduro se va a
encontrar con una restricción externa significativa.
Para cerrar esa brecha, el
gobierno podría estar dispuesto a seguir recortando importaciones, pero las
mismas ya están en niveles tan bajos que la presión social podría ser
prohibitiva. Esta presión, conjuntamente con la hiperinflación, van a terminar
de marcar un clima social cada vez más enrarecido en el plano nacional, el cual
estará marcado por mayores desigualdades y por una proporción aún más grande de
la población viviendo en situación de pobreza extrema. Esto a su vez acelerará
el problema migratorio hacia Brasil y Colombia, y terminará de hacer más
sensible el tema venezolano. Contrario a lo que espera el gobierno, Rusia y
China tampoco saldrán al rescate: el tamaño del problema es demasiado grande.
Ambos países ya han comenzado a mostrar más interés en la cooperación política
que en la económica y financiera. Cuba también comienza a reconocer
privadamente entre algunos países latinoamericanos, pero sobre todo con algunas
naciones de Europa, que tiene un gran problema en Venezuela.
Frente a esta realidad,
Nicolás Maduro no tendrá más alternativa que flexibilizar cada vez más el
mercado cambiario, esperando que lo que queda de un sector privado
extremadamente menguado, financie directamente parte de las importaciones del
país. También cederá mayor control sobre la faja del Orinoco a sus socios
internacionales actuales, buscando garantizar un flujo mínimo de producción de
petróleo pesado. Igualmente, PDVSA podría extender contratos de servicios a
terceros, esperando frenar el colapso de la producción de crudos
convencionales. Sin embargo, es poco lo que un sector privado puede financiar
sin seguridad jurídica, sin acceso a líneas de crédito internacionales y con un
mercado interno cada vez más pequeño. El tamaño de la destrucción productiva
del país es demasiado grande.
Tampoco es mucho lo que los
privados pueden hacer en el sector petrolero. Los requerimientos de inversión
para reactivar los pozos de crudos ligeros son extremadamente altos y
difícilmente podrán atraer recursos con las sanciones internacionales
existentes y con contratos que no tienen el respaldo legal de la Asamblea
Nacional. En el fondo, ningunas de estas medidas pueden llegar a ser creíbles
en el marco del quiebre institucional y financiero del país. El gobierno
comienza a reconocer esta realidad. Según algunos medios internacionales, en
un contrato de servicios petroleros recientemente otorgado de
forma opaca a un consorcio norteamericano para el Lago de Maracaibo,
que es el más grande que hasta ahora se haya firmado, se acepta la validez del
mismo sólo si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extiende una
licencia a esta empresa para que pueda operar bajo las sanciones a las que está
sujeta tanto Venezuela como PDVSA. El otorgamiento de esa licencia pareciera
improbable debido al endurecimiento de las sanciones por parte de los Estados
Unidos. Sin embargo, de ser cierta esa información, el contrato es en sí mismo
una confesión pueril de las partes: se acepta que dados los problemas actuales
que enfrenta la industria es imposible su recuperación.
De ahí que la mayor presión
vaya a venir del plano internacional. El impacto de esta presión será cada vez
más aguda, precisamente porque las vulnerabilidades externas son cada vez más
grandes. El Grupo de Lima, con excepción de México, acaba de anunciar que no
reconocerá la juramentación de Nicolás Maduro para un dudoso segundo mandato.
Estados Unidos se unió al pronunciamiento y la mayor parte de los países
europeos también lo harán. Las probabilidades de que las sanciones
internacionales se terminen de recrudecer pocos días después del 10 de enero
serán cada vez más altas. Por ejemplo, la posibilidad de que Washington prohíba
la exportación de diluentes a Venezuela pondría en riesgo por lo menos 350 mil
barriles de crudo pesado. En estos momentos, el piso de la producción petrolera
de PDVSA descansa exclusivamente sobre la producción de la faja que podría
pasar muy rápidamente, en caso de activarse estas sanciones, de 850 mil
barriles a 500 mil barriles diarios. El impacto de esta medida internacional
sería enorme.
Del mismo modo, la Casa Blanca está discutiendo la opción de incorporar a
Venezuela a la lista de países patrocinantes del terrorismo, un
pequeño club al que pertenecen otros países petroleros como Irán, lo cual
implicaría pasar de ser una nación que tiene un tratamiento de política
exterior ligado a una crisis política y humanitaria, a convertirnos en una
amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La diferencia no es
menor, así sea arbitraria. Otros países latinoamericanos también están
amenazado con pasar de la retórica diplomática e incorporarse al uso de las
sanciones financieras en contra de empresas e individualidades vinculadas al
gobierno. Finalmente, actores privados, en particular los acreedores de la
deuda tanto soberana como de PDVSA, así como empresas a las que no se les han
cancelado sus compromisos, van a continuar actuando judicialmente, buscando
tomar control de sus diversos activos internacionales, lo cual puede volver a
poner en riesgo la frágil operatividad de la industria petrolera. Por lo tanto,
la posibilidad de seguir haciendo default, que fue la táctica más
importante en 2018 que utilizó el gobierno para poder sobrevivir financieramente,
es cada vez más limitada y riesgosa.
La verdadera incógnita es lo
que pueda llegar a ocurrir en el plano estrictamente nacional. Tres fuerzas
serán determinantes en el 2019. La primera es el papel de la Asamblea Nacional.
En un país que vive en una situación de hecho y no de derecho, el poder
legislativo es la única entidad que resta constitucionalmente; la única
legítima y democráticamente constituida. Ahora bien, su capacidad para actuar
políticamente no va a depender de los problemas interpretativos de una
Constitución que a los efectos prácticos ha sido disuelta; su capacidad de
influir y convertirse en un actor relevante para impulsar el cambio va a
depender de si efectivamente es capaz de ganar mayor credibilidad, en un
momento en el que la oposición se encuentra debilitada debido a sus propias
divisiones internas.
Si la Asamblea Nacional
decide actuar exclusivamente en función de sus prerrogativas formales, es
decir, desde el ámbito estrictamente “de jure”, en un contexto en el que las instituciones
dejaron de operar, entonces se encontrará con una realidad muy contradictoria:
aun siendo legítima y reconocida internacionalmente será políticamente
irrelevante. Para revertir esta realidad, el Parlamento debe consolidar
alianzas internas y externas, es decir, debe operar eficientemente en la esfera
política, para poder garantizar que sus decisiones puedan ser ejecutadas. Tan
sólo de esta forma puede llegar a tener un papel preponderante en el proceso de
cambio político. De lo contrario, se va a repetir lo que sucedió con las
declaraciones de abandono del cargo y con el nombramiento de los poderes
públicos alternativos.
El segundo actor clave, que
representa el principal resorte “de facto” que sostendrá a Nicolás Maduro en el
poder después del 10 de enero, será la Fuerza Armada. Hasta ahora, la
institución militar ha optado por inhibirse frente a las dudas que circunda la
legitimidad de origen de la Presidencia de la República. La legitimidad de
origen, que desde décadas atrás siempre ha tenido un carácter democrático, ha
sido tradicionalmente la columna vertebral de esa organización pues marca la
línea de mando de quien como primer mandatario es el comandante en jefe de la
institución. Eso ha operado históricamente de esa manera desde 1958. Ese mismo
principio fue también la fuente más importante del liderazgo que sobre ella
ejerció Hugo Chávez Frías durante el periodo 1998-2012: su legitimidad estuvo
reforzada por el hecho de que nunca perdió una elección presidencial y porque
las mismas generalmente fueron ampliamente reconocidas.
De ahí que la problemática
central para la institución castrense no será tanto los temas interpretativos
de la constitución nacional, entre ellos la falta de funcionamiento de la
división de poderes, sino la misma legitimidad de origen de la Presidencia de
la República. En la medida en que la duda sobre ese origen se continúe
profundizando, la presión institucional sobre ella irá en aumento. Es poco
probable, dada su aversión al conflicto y su sentido histórico de conservación
–así como su deseo de mantener control sobre las rentas económicas que tiene
sobre diversos sectores básicos de carácter extractivo–, que en caso de que
decida actuar, lo haga como algunos esperarían, sino que más bien termine
pronunciándose pública o privadamente sobre la necesidad de impulsar una nueva
negociación política que conduzca pacíficamente a un proceso electoral validado
internacionalmente.
En este sentido, los
militares, tan solo con un pronunciamiento institucional de esa naturaleza y sin
la necesidad de usar las armas -debido a la fragilidad del sostén jurídico de
Maduro-, podrían precipitar de una forma irreversible una crisis de poder.
También es indudable que el deterioro institucional y su politización interna
se han convertido en un factor de verdadero riesgo, por lo que la insurrección,
en caso de ocurrir, puede terminar en un conflicto de alto calibre, el cual
podría extenderse como consecuencia de la presencia de grupos irregulares
armados en todo el territorio nacional. Ante este riesgo, para el gobierno es
fundamental persuadirlos de que la elección del 20 de Mayo de 2018 fue
legítima, e incluso producto de una negociación que fue abortada por la
oposición en República Dominicana y que la juramentación de Maduro por parte
del Tribunal Supremo de Justicia está efectivamente apegada a derecho.
Adicionalmente, el gobierno
les tratará de vender el discurso de que la presión internacional es producto
de una oposición apátrida que está dispuesta incluso a comprometer la soberanía
nacional. Es por ello que la inclusión del tema de Guyana en la última
declaración del Grupo de Lima resulta inexplicable, debido a que valida ese
tipo de retórica oficialista. Si Maduro fracasa en ese objetivo, algo que
también depende de la capacidad de la oposición de convencerlos de que la
presidencia está siendo efectivamente usurpada y que las consecuencias de ese
acto son enormes, entonces su fuente más importante de poder se vería
definitivamente debilitada.
Finalmente, están las
fuerzas internas del chavismo. El chavismo se encuentra electoralmente
disminuido, pues sus supuestos triunfos son resultado de un sistema electoral
sin credibilidad alguna. Pero es indudable que sigue siendo, individualmente,
el principal partido político del país. Chávez, aún después de muerto, posee
todavía una alta popularidad en muchos sondeos de opinión pública. La marca
política de un movimiento populista como el chavismo, al igual que el peronismo
en Argentina, mantiene su valor. En la medida en que la presidencia de Maduro
se debilite ante su propia crisis de legitimidad, será cada vez más atractivo
para las facciones internas del oficialismo rebelarse para tratar de
capitalizar el proceso de cambio político. Existen algunos cuadros políticos,
mayormente a nivel de las gobernaciones, que podrían jugar un papel importante
de renovación, pero bajo un sistema competitivo, con garantías electorales,
probablemente tengan mayores dificultades para ganar cualquier comicio
nacional. Pero esto sólo ocurrirá cuando la sostenibilidad de la presidencia de
Maduro esté definitivamente comprometida. Tan sólo en ese instante esas
facciones comenzarán a ser relevantes.
Es indudable que a partir
del 10 de enero, Venezuela va a experimentar varios meses de altísima
incertidumbre. Maduro va a resistir. No le queda otra opción una vez que ha
apostado por quedarse en el poder de la forma cómo lo ha hecho. Pero resistir
puede involucrar hacer concesiones económicas y también políticas pero en
ningún momento esas concesiones involucrará unas nuevas elecciones
presidenciales. La apuesta es quedarse contra viento y marea. Si logra
aguantar, se consolida en el poder, aún si queda herido; pero basta analizar la
dinámica tanto política como económica para entender que no tiene todas las
cartas marcadas. El costo para el chavismo, incluso para aquellos que lo apoyan
dentro del sector castrense, es cada vez más alto y la posibilidad de que estos
grupos puedan influir dentro del proceso de cambio, los puede llevar también a
tratar de capitalizarlo. Debido a este riesgo, el esfuerzo de resistencia de
Maduro será intrínsecamente inestable. Desde un punto de vista económico y
social, en la medida que logre aguantar exitosamente, terminará condenando a
todo un país. Las consecuencias de esta posibilidad son alarmantes, pero no por
ello dejan de ser altamente probables. Ya Maduro ha logrado en el pasado,
contra todo pronóstico, mantenerse en el poder.
El cambio político tampoco
es imposible. Las presiones serán enormes para buscar alguna salida negociada,
sobre todo si las sanciones internacionales petroleras terminan de escalar.
Pero ese proceso dependerá de una dinámica compleja en un país que va a quedar
cada vez más aislado y en el que muchos grupos de diversos orígenes buscarán
cooperar para tratar de salir de la situación en la que estamos postrados. Para
poder llevar adelante este proceso, se va a requerir de un gran sentido de
responsabilidad política, algo que hasta ahora ha estado ausente tanto en el
seno de la oposición como del chavismo.
El país debe comprender que
el problema no lo representa solo el radicalismo sino también los extremismos:
el afán de imponerse a costa de los derechos y las garantías de los demás. Dada
la fragmentación de todos los sectores del país, quien pretenda controlar el
cambio desde su posición, pensando que lo puede aprovechar para sí mismo sin
entender las limitaciones que enfrentamos todos, sin comprender que es
necesario otorgar garantías, que el ‘todo o nada’ en estos momentos está
completamente fuera de juego, estará poniendo en riesgo la única esperanza que
tiene Venezuela de reinstitucionalizarse, rescatar su democracia e iniciar su
reconstrucción. Venezuela no necesita héroes ni grandes épicas. Requerimos
instituciones, derechos, elecciones transparentes y sobre todo una gran dosis
de sentido común.
08-01-19
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