AFP 07 de septiembre de 2020
@AFPespanol
Más
de 100.000 venezolanos, según cifras oficiales, han retornado a su país en
medio de la pandemia de coronavirus. El testimonio de uno de ellos revela las
dificultades a las que se enfrentan en su viaje de regreso.
Carlos pasó ocho días de frío en una plaza de Bogotá.
Desempleado por la pandemia de coronavirus le tocó volver a Venezuela. Una vez
en su país, dice que aguantó un mes de “hambre” en un albergue estatal donde lo
internaron para cumplir cuarentena.
Le dijeron que debía pasar 14 días en uno de los refugios dispuestos por el gobierno socialista
para la llegada de retornados, los llamados PASI (Puntos de Asistencia Social e
Integral), en su caso en el occidental estado de Táchira, fronterizo con
Colombia.
Sin embargo, aunque resultó estar libre del virus, la
estadía de Carlos, nombre ficticio para reservar su identidad, se extendió
mucho más por los retrasos en las pruebas de detección, hasta hace poco
concentradas en un laboratorio en Caracas.
“Un mes de vida perdido (...), aguantando hambre,
mucha hambre”, dice a la AFP este cocinero de 31 años. Tanto él como su esposa
perdieron unos 10 kilos durante los 31 días que pasaron encerrados.
En las cenas, por lo general, servían lo mismo que en
el almuerzo. “El menú al desayuno era una panqueca pura (sola). Y todos los
almuerzos siempre fueron arroz y lentejas, algunas veces con yuca y otras veces
tres pedacitos de garra de cochino”, detalla Carlos.
“Todos comían igual, el personal médico y los
soldados”, recuerda Carlos, quien presentó molestias estomacales. “La principal
opción para mejorarme era no comer lo que nos daban, eso fue lo que me
enfermó”.
“Prohibido tomarle fotos a la comida”
A Carlos, que emigró en 2017, lo llevaron a un sucio
gimnasio con colchonetas en el piso. Unas 50 personas se organizaban para
asearlo. “Todos los días limpiábamos, ellos (el gobierno) nos daban cloro y
jabón”, relata.
“Los colchones eran alambres forrados”, describe.
En el sitio, vigilado por militares, “no había mucho
que hacer, sino estar encerrados en el salón todo el día; solo salíamos para
bañarnos”. Muchos se entretenían con sus celulares, pero tenían “prohibido
tomarle fotos al personal y a la comida”, cuenta Carlos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y altos funcionarios
de su gobierno defienden la gestión de los PASI, pero en varios de estos
albergues han sido reportadas protestas por malas condiciones, lo que llevó a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar
“preocupación”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), una de las principales casas de estudios
superiores de Venezuela, documenta casos de fallos en servicios básicos como
agua, hacinamiento y alimentación insuficiente.
Otros han vivido mejores experiencias. Valeria, cuyo
nombre real es reservado, regresó en un vuelo humanitario y afirma que los
“trataron bien”.
“Nos dieron tres comidas diarias que trataban de
variarlas, dejaban que familiares te mandaran cosas esenciales”, indica
Valeria, que pasó tres días en un abandonado complejo turístico del costero
estado La Guaira rehabilitado para cuarentenas.
Según el gobierno, en este país de 30 millones de
habitantes se han registrado unos 53.289 contagios y 428 muertes por el
covid-19 desde marzo, cifras cuestionadas por la oposición, que considera que
esconden una situación mucho peor.
“Bioterroristas”
Carlos es uno de los más de cinco millones de
venezolanos que según la ONU dejaron su país desde finales de 2015 por la
crisis.
No le iba mal en Bogotá. Trabajaba en una pizzería,
pero la pandemia cambió las cosas: “Las ventas bajaron mucho y la pizzería no
vendía lo suficiente para pagarnos a todos”.
Su caso no es aislado en días de pandemia. Unos, como
Carlos, volvieron por cruces limítrofes legales; pero otros lo hicieron por
trochas, pasos informales por las fronteras con Colombia y Brasil.
Más de 100.000 venezolanos, según cifras oficiales,
han retornado. Maduro y varios de sus funcionarios culpan a los “trocheros” por
el incremento de casos.
El mandatario chavista incluso llegó a denunciar “un
plan” del presidente de Colombia, Iván Duque, para usar retornados para “contaminar”
Venezuela.
“Un trochero o una trochera infectado es un
bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia.
¡Denuncia, no tengas miedo!”, publicó en Twitter el Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada.
Y un funcionario en el fronterizo estado de Zulia los
llegó a tildar de “armas biológicas”. La ONG Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) condenó los “discursos de odio y
estigmatización” contra quienes retornan.
“Si alguien se ofendió por alguna expresión que se
dijo, ofrecemos disculpas”, expresó Maduro ante la fuerte controversia
generada.
Las autoridades han anunciado decenas de detenciones
en operativos contra cruces fronterizos informales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico