Benigno Alarcón 01 de septiembre de 2020
@benalarcon
Para
el liderazgo de la alternativa democrática, que ha decidido no participar en
los comicios parlamentarios, se impone la necesidad de dar un golpe de timón
estratégico ante un posible cisma en sus filas, lo que abonaría a una mayor
autocratización y estabilización del régimen.
Uno de los desafíos más importantes para la oposición
está en el escepticismo y la desesperanza que desmoviliza a la población tras
los intentos que, durante dos años, han tratado de materializar sin éxito el
primer objetivo de la ruta estratégica marcada por la oposición liderada por
Juan Guaidó, o sea, el cese de la usurpación. Esto explica la disminución en la
confianza como consecuencia de las expectativas no alcanzadas y las bajas
probabilidades de poder concretar un cambio político, cuando estamos a menos de
100 días de una elección parlamentaria que no cumple con ninguna condición para
ser considerada democrática.
A raíz del ciclo de consultas emprendidas por Guaidó
con la sociedad civil, se ha generado un intenso debate, que vemos muy
positivo, en torno a la pregunta sobre qué hacer más allá de abstenerse de
participar.
Existen dos alternativas que hoy generan la mayor
polémica, aunque algunos más ambiciosos no las consideran excluyentes sino
complementarias. La primera es la realización de una consulta opositora, cuya
oportunidad y objetivos aún no están definidos, pero entre los que se considera
la determinación del rumbo de la dirección política tras la elección, la
relegitimación del mandato de Guaidó como Presidente Interino, así como el
desconocimiento y la deslegitimación del evento electoral. La segunda
alternativa la constituyen una serie de iniciativas encaminadas a lograr la
suspensión de la elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre hasta lograr
un acuerdo sobre condiciones de integridad electoral que respeten los
estándares internacionalmente reconocidos.
TRES GRANDES BARRERAS PARA LA CONSULTA
Sin tener mediciones propias sobre el apoyo a una u
otra opción, es necesario recordar que la consulta debería superar algunas
barreras importantes para poder considerarla exitosa.
Una primera barrera está representada por la memoria
negativa sobre la consulta del 16 de julio de 2017, tras la cual ninguno de
“los mandatos” dados a la oposición a través de la respuesta a las tres
preguntas de esa consulta (desconocimiento de la Constituyente de Maduro,
mandato a las FAN para respaldar a la AN, y reforma institucional para
elecciones libres), fue implementado. Esto fue el principio del fin de lo que
conocimos como la Mesa de la Unidad Democrática, cuando como consecuencia del
abandono de la protesta tras la consulta, se produjo la inesperada derrota
electoral de la oposición en las elecciones regionales del 15 de octubre de ese
mismo año, y la abstención en las municipales que se celebraron dos meses
después, el 10 de diciembre.
Otra barrera que se suma al escepticismo sobre la
utilidad real de la consulta, es la impuesta por la pandemia de COVID-19, que
para la fecha de las elecciones estará lejos de ser superada, lo que obligaría
a la oposición a construir una narrativa que justifique la participación
entrando en contradicción con algunos de los argumentos que justificaban la
suspensión de la elección por razones sanitarias.
Un tercer obstáculo está en el nivel de participación
que tendría que alcanzarse para considerar la consulta más legítima que la
elección parlamentaria. En este sentido, aunque se espera para esta elección
una abstención que puede alcanzar el 60%, una participación del 40% implicaría
entre ocho y nueve millones de votos, según nuestras propias estimaciones.
Esta meta luce difícil de alcanzar si consideramos que
la consulta de 2017 logró movilizar a unos siete millones de votantes sin
ninguna de las barreras mencionadas. Para ello, el liderazgo democrático
tendría que considerar un modelo híbrido de consulta que permita combinar la
participación presencial, siempre necesaria para visibilizar la movilización a
favor de una causa, tomando todas las medidas necesarias para que la gente se
sienta y esté protegida, en lo sanitario y en los riesgos ante la represión del
régimen, y la consulta virtual que permitiría la participación tanto de los
venezolanos que están en el exterior como de aquellos que por alguna razón no
puedan hacer presencia en las mesas habilitadas para la consulta. Esto implica
un reto adicional, que es el diseño del algún mecanismo que permita certificar
los resultados del proceso hacia adentro y fuera del país, a los fines de
generar una base sobre la cual fundamentar política y jurídicamente cualquier
decisión derivada de la consulta.
A estas alturas, desconocemos si el diseño e
implementación de tales condiciones para garantizar el éxito de una consulta en
estos términos es posible en lo que queda de año, pero ciertamente ello no luce
como un reto de fácil concreción.
¿ES POSIBLE SUSPENDER LAS ELECCIONES?
La segunda alternativa, cuyo propósito es la
suspensión de la elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre hasta que se
logre un acuerdo sobre condiciones de integridad electoral que respeten los
estándares internacionalmente reconocidos, luce menos complicada técnicamente.
La gran traba consiste en la firme determinación del régimen, y del sector
militar, de sacar adelante la elección del 6 de diciembre, como medio para
cerrar el muy costoso capítulo de la oposición liderada por Guaidó y acompañada
por la comunidad internacional. Su idea es sustituir a la oposición actual con
nuevos y viejos actores de “oposición”, hoy cooptados mediante prácticas de
clientelismo competitivo electoral, bien conocidas en el repertorio de las
autocracias electorales, e incluso implementadas de manera exitosa por Chávez
en el pasado, para mantener a la oposición dividida en la competencia electoral
por espacios regionales, municipales y legislativos.
Tal determinación por sustituir a la oposición a como
dé lugar, se hace evidente en las decisiones que permitieron la liberación de
varios presos políticos durante este fin de semana, que celebramos porque las
personas liberadas jamás debieron estar detenidas, pero cuya concreción, más
que un acto de justicia, constituye una jugada política magistral que intenta
posicionar a una nueva oposición, para desplazar a la actual, mostrándola como
más eficiente y efectiva en la negociación, con la condición de que marque
distancia de la oposición mayoritaria y participe en la elección del 6 de
diciembre. De concretarse la inscripción del excandidato presidencial Henrique
Capriles y/o de otros a través de su partido, La Fuerza del Cambio, se estaría
generando un cisma sin precedentes entre los partidos y actores de la oposición
democrática.
Lo que no puede perderse de vista es el efecto que
estas elecciones parlamentarias, así como la actuación de los partidos que
integran la llamada “mesita” (Mesa Nacional de Diálogo) y los demás que
participan en el proceso, puede tener para el futuro de la democracia en
Venezuela.
Si el gobierno estuviese planificando su salida del
poder mediante una reforma democrática dirigida desde el Estado, como fue el
caso de Sudáfrica, ante la inminencia de una guerra civil, o de España, tras la
muerte de Franco, negociar con actores en los que el régimen confía, siempre
facilita el proceso. Si, por el contrario, el régimen busca su autocratización
y estabilización en el largo plazo, como de hecho creemos que es nuestro caso,
la división y cooptación de una parte de la oposición alejaría las
posibilidades de una transición democrática, tal como ha sucedido en casos como
los de Nicaragua o Zimbabwe, entre muchos otros autoritarismos caracterizados,
como el de Venezuela, por su longevidad.
En tal escenario, a lo único que pueden aspirar tanto
los partidos de “la mesita”, como los demás que participen en esta elección, no
es a lograr un cambio político sino a compartir el poder con el gobierno
en los niveles subnacionales (regional y municipal) y en el legislativo,
mediante el desplazamiento de la oposición, y no del gobierno, en una
proporción minoritaria de estos cargos, lo que se traduce en la división de la
oposición y una lucha por los espacios que hoy ocupa Guaidó y los partidos del
G4, fractura que inevitablemente se reproduciría entre sus bases aguas
abajo.
EL NECESARIO GOLPE DE TIMÓN
Pese a las dificultades evidentes con las que
tropezará el liderazgo democrático, éste no puede conformarse con un ejercicio
de oposición pasiva, hoy traducido como la abstención en el proceso del próximo
6 de diciembre, sino que debe complementarse con iniciativas como la consulta
y/o el boicot activo. Este tipo de acciones deben ser cuidadosamente evaluadas,
diseñadas, planificadas y ejecutadas para que su implementación se derive en
una victoria, así sea moderada pero significativa, que sirva para reanimar la
movilización y la lucha democrática, y alejarnos del ostracismo generado por la
desesperanza, el desempoderamiento y la destrucción de las expectativas de
cambio.
La dirigencia opositora no puede continuar atrapada en
el paradigma del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones
libres. Esta narrativa genera una camisa de fuerza, al instaurarse como un
dogma que impide la exploración de otras estrategias, necesarias para avanzar
hacia una transición.
El necesario cambio de estrategia debe pasar por
recuperar la vía electoral, como campo de lucha, reconociendo su innegable
utilidad en buena parte de los procesos de transición democrática, así como la
imposibilidad de que una lucha electoral por la democracia se plantee en
términos democráticos, sino como un desafío que se produce casi siempre en los
términos de quien detenta el poder, por lo cual se impone la necesidad de ser
abordada desde una plataforma unitaria y con una estructura capaz de plantear un
reto en condiciones de inequidad.
Asimismo, la revisión de la estrategia debe considerar
la evaluación, en términos realistas, de los procesos de negociación,
incluyendo lo aspectos relacionados con el qué se negocia, con quién se
negocia, y bajo qué condiciones se lleva a cabo el proceso.
De la misma forma, deber reconsiderase de manera
realista el peso que se le ha atribuido a las sanciones como mecanismo de
presión ya que, como sabemos, aunque son importantes no pueden sustituir a la
presión social interna, como lo demuestra la realidad política de muchos
países con una larga tradición de sanciones que, sin embargo, constituyen
regímenes de larga data, como ha sido en el caso de Corea del Norte, Irán o
Cuba, dispuestos a transferir los costos de las sanciones a su propia población
con tal de mantenerse en el poder.
Finalmente, las transformaciones necesarias en la
oposición incluyen la recuperación de la confianza y la reconexión con la
gente, la reconstrucción de un discurso que genere un acercamiento con las
bases de una mayoría de la población que apuesta a un cambio que les permita
vivir en un país en el que la libertad, el bienestar y las oportunidades de
progreso sean las condiciones mínimas de una vida normal a las que todo
ciudadano tiene derecho.
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