EASO 03 de septiembre de 2020
@EASO
El
deterioro de la situación política, de seguridad y económica en Venezuela ha
provocado la emigración masiva de cuatro millones de personas desde 2015,
incluidas más de 100.000 que han solicitado asilo en la UE + 1 . Las
solicitudes de ciudadanos venezolanos en la UE + han aumentado de 105 en 2013 a
45 675 en 2019; un aumento de más del 43 000%.
La
Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha publicado su primer Informe de Información
de País de Origen (COI) sobre Venezuela , en cooperación con la Secretaría de
las Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados (IGC), y
con contribuciones de expertos de varios países.
El
Informe, que se utiliza como una referencia importante para los funcionarios de
casos de la UE que revisan las solicitudes de protección internacional de los
venezolanos, se produce cuando, en 2019, el país se convirtió en el tercer país
de origen de solicitantes de asilo en la UE + (después de sirios y afganos).
Alrededor del 90% de todas las solicitudes de venezolanos se presentan en
España, la gran mayoría de las cuales reciben el estatus de protección
humanitaria.
El
Informe destaca una política sistemática y generalizada de represión en
Venezuela para quienes son críticos con el gobierno. El gobierno y las fuerzas
de seguridad apuntan a los periodistas para silenciar los informes sobre lo que
está ocurriendo en el país. Los defensores de los derechos humanos y los
miembros de organizaciones de la sociedad civil son procesados tanto en el
sistema de justicia penal como en la jurisdicción penal militar, como un
"castigo ejemplar" para bloquear el trabajo de otras organizaciones
de derechos humanos. La 'Ley Contra el Odio' ha sido uno de los instrumentos
legales utilizados para estos enjuiciamientos.
Las
autoridades también utilizan Colectivos 2 ejercer control político y social en
los barrios donde operan. Estas organizaciones se han convertido en elementos
instrumentales del control coercitivo de las protestas mediante el uso de la
violencia, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad.
El
Informe destaca además que la naturaleza de las protestas cambió en los
primeros meses de 2019, y surgieron manifestaciones más selectivas para
protestar por el deterioro de los niveles de vida y la situación humanitaria.
Las fuerzas de seguridad presuntamente sometieron a las personas que
participaron en las protestas a "abusos y malos tratos graves" mientras
estaban detenidas para castigarlas, forzarlas a confesar o incriminar a otras
personas.
Las
autoridades también presuntamente participaron en desapariciones forzadas,
incluso por motivos políticos, para impedir la defensa de la persona mientras
se lleva a cabo la detención. Al parecer, las fuerzas de seguridad también han
estado involucradas en ejecuciones extrajudiciales. Además, Venezuela ha
establecido un sistema complejo para espiar, acosar y monitorear digital y
físicamente a la población, incluso a través de las cajas de alimentos CLAP 3 y el Carnet de la
Patria. El control social se ha intensificado durante la pandemia de COVID-19.
Los
informes de COI de la EASO no proporcionan opiniones sobre políticas y
prácticas en los países. Su objetivo es ser productos de referencia objetivos
basados en una investigación exhaustiva realizada junto con socios
internacionales respetados, incluso a través de fuentes abiertas. La intención
es que dichas publicaciones sirvan como herramientas para ayudar a los
funcionarios nacionales de casos de asilo de la UE a determinar los méritos de
las solicitudes de protección internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico