Amnistía Internacional resumen a partir de
informe 04 de septiembre de 2020
@AmnistiaOnline
Rafael
Acosta Arévalo era un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció
en la localidad de Guatire en el estado de Miranda el 21 de junio de 2019.
Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su
muerte, que ponen en duda la versión oficial de los hechos y demuestran la
mortífera política de represión del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a
la disidencia.
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta
Arévalo fue torturado mientras estuvo detenido, hasta que falleció
frente a un juez en junio de 2019, asegura un informe publicado este viernes
por Amnistía Internacional (AI) que contradice la “versión
oficial” del hecho.
El militar falleció el 28 de junio de 2019,
cuando llevaba una semana bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro,
luego de que las autoridades lo detuvieran el día 21 –acusado de
conspiración-, si bien no confirmaron esta aprehensión hasta dos días antes
de su muerte.
AI obtuvo 550
páginas del expediente penal contra dos militares acusados de participar en la
muerte del capitán y “contrario a lo que muestra la investigación
penal por parte de la Justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no
falleció en un hospital“, dijo Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de la organización.
“Fue desaparecido, torturado y murió ante un juez.
Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, subrayó en un comunicado.
Según las nuevas evidencias que maneja AI, Acosta
Arévalo “fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar
para imputarle cargos” y falleció “en la sala donde se
llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención
médica en los momentos previos a su muerte“.
Otros hallazgos apuntan a que los imputados
por el caso, dos militares de bajo rango, sostuvieron versiones contradictorias
de los hechos.
“Las actas de investigación no vinculan la
actuación de los condenados a la muerte de la víctima y, además, se les
imputa un cargo que insinúa que la muerte fue causada accidentalmente,
haciendo a un lado que la misma fue consecuencia de múltiples y serias lesiones
que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo“,
señala AI.
El fiscal de Maduro, Tarek William Saab y
el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, aseguraron
entonces que el militar se había desmayado en el juzgado, por lo que
fue trasladado a un hospital, donde falleció luego de recibir atención médica.
Aunque hay poca información sobre el paradero
de Acosta Arévalo mientras estuvo detenido, explica AI, uno de los
imputados en el caso declaró que lo trasladaron a un “sótano”.
Por tal motivo, la organización exige que se
realice una investigación independiente a cargo de una autoridad civil para
evaluar la posibilidad de que Rafael Acosta Arévalo haya sido trasladado a un
centro de detención clandestino, “donde fue sometido a tortura“.
“En las 550 páginas del expediente a las
que Amnistía Internacional tuvo acceso no se menciona la palabra
tortura ni una sola vez, a pesar de que constan múltiples documentos que
refieren a las más de 50 lesiones corporales de la víctima y a su
precario estado de salud al llegar ante el tribunal militar que le
imputaría cargos“, dijo Guevara Rosas.
AI sostiene que numerosos casos de detenciones
arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y
sometimiento de civiles a procesos penales ante la Justicia Militar de
Maduro son parte de una política sistemática o generalizada.
En el informe de este viernes, la organización
apostilla que las nuevas evidencias “demuestran la mortífera política de
represión del régimen de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia“.
AI agrega que ha recibido múltiples denuncias de
detenciones arbitrarias y períodos iniciales de incomunicación, así como la
existencia de centros de detención clandestinos que pertenecen al Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde estuvo recluido Acosta
Arévalo.
Resumen a partir de: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/2909/2020/es/
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