Emili J. Blasco 11 de noviembre de 2020
@ejBlasco
La
gambiana Bensouda dejará el cargo el próximo año con el proceso preliminar solo
a medias
La afirmación desde la Corte
Penal Internacional de La Haya, el pasado 4 de noviembre, de que hay «fundamento
razonable» para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa
humanidad no debería levantar definitivas expectativas sobre el enjuiciamiento
de Nicolás Maduro y la cúpula chavista responsable de esos crímenes.
Supone, sí, un importante reconocimiento, que no hace
más que seguir pronunciamientos de mayor contundencia realizados por
documentados informes de Naciones Unidas; por lo demás, la lentitud y la
actitud con que está procediendo la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda,
sugieren que no habrá gran avance al menos hasta que deje el
puesto en junio del próximo año, y eso que hasta seis países han avalado ante
la Corte la denuncia contra el régimen venezolano.
Con sus palabras de «fundamento razonable», Bensouda
no hacía más que adelantar lo que previsiblemente incluirá en su informe
anual del próximo mes de diciembre, en el que dará por
concluida solo la segunda de las cuatro fases del examen preliminar de la
causa.
«¡Dos años para dos fases de lo que es tan solo un
examen preliminar!», lamenta el abogado venezolano William Cárdenas, temprano
impulsor de las denuncias ante La Haya contra el chavismo, ya
desde el recurso de Hugo Chávez a los colectivos armados para amedrentar a la
población y luego a raíz de los cientos de muertes y torturas perpetrados bajo
Maduro. En la presentación de esas denuncias han participado numerosos
opositores y entidades ciudadanas, apoyadas en informes que detallan muchos de
los crímenes cometidos, redactados por entidades de reconocido prestigio, como
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lentitud del proceso
Aunque a la Corte llegaron denuncias previas, Bensouda
–fiscal del tribunal desde 2012– no abrió el proceso hasta el 8 de febrero de
2018, cuando anunció el inicio del examen preliminar. La primera fase era
determinar si la letal represión llevada a cabo por el régimen
de Maduro en los últimos años había ocurrido en el espacio soberano de un
estado signatario del Estatuto de Roma y por tanto dentro de la jurisdicción
territorial de la Corte. La segunda, que ahora parece concluir, es la que
confirma que los crímenes alegados son competencia de la Corte, en tanto que
previstos en el Estatuto de Roma.
La tercera fase es la que Bensouda se ha dispuesto a
abrir con la reunión que mantuvo el 4 de noviembre en La Haya con el fiscal
general del Gobierno de Maduro, Tarek Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo
Ruiz. En el nuevo estadio procesal que comenzaría a desarrollarse debe
establecerse el principio de complementariedad: que en Venezuela no
se han investigado bien los crímenes denunciados y por tanto debe hacerlo la
Corte. Eso, que llevaría un cuarto momento –la admisión de la causa para su
investigación– difícilmente se establecerá antes de que Bensouda deje el cargo
en junio. Después un nuevo fiscal deberá encargarse del caso: no partirá de
cero, pero lo normal es que tarde un tiempo en ponerse al día de todos los
trámites que se llevan a cabo en el tribunal.
La foto que Bensouda se hizo la semana pasada con
Saab, alguien señalado como importante responsable de los
crímenes de lesa humanidad por el contundente «Informe de verificación
de hechos» del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, podría indicar
que la fiscal está abierta a dar credibilidad a las explicaciones que pueda
darle el Gobierno de Maduro acerca de su supuesta investigación de algunos
casos denunciados.
Cárdenas desconfía completamente de Bensouda. Ya el
anterior fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, del que Bensouda fue número
dos desde 2004 hasta que le sustituyó en 2012, hizo poco caso a
informaciones que llegaban a la Corte sobre la presidencia de Hugo Chávez,
según dice Cárdenas, que le atribuye una estrecha relación con el kirchnerismo.
El «lobby» de Haifa el Aissami
Mayor influencia habría tenido el lobby realizado por
Haifa el Aissami, enviada por Chávez en 2010 como embajadora de Venezuela en
los Países Bajos y por tanto atenta in situ todos estos años a las actividades
de la Corte. Se trata de una hermana de Tarek el Aissami, uno de
los máximos cargos en el Gobierno de Maduro y central en diferentes tramas
criminales del chavismo.
Haifa el Aissami, que ha tenido frecuentes contactos
con Bensouda, ha tramitado la denuncia que el Gobierno de Maduro presentó en la
Corte contra Estados Unidos el pasado mes de febrero, por las
sanciones aplicadas por la Administración Trump. Esa denuncia tendría por
objetivo contrarrestar las relativas al régimen chavista.
Por su parte, el comité Internacional Contra la
Impunidad en Venezuela (CICIVEN), presidido por Cárdenas, ha presentado
denuncias ante el presidente de la Corte alegando un «retraso injustificado»
del proceso y la «actitud no adecuada» de Bensouda, dado que la fiscal
ya se hizo fotos ya con Saab en 2018 y además se ha reunido con representantes
de Maduro y no de las víctimas, lo que «no denota una posición de
imparcialidad».
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de
Venezuela por una cincuentena de países, destacó el «nuevo paso» dado
por la Corte con las últimas declaraciones de la fiscal, que constituyen una «contundente
derrota» para Maduro. Guaidó emitió un comunicado en el recordó a los altos
funcionarios y militares que sustentan al régimen «que los crímenes de lesa
humanidad no prescriben en el tiempo y que, de ser cómplices por acción u
omisión de los mismos, podrían terminar señalados como criminales de lesa
humanidad por el resto de sus vidas».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico