Sofía Nederr 29 de marzo de 2022
La AN
de 2015 condenó el proceso de selección de magistrados del TSJ que adelanta el
Parlamento oficialista. En el debate, de este martes, se señala el proceso como
írrito y señalan que la maniobra de Maduro no logrará cambios judiciales. Por
otra parte, exigen investigación imparcial sobre asesinato de yanomamis
En su sesión en línea, la Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió sobre la inconstitucionalidad de la reforma del poder judicial, «como mecanismo para pretender eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)», que el gobierno de Nicolás Maduro busca imponer desde la AN de 2020.
Sobre
esto, la diputada Yajaira Forero sostuvo, este martes 29 de marzo, que la
designación de nuevos magistrados busca preparar el terreno para conformar
un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la medida. De esa
manera, agregó, el objetivo del gobierno es «frenar el avance de la
investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa
humanidad».
Forero,
durante su intervención ante la AN, recordó que el expediente sobre Venezuela
acumula 250 presos políticos, persecuciones, torturas y ejecuciones
extrajudiciales.
Sobre
la designación de los magistrados del TSJ, la diputada Delsa Solórzano dijo
que la AN no caerá en la «trampa» el gobierno de Nicolás Maduro que, subrayó,
busca eludir las competencias de la Corte Penal. En ese sentido, la
parlamentaria conminó a la CPI a no dejarse engañar por la maniobra.
«Queremos
dejar esto muy claro porque en efecto, no puede haber un sistema de
administración de justicia independiente mientras en el ejercicio del poder
esté un régimen dictatorial», puntualizó la parlamentaria.
Solórzano
informó que están haciendo llegar a la Fiscalía de la CPI «todas las probanzas
tanto teóricas, como documentales en cuanto a la declaración de las víctimas
para que quede constancia de otra atroz actuación de la dictadura».
La
parlamentaria agregó que, en el país, la palabra justicia no existe. Sostuvo
que hay una denegación de la obligación que tiene el sistema de garantizar el
derecho a la defensa de las personas.
Solórzano
recordó que el informe de la Misión de Determinación de Hechos registra la
forma como los jueces y fiscales reciben presiones de las altas autoridades del
gobierno para que tomen decisiones alejadas del Estado de derecho.
Asimismo,
la diputada Tamara Adrián calificó de írrito el proceso que adelanta el
Parlamento oficialista para el nombramiento de los nuevos magistrados y la
reforma judicial.
Expresó
que los antecedentes son claves para entender la situación judicial. En ese
sentido, dijo que el TSJ estaba prácticamente paralizado porque muchísimos de
sus magistrados habían emigrado del país haciendo imposible reunir el quórum de
las salas.
Añadió
que tanto el informe de la alta comisonada para las Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, como también los requerimientos del fiscal de la CPI exigen que, en
el país, se establezca un sistema de justicia independiente.
Adrián
puntualizó que la AN de 2020 se puso «la soga al cuello» al reducir el número
de integrantes de las distintas salas del TSJ. Refirió que, en el caso de la
Sala Constitucional, se redujo de 9 a 5 el número de magistrados, con lo cual,
por ejemplo, nombrar a tres magistrados del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) significaría la mayoría.
«¿Cómo
hacer en estas circunstancias para convencer a Michelle Bachelet o de alguna
manera escuchar lo que dijo el fiscal de la CPI y el informe de derechos
humanos en Venezuela de la Comisión Especial nombrada por el Consejo de los
Derechos Humanos», increpó.
Adrián
puntualizó que al gobierno de Maduro se le está cayendo la mentira de que la
justicia dejó de ser sumisa a Miraflores.
AN
condena asesinato de yanomanis
La AN
también condenó el reciente asesinato de los yanomamis.
“Hoy
estamos denunciando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), por su
responsabilidad en la muerte de varios integrantes de nuestras comunidades
indígenas. Deploramos que sea el propio estado el que fomente la crisis, que ha
obligado a nuestros pueblos indígenas a desplazarse fuera de sus tierras ante
la persecución, invasión de sus territorios por la explotación de oro y la
muerte”, subrayó el diputado Rommy Flores.
El
diputado Julio Ygarza repudió la muerte de los cuatros yanomamis, el 20 de marzo en Amazonas. Refirió que dos
días después fue cuando el gobernador Miguel Rodríguez se pronunció sobre el
caso, en tanto el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, se
llevó tres días en reaccionar.
Ygarza,
durante su intervención en el debate de la AN, exigió el sometimiento de los
referidos asesinatos a la jurisdicción especial indígena.
«No
solo lo estoy diciendo, lo están diciendo nuestros hermanos Yanomamis. El
pueblo Yanomami tiene su propio sistema de justicia», aseveró.
El 25
de marzo, un grupo de comunidades indígenas, principalmente de las etnias
yekwana y sanema, de la cuenca del Caura (estado Bolívar) exigieron al Estado
una investigación seria, conforme a las leyes, para evitar que el asesinato de
los yanomamis quede impune.
Este
martes, el diputado Romel Guzamana pidió a los organismos internacionales
atender al pueblo venezolano. Agregó que el llamado es a todos los sectores
para la defensa de los pueblos indígenas.
En la
sesión, el diputado José Ricardo Salazar, en un punto de información, denunció
la destrucción de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
cuya producción actual es de cero.
Recordó
que la Ferrominera Orinoco llegó a producir 23 millones de toneladas de mineral
de hierro, y Sidor más de 4 millones 300 mil toneladas de acero líquido.
“Todo
el crecimiento y el impulso que se hizo desde la Corporación Venezolana de
Guayana, permitió que estas empresas le aportaron al fisco nacional más de 10
mil millones de dólares anuales, que representaban, en ese momento, más del 20
por ciento de las exportaciones no petroleras. Eso era la consolidación de la
búsqueda de las nuevas alternativas a la economía petrolera”, indicó Salazar.
Por su
parte, el diputado Luis Barragán señaló que el plan de remodelación masiva de
las universidades venezolanas, que adelanta el gobierno de Maduro, no es más
que «una inédita intervención y una nueva modalidad de allanamiento de
las casas de estudios».
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