EFE 29 de marzo de 2022
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La
organización Amnistía Internacional (AI) afirmó, en la publicación de su
informe anual, que en Venezuela continuó la «política de represión» aplicada
por el Gobierno de Nicolás Maduro, así como nuevos casos de ejecuciones
extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y
otros tratos crueles.
«Se
sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y
defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas», indicó AI en su
informe.
La organización recordó que, en enero del año pasado, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en el sector La Vega, al oeste de Caracas, en circunstancias que apuntaban «a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial».
«Según
la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las fuerzas
policiales habían matado hasta marzo a más de 200 personas. La Misión declaró
que investigaría las circunstancias de los homicidios y la participación de las
FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)», relató.
Asimismo,
agregó que en la capital del país caribeño se llevaron a cabo varias
operaciones de seguridad contra bandas delictivas, durante las cuales las
fuerzas militares y policiales hicieron un uso «innecesario e ilegal de la
fuerza».
De
acuerdo con Amnistía Internacional, los procedimientos y tribunales penales se
emplearon «indebidamente» para acallar la disidencia.
«Era
habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles, y también
el uso de tribunales especiales contra el ‘terrorismo'», subrayó.
También
indicó que, con el pretexto de las restricciones relativas a la covid-19, «las
autoridades prohibían a los detenidos recibir visitas de familiares y abogados,
lo que dejó a muchas de ellas en régimen de incomunicación y sin tiempo
suficiente para preparar su defensa».
Amnistía
Internacional sostuvo que las iniciativas para pedir «verdad, justicia y reparación»
a través de mecanismos internacionales, ante la «falta de recursos efectivos en
el ámbito nacional», siguieron viéndose frustradas por los intentos de las
autoridades de evitar el «escrutinio internacional».
Por
otra parte, la organización aseveró que, desde 2021, «empeoró la emergencia
humanitaria» y han persistido «las violaciones de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más
debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad».
Citó
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), según la cual el 94,5 %
de la población vivía en situación de pobreza y el 76,6 % en situación de
pobreza extrema, al menos hasta el año pasado.
El
Gobierno venezolano desconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Aunque
la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Oacnudh) conserva el mandato de cooperación técnica con altos cargos
del Ejecutivo, siguen pendientes las invitaciones para visitar al país.
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