Efe 17 de marzo de 2022
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El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió este jueves la situación de
las libertades fundamentales en Venezuela, donde según la alta
comisionada Michelle Bachelet ha habido «algunos pasos en la dirección
correcta» en los últimos meses, aunque también alertó de la persistencia
del acoso a activistas, el cierre de emisoras de radio y el bloqueo a
medios digitales.
En su
informe actualizado ante el Consejo, que cubrió eventos desde el pasado
septiembre, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y
democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a
activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.
Cierre de emisoras y bloqueo a medios digitales
También
se cerraron desde el pasado año al menos ocho emisoras de radio y se
han bloqueado siete sitios web de medios de comunicación, destacó la alta
comisionada sobre derechos humanos, quien insistió en que «el pueblo venezolano
tiene derecho a fuentes de información independientes».
Bachelet
recordó también que 12 personas cuyos casos siguen grupos de derechos humanos
siguen en detención arbitraria, y criticó la reciente persecución
de la ONG FundaRedes, con más de dos décadas de activismo y cuyo director Javier Tarazona, con una salud en deterioro, sigue
detenido.
Pese a
las críticas, el informe de la alta comisionada, quien este lunes tuvo un
encuentro virtual con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue más positivo
que en sesiones anteriores del Consejo, al reconocer algunos avances por el
buen camino y creciente colaboración entre su oficina y las autoridades del
país.
Pasos
«positivos»
Por
ejemplo, las reformas en marcha del sistema de justicia, la reestructuración de
la Policía Nacional Bolivariana, la prohibición de enjuiciar civiles en
tribunales militares o las medidas para enfrentar el hacinamiento en centros de
detención preventiva «son pasos prometedores», reconoció Bachelet.
Estas
reformas «deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para
abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se
repiten», afirmó la expresidenta chilena.
La
alta comisionada también valoró positivamente la reciente firma de un memorando
de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional, que en
noviembre abrió un examen preliminar sobre posibles crímenes de derechos
humanos en el país.
Del
mismo modo, Bachelet recordó que en los últimos seis meses agentes estatales
han sido condenados «en tres casos emblemáticos, entre ellos el del homicidio y
tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo».
También
destacó que las elecciones regionales de noviembre se celebraron «en gran
medida de forma pacífica», con acceso amplio a ellas por parte de las misiones
internacionales de observación y acciones tomadas por el Consejo Nacional
Electoral para garantizar la legitimidad del proceso.
Discrepancia
del chavismo
Tras
la intervención de la alta comisionada, tuvo derecho a réplica el embajador
venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, quien aseguró que algunas
críticas del informe «no se ajustaron a la realidad» y «no tuvieron en
consideración la información compartida por nuestro Estado».
«Vemos
con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los
derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del objetivo de
promoción de los derechos humanos del Consejo», lamentó el diplomático.
Constant
también subrayó que el presidente Maduro se comprometió en su conversación con
Bachelet esta semana a «primar la transparencia y la voluntad manifiesta de
cooperación».
En
este sentido, el diplomático subrayó que la Oficina de la ONU para los Derechos
Humanos que dirige Bachelet ha reforzado su presencia en Venezuela en los
últimos años, y aseguró que «sus funcionarios cumplen su mandato con total
libertad y apoyo de los órganos competentes del Estado».
Tanto la alta comisionada como el embajador reiteraron su petición del levantamiento de las sanciones que países como Estados Unidos siguen imponiendo a Venezuela, y que en palabras de Constant «violan el derecho internacional y constituyen un delito de lesa humanidad».
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