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domingo, 23 de junio de 2013

Intervención universitaria encubierta


Por Alberto Lovera, 21/06/2013

El actual conflicto un universitario tiene muchas aristas. Los sueldos miserables del personal académico (también del administrativo y obrero) han servido de detonante, pero desde el inicio se ha planteado que es mucho más que eso.

Las condiciones de trabajo no se resumen a la remuneración del personal, aunque sean importantes. Más de siete años de presupuesto congelado sin considerar el impacto inflacionario han deteriorado el funcionamiento de las instituciones universitarias. No hay recursos para su operación normal. No hay cómo atender el mantenimiento y la expansión de sus programas, para reposición de cargos por jubilación. Se está conduciendo a las instituciones a su precarización con efectos letales sobre su calidad.

No es muy diferente la situación de los recursos destinados a los estudiantes. Becas que no alcanzan ni siquiera para pagar una residencia. Otros renglones básicos para asegurar la atención a los estudiantes de bajos ingresos están igualmente desatendidos.

Todas las elecciones de autoridades han sido detenidas tratando de imponer un sistema que violenta la Constitución, la Ley de Universidades, y las reformas propuestas que fueron rechazadas en el referéndum constitucional.

Hay un empeño por imponer un pensamiento único a las universidades. Fracasados otros intentos ahora se pretende mediante un contrato laboral pactado entre correligionarios meter de contrabando una universidad alineada al régimen actual.

Se convoca a una convención colectiva para el sector universitario, pero se deja de lado a las organizaciones gremiales agrupadas en la FAPUV, que representan a la mayoría, mientras se discute con una minoría. Un caso insólito en la discusión laboral, donde los representantes mayoritarios no están en la mesa de negociación, pero sí unos sindicatos espurios.

Detrás de la normativa laboral universitaria se encubre el intento de centralizar el control de las universidades, anulando de hecho la autonomía; se incluye una serie de cláusulas que no se refieren a reivindicaciones socioeconómicas sino que imponen normas de funcionamiento, de gobierno y de elección que violentan la Constitución y las potestades que ésta les da a las universidades autónomas, tratando de meter de contrabando lo que fue rechazado en el referéndum constitucional, en los artículos inconstitucionales de la Ley Orgánica de Educación y en la vetada Ley de Educación Universitaria.

Igual se pretende desnaturalizar a las universidades imponiendo un pensamiento único, el de los actuales inquilinos del poder, que anularía el principio constitucional que establece que la educación debe contemplar todas las formas de pensamiento. Todos estos elementos deberían ser excluidos de la normativa laboral universitaria porque no corresponden a un instrumento de este tipo.

Dejarlos allí sería confirmar que se pretende introducir un Caballo de Troya en las universidades, metáfora utilizada por el Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV para indicar que se quiere utilizar la normativa laboral universitaria para continuar la intervención encubierta de las universidades.


Publicado en la Edición Impresa de Tal Cual

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