Por Fanny Kertzman y Alek
Boyd 03 septiembre 2013
Quiénes son los
responsables de que Venezuela haya sufrido el apagón que colapsó el país.
Era la 1:00 p. m. cuando comenzó la
tragedia para millones de personas. Un apagón de gran magnitud afectó 14 de los
24 estados de Venezuela, incluida el área metropolitana de Caracas. Casi de
inmediato, el oficialismo puso a circular la versión de que se podría tratar de
un sabotaje por parte de los enemigos de la revolución bolivariana.
El ministro de Electricidad, Jesse
Chacón, informó que la falla se presentó en la línea 765, que suministra el 65
% de la energía eléctrica que usa el país y que el Gobierno ya se disponía a
abrir una investigación para “determinar el origen de la falla con los cuerpos
de seguridad del Estado”.
Luego el presidente, Nicolás Maduro,
abrió más las incógnitas en su cuenta de Twitter: “Estoy al frente de la
situación que extraña y abruptamente se ha presentado en el servicio
eléctrico”, escribió primero, y luego remató: “A esta hora todo parece indicar
que la extrema derecha ha retomado su plan de Golpe Eléctrico”.
Sin embargo, el origen de semejante
problema es bien distinto. Esta es la historia de una crisis que se empezó a
gestar en el año 2009 en tiempos del presidente Hugo Chávez Frías. En ese
momento el sector eléctrico venezolano hizo agua. El gobierno Chávez decretó la
emergencia eléctrica. Tuvo que imponer racionamientos, los cuales no llegaron a
Caracas, para que la capital y los extranjeros no sintieran tanto el malestar.
A las carreras y sin ningún escrúpulo,
sin licitaciones ni concursos, sin información de precios, el gobierno le
adjudicó a una firma desconocida, sin ninguna experiencia en el sector
eléctrico, 9 contratos en un principio y 3 posteriormente, para completar 12
contratos para construir generadoras eléctricas, en 14 meses. Se calcula,
aunque nadie lo sabe, que se pagaron 3.000 millones de dólares en sobreprecio.
Las personas que están detrás de
Derwick Associates, la compañía beneficiada, son Leopoldo Alejandro Betancourt
López y Pedro José Trebbau López, venezolanos residentes de Estados Unidos,
'bolichicos' que han acumulado fortunas enormes a través de un oscuro esquema
para obtener contratos en materia energética en su país, en lo que no tenían
experiencia alguna.
Desde Estados Unidos los 'bolichicos'
han pagado sobornos multimillonarios a funcionarios en Venezuela a cambio de la
adjudicación de contratos en el sector energético. Se acusó de presunto soborno
al presidente de PDVSA y ministro de energía, Rafael Ramírez; al exministro de
Industrias Básicas y Mineras, Rodolfo Sanz; al ex viceministro de Energía,
Nervis Villalobos, y a Javier Andrés Alvarado Pardil, hijo del ex viceministro
de Desarrollo Eléctrico y compañero desde la infancia del grupo de Derwick,
pues todos estudiaron en el Instituto de los Legionarios de Cristo en Caracas,
Instituto Cumbres.
Una vez Derwick se ganó los contratos
energéticos en Venezuela, pagó los sobornos y subcontrató empresas
estadounidenses, incluidas General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy
Services LLC, para que llevaran a cabo los proyectos energéticos.
Los 'bolichicos' disfrutan de estilos
de vida extravagantes. Betancourt es dueño de un penthouse en la Olympic Tower
en la Quinta Avenida en Nueva York. Trebbau tiene una propiedad en la zona
exclusiva de Sunny Isles en Miami. Dirigen el negocio desde una oficina ubicada
en 450 Park Avenue con la 57, en Nueva York. Tienen avión privado y coto de
caza en España. Mejor dicho, los Nule se les quedaron en pañales.
Según estudios realizados por el
experto en energía venezolano José Aguilar, Derwick Associates le ha
sobrefacturado al Estado venezolano 2.933 millones de dólares. Y esta es sólo
la punta del iceberg. En entrevista concedida a Alek Boyd, Aguilar arguye que
esto es sólo una pequeña parte de una estafa al estado venezolano, que supera
23.000 millones de dólares y que hoy tiene a más de la mitad del país en un
apagón histórico.
Aguilar mencionó numerosas compañías
internacionales que han participado en el ardid: Impsa, de Argentina; Iberdrola
y Duro Felguera, de España; Alstom, de Francia; CMEC y Sinohydro, de China;
Ferroostaal, de Alemania; TSK, de Tailandia, y American Waller Marine, de
Estados Unidos.
En cada uno de los proyectos en que se
han involucrado estas compañías con socios locales ha habido sobreprecios que
van del 48 % hasta el 515 %, según Aguilar.
Aguilar identificó 40 proyectos y los
analizó de acuerdo con las siguientes variables: la potencia teórica en MW; los
costos publicados; el precio internacional; el sobreprecio estimado; la fecha
estimada de terminación; los contratistas; estado del proyecto (operativo o
no); megavatios disponibles contra megavatios no disponibles todavía; megavatios
pendientes; y el retraso en número de meses desde que se anunció que el
proyecto estaría listo.
El resultado es impactante. Impsa no
ha entregado absolutamente nada en el proyecto de Tocoma, seis años después de
la supuesta fecha de entrega. Sólo en este proyecto, Aguilar estima que se han
sobrefacturado 7.000 millones de dólares, y aun así su hábil presidente,
Enrique Pescarmona, consiguió que le asignaran el proyecto Guri II, en la
reconocida represa del Guri. Aguilar duda que Impsa tenga el conocimiento y la
capacidad técnica para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, cuyas
características son únicas en el mundo.
Probablemente, Enrique Pescarmona ha
conseguido estos jugosos contratos para Impsa por la vía de la amistad personal
que tenía Hugo Chávez con el matrimonio Kirchner. Aguilar ve la mano de Ali
Rodriguez en todos estos asuntos.
Aguilar utilizó fuentes oficiales como
Pdvsa, Corpoelec, los ministerios de Industrias Básicas y de Energía Eléctrica,
para sus estimaciones. Fue muy difícil conseguir la información debido a la
orden de no divulgar información implementada desde épocas de Chavez. Las
estadísticas que se publican no son confiables, ni transparentes, o simplemente
no existen.
Por ejemplo, Aguilar ha podido
seguirle el rastro a la Planta Centro gracias a fotografías y documentos
filtrados que sus fuentes le envían regularmente. En su opinión, el propósito
de esa política es el de evitar tener que rendir cuentas, o no tener que contra
argumentar con los expertos en energía que cada vez cuestionan más al Gobierno.
Aguilar dice que el último reporte
sobre la situación energética en Venezuela se publicó en el 2008 y fue solo un
reporte parcial. En el 2007 Caveinel, un gremio privado independiente, publicó
el último informe completo y después fueron absorbidos por el régimen chavista.
Adicionalmente, la Oficina de
Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) publicó un boletín mensual, pero
este fue descontinuado en el 2010, cuando Alí Rodríguez Araque se convirtió en
Ministro de Energía Eléctrica. Incluso el artículo 108 de la Ley Orgánica del
Sistema y Servicio Eléctrico penaliza con prisión de ocho a 16 años a quien
revele información sobre el sistema energético nacional.
Lo más increíble es que después de
haber asignado o gastado más 23.000 millones de dólares, Venezuela está más
lejos que nunca de resolver su problema energético. Para la muestra el apagón
de este martes que afectó a más de la mitad del país.
Derwick Associates es un aprendis
frente a lo que han hecho gigantes de la ingeniería como los contratados en
Venezuela. Alí Rodríguez ha promovido que compañías, otrora serias, arrasen con
los recursos públicos de Venezuela y asuman nuevas obras para las cuales no
están técnicamente preparados. El apagón demuestra que el análisis de José
Aguilar va en la dirección correcta.
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