EWALD SCHARFENBERG Caracas 14 JUN 2014
La exdiputada, que fue
despojada de su investidura, busca que el organismo proteja sus derechos
civiles
Puesta entre la espada y la pared por
el asedio del Gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, la exdiputada y
dirigente de la oposición venezolana, llevó este viernes a la oficina de la Organización
de Estados Americanos (OEA) en Caracas una solicitud de protección
para sus derechos civiles.
Machado, que ya fue despojada en marzo
pasado de su investidura de diputada por la directiva oficialista de la
Asamblea Nacional, deberá acudir mañana a declarar ante las autoridades de la
policía política y de la Fiscalía en Caracas. Los cuerpos de inteligencia del
Gobierno venezolano aseguran
tener evidencias de un plan que se estaría tramando para atentar contra las
vidas del presidente Maduro y de otros funcionarios, compló del que
Machado sería parte. Se prevé que durante el acto quede acusada formalmente.
La exprecandidata presidencial es una
de las figuras opositoras más aborrecidas por el chavismo gobernante. En enero
pasado, junto al exalcalde y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López —en una
cárcel militar desde el 18 de febrero—, se puso a la cabeza de una facción
opositora denominada La Salida que, como su nombre sugiere, propugna el
desalojo de Maduro del poder. Desde esa posición dio respaldo a la oleada de
protestas callejeras que azotó a varias ciudades venezolanas en febrero, con un
saldo de 44 muertos y más de 3.000 detenidos.
La petición de Machado al organismo
hemisférico fue recibido por el representante de la OEA en Caracas, Miguel
Ángel Trinidad. El documento hace alusión a la manera sumaria en la que la
entonces diputada por el Estado de Miranda fue destituida de su cargo en marzo
pasado. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello
—exteniente del ejército y considerado número dos del chavismo— anunció que
Machado había perdido su escaño al presentarse ante
una sesión de la OEA en Washington como miembro de la delegación
panameña. A partir de entonces, se impidió manu militari el
acceso de
la parlamentaria defenestrada al hemiciclo. Pocos días más tarde, el 1 de
abril, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión, sin escuchar los
alegatos de la afectada. Durante ese proceso relámpago, sostiene Machado, le
fueron privados sus derechos a la participación política y a la defensa.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, tiene la potestad de emitir medidas
cautelares, de aplicación obligatoria por parte de los Estados, para proteger
de manera inmediata a ciudadanos individuales. Sin embargo, una eventual medida
de ese tipo no pasaría de ser un gesto político en este caso. Desde 2002 el
gobierno de Caracas caracteriza a “la burocracia” de la CIDH como un enemigo de
la revolución bolivariana. Después de promover diversas iniciativas para
reducir las capacidades de la comisión, Venezuela se desvinculó del sistema
interamericano de Derechos Humanos.
La iniciativa ante la OEA forma parte
de una campaña con la que Machado buscaría elevar el costo político de una
medida judicial en su contra, que luce inminente. En las últimas horas, la
dirigente opositora recibió cartas públicas de apoyo del expresidente brasileño
Fernando Henrique Cardoso y de su colega colombiano, Andrés Pastrana.
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