Por Jesús Alexis González, 14/03/2016
Permítasenos iniciar con una cita y dos conceptos: “La
corrupción política no precisa de que el dinero cambie de mano; puede tomar la
forma de “tráfico de influencias” o de la concreción de favores que envenenan
la política y amenazan a la democracia.” (Robín Hoddes, 2004). Peculado: Utilización de fondos
públicos en beneficio personal que ingresan a su patrimonio; siendo de carácter
doloso cuando existe la intención de
cometer el delito; Malversación: Uso
de los fondos públicos en acciones que cambian su destino original.
El modelo
intervencionista de nuestra economía, se inicia en democracia a partir de
1958 con fundamento en pactos entre
partidos y en crecientes ingresos petroleros que “esconden” las fallas del modelo mientras esté presente el flujo constante de divisas que facilita
la tendencia creciente del Presupuesto Nacional; hecho que ocurrió luego del
embargo petrolero árabe a nivel mundial como consecuencia de su guerra con
Israel en 1973, cuando se eleva el precio
de nuestro crudo en un 450% desde $2/b (vigente por muchos años) hasta
$11/b; induciendo obviamente que el ingreso público por exportaciones
petroleras creciera con la misma intensidad a partir de 1974, coincidiendo con
la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (CAP) elegido en diciembre de
1973, quien desde el principio ensanchó
el papel del Estado en la economía (al final de su mandato existían más de
250 empresas con vinculación estatal) fundamentalmente en las denominadas
“industrias estratégicas” (petróleo, hierro, aluminio, electricidad), e
igualmente propició un apalancamiento
del rentismo petrolero acompañado de una indeseable socia:la corrupción. CAP alcanza de nuevo la
presidencia en 1998 (53% de los votos), en un contexto económico donde las reservas liquidasapenas alcanzaban a $ 300 millones (vs un promedio
de $ 10.000 millones) lo cual impedía sostener el valor oficial del bolívar
(propiciando su devaluación) e igualmente se reflejaba un déficit fiscal (8%
del PIB); siendo el problema más sensible la existencia de una doble percepción sobre el posible
impacto de su mandato: (1) ¿se
vivirá igual o mejor? (2) ¿se
profundizará la corrupción? ambas inquietudes animadas por su anterior
gobierno.
Tal escenario impulsó, suponemos, la instrumentación de un programa para restablecer el equilibrio macroeconómico (Gran
Viraje) perfilado por especialistas venezolanos con cooperación del FMI y otras
fuentes financieras mundiales; que en honor a la realidad de las cifras indujo resultados económicos muy favorables
a la luz de un PIB que creció un 7% en 1990, un 9,7% en el 91 y un 6,1% en
el 92. Sin embargo, el plan de ajuste y
las reformas no lograron el pleno control del déficit fiscal y de la
inflación que se situó en una tasa anual
promedio del 30%con manifiesto efecto negativo en lo social y político, lo
cual fue aprovechado para “liberar”un de
golpe de Estado(con repetición: 04/02/1992 y 27/11/1992) “atrapado” durante
mucho tiempo cargado de ambición de poder, justo en el momento cuando el país experimentaba un permanente
crecimiento económico; siendo que a partir de estas fracasadas intentonas
golpistas se configuró una inestabilidad institucional aunada a la pérdida de
apoyo popular y político-partidista al Gobierno al tiempo de poner a “soñar” a muchos sobre la necesidad
de un movimiento “militar-cívico salvador” que en lo inmediato interrumpió
(hasta el presente)la modernización de
la economía con fundamento en el mercado, abriendo el espacio para el
triunfo presidencial por vía electoral (¡como
debe ser!) de H. Chávez en diciembre de 1998 (relegitimado en 1999) bajo la
promesa de una democracia participativa y para terminar por siempre la corrupción (¡!). Su “Gobierno” (de corte ideológico),
se favoreció con una subida del crudo nacional por encima de $100/bdándole la
oportunidad de aumentar el gasto público
con brújula populista y electoral ampliando en paralelo el control del
Estado sobre la economía (¿alguna semejanza con el pasado?) con un norte de nacionalismo económico motorizado por
un riguroso presidencialismo, “oculto” en un “proceso revolucionario” que refundó el rentismo petrolero y ha
nutrido la corrupción. Vale
recordar, que el país venia de transitar por las dificultades propias de
un mandato como el de R. Caldera alcanzado con el 18% del padrón electoral, un 30% de los votos válidos y con un 6% de ventaja
sobre Claudio Fermín, e igualmente condicionado por unos bajos precios del
petróleo y por el pleno rechazo gubernamental a la economía de mercado.
Toda esa arremetida
“revolucionaria “ejercida sin
contrapeso, fue abonada por el rechazo a
una “deficiente democracia”, malograda, asumían, por el comportamiento de los partidos políticos;
pensamiento en mucho alimentado por el largo
juicio seguido a CAP que sirvió de escuela para la antipolitica apoyada en unos
“notables” maestros; juicio sustentado en una rectificación presupuestaria
(22/02/1989) por la cantidad de doscientos
cincuenta millones de bolívares (Bs 250.000.000,00) que luego fueron
cambiados a una tasa preferencial de Bs 14/$ por un total de 17.241.379,31 dólares USA teniendo como
beneficiario al Ministerio de Relaciones Interiores (MRI). Dicha operación, se
conoció el 08/11/1992 (¡luego de 4 años!)
por la televisora Televen ocupando casi de inmediato los titulares de la prensa
nacional, siendo que el Fiscal General en una desconocida agilidad de la burocracia Estatal solicita ante la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) un Antejuicio
de Mérito contra CAP (11/03/1993) a tan solo ¡4 meses después de la denuncia televisiva! Imputándolo por la “presunta comisión de hechos delictuosos
contra la cosa pública” y por la “comisión
de delitos de malversación y peculado”; hasta que el 30/05/1996 (7 años después de haberse efectuado la
rectificación presupuestaria) la CSJ dicta la sentencia definitiva condenándolo a 2 años y 4 meses de arresto
domiciliario por la comisión del delito de malversación
agravada al tiempo de ser absuelto
del cargo de peculado doloso.
A propósito de una visión de la corrupción actual en “revolución”, nos servimos de datos contenidos
en La Ruina de la Democracia (Allan
R. Brewer-Carías, Caracas 2015) en su aparte contentivo de la ausencia de sentencias condenatorias del
Estado dentro de las 45.474 sentencias dictadas por las Salas Político Administrativa
y Constitucional del tsj (minúscula intencional) en materia de peculado y corrupción, que por razones
de espacio nos limitamos a ¡17 por un
monto de $ 42.881,5 millones!: Plan
Bolívar 2000, $150MM (2000-2001); Sobornos
Siemens, $18,7MM (2001-2007);Notas
Estructuradas, $300MM (2003); Bonos
Bandagro, $1.000MM (2003); Tesorería
Nacional, $9.000MM (2006);Puente
Nigale, $57MM (2006); Antonini
Wilson, $0,8MM (2007); Fideicomiso
Bandes-Argentina, $13MM (2010); Fonden,
$29MM (2011); Derwick, $1.000MM
(2011); Pdvsa/desfalco Fondo Chino,
$84MM(2011-2012); Ferrominera,
$1.200MM (2013); SITME, $25.000MM
(2013); Bioart/arroz argentino,
$39MM (2013); Tesorería Nacional/HSBC,
$700mm (2015); Aquilera/Banco Madrid,
$90MM (2015); BP Andorra, $4.200MM
(2015).
Reflexión final: Se infiere con facilidad, que los delitos de corrupción en “revolución” superan con creces los
cometidos no solo en el “Gobierno
corrupto de CAP” (¡!) sino en toda
nuestra historia republicana; siendo que en lo especifico de CAPII los 17
casos citados están un 2.500% por encima
del delito de la rectificación presupuestaria; a quienes igualmente (y a
todos)se les debe aplicar la ley ya que ningún ciudadano puede desbordar los limites constitucionalesmás
aún si se es ¡¡Presidente de la Republica!!
Economista Jesús Alexis González
@jesusalexisgon
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