MAOLIS CASTRO 23 de diciembre de 2016
Hasta
hace un mes eran desaparecidos. Desde octubre, las madres de la docena de
hombres deambularon durante 43 días por comandancias de la Guardia y oficinas
de la Defensoría y del Ministerio Público tras un rastro. Solo sabían que sus
hijos habían sido arrestados por militares durante un despliegue de la Operación
de Liberación del Pueblo (OLP) en Barlovento, un plan creado por el Gobierno de Nicolás Maduro contra
la criminalidad. La fatigosa búsqueda solo terminó la tarde del 25 de
noviembre. Ese día, las autoridades policiales hallaron una docena de cadáveres
mutilados en dos fosas comunes.
En
Barlovento, un poblado del Estado de Miranda (norte de Venezuela),
todavía denuncian desapariciones forzadas ocurridas durante operaciones
militares. El miércoles, Delsa Solórzano, diputada opositora del
Parlamento, confirmó que siguen sin pistas de otros hombres. “El Gobierno
cree que ya cumplió y se acabó. Pues no es así. Violar es delito y su
persecución no prescribe. Exigimos que continúe la búsqueda de los desaparecidos
y se sancione a todos los responsables sin excepción”, escribió en Twitter.
A la
OLP se le acusa de diezmar los barrios pobres de Venezuela. Por su letalidad,
son comparadas con escuadrones de la muerte de Brasil. Los grupos de
élite que actúan en estos procedimientos de seguridad han asesinado a más de
750 presuntos delincuentes, practicado 15.000 detenciones arbitrarias y 18.000
allanamientos en viviendas en los barrios pobres de distintas ciudades
venezolanas desde el inicio del programa, a mediados de 2015. Estas razias han sido denunciadas por organizaciones como Human
Rights Watch (HWR), el Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) y, recientemente, Amnistía Internacional.
Antes,
estas incursiones armadas contaban con la complicidad de la población. Hace un
año, ocho de cada 10 venezolanos decían estar a favor de la operación que
creían los rescataría de la apabullante inseguridad, según una encuesta de la
firma Hinterlaces. Pero la OLP ha acabado por aportar más sangre a un país ya
herido por la violencia. Con un escalofriante récord de homicidios, Venezuela es la nación más peligrosa de Sudamérica. Se
prevé que este año acabe con 30.000 asesinatos. Para los especialistas en
seguridad ciudadana el Gobierno ha errado al aplicar planes efectistas: ataca
las consecuencias, mientras las causas siguen intactas.
Inti
Rodríguez, investigador de Provea, sigue el pulso a la Cota 905, el barrio de Caracas donde
fue la primera OLP. “Los vecinos se sienten más desprotegidos que nunca. Su
situación ha empeorado”, afirma. El sector fue sacudido por los comandos policiales
y militares, montados en patrullas y helicópteros, el 13 de julio de 2015. Ese
día murieron 14 presuntos criminales, 134 personas fueron arrestadas, se
produjeron varios allanamientos y 15 coches robados fueron recuperados.
La
estruendosa inauguración de la OLP fue televisada. Para muchos, la maniobra fue
considerada un acto de “justicia” y un golpe contra la delincuencia organizada.
Pero las bandas criminales no se desprendieron de sus feudos. Después del
operativo, y otros despliegues de seguridad, hubo una escalada de violencia en
la Cota 905 que sigue restando vidas.
El
perfil de los buscados
Ninguno
de los desaparecidos y asesinados en Barlovento tenía antecedentes judiciales.
Eran campesinos, obreros, padres de familia y hasta un estudiante de la Marina.
“¡Eran buenos muchachos! La mayoría no se conocía. ¿Quién iba a imaginar que
los militares, los encargados de dar seguridad al pueblo, serían los
responsables de sus muertes?”, dice Petra Pérez, madre de un joven asesinado.
Por la
masacre fueron detenidos 18 militares que aguardan por un juicio. Hasta ahora
se desconoce qué los motivó a matar a una docena de hombres y torturar a otros
ocho. María Isabel Silva, madre de uno de los asesinados en Barlovento, cree
que su hijo murió por ser pobre. “Los militares piensan que en los barrios la
gente no tiene derechos por ser negros, campesinos o mujeres sin estudios. Por
eso matan sin remordimiento”, dice. El retrato robot de los asesinados en este
tipo de operaciones es el de un hombre de mediana edad, pobre y con
antecedentes judiciales.
Provea
ha denunciado que el Gobierno ha “criminalizado” a los pobres, mientras que la
Red de Apoyo para la Justicia y la Paz —que acompaña a las víctimas de
Barlovento— advierte un incremento en las muertes extrajudiciales. “Existen
casos documentados, pero no se denuncian. Hay mucho temor. En el país tenemos
una ley que protege a los testigos de crímenes, pero en algunos casos se cumple
y en otros no”, subraya Laura Roldán, directora de la red.
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