CIDH 26 de mayo de 2017
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda
preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción
penal militar y el uso de operaciones militares para el control de
manifestaciones públicas en Venezuela.
La
CIDH está dando seguimiento muy cercano a la situación de protestas masivas en
Venezuela desde que iniciaron hace unas ocho semanas. La Comisión ya ha
manifestado su extrema preocupación por los hechos de violencia y su alarma
sobre la militarización y el llamado del Gobierno a armar a milicias civiles.
Lamentablemente, la situación continúa agravándose, y el número de personas
muertas, heridas y detenidas está permanentemente en aumento.
Según
la información presentada públicamente por la Fiscal General de la República,
desde el 6 de abril al 24 de mayo el Ministerio Público de Venezuela tiene
registradas 55 personas fallecidas por hechos de violencia, 52 de ellas civiles
y 3 funcionarios. Asimismo, el Ministerio Público informó tener registro de más
de mil personas lesionadas, incluyendo 771 civiles y 229 funcionarios. Indicó
que 346 bienes se han visto afectados durante los hechos de violencia. La
Fiscal General informó que hay 1465 investigaciones en curso, que se ha
imputado a 2674 personas por diferentes delitos, y que 284 de estas personas
han sido privadas de libertad.
Organizaciones
de la sociedad civil y voceros del Gobierno, por su parte, indican que las
muertes producto de la violencia en el contexto de las manifestaciones
alcanzarían las 60 víctimas, incluyendo seis adolescentes, y que del 1º de
abril al 24 de mayo de 2017, habría 2815 manifestantes arrestados, de los
cuales 1240 permanecen detenidos.
En
respuesta a la situación de violencia el Gobierno anunció la activación de la
segunda fase de la operación cívico – militar conocida como “Plan Zamora”. A través
de esta operación, en la cual participan funcionarios policiales y militares y
también grupos de civiles armados, se ha procedido a realizar detenciones
masivas y a aplicar la jurisdicción penal militar a los civiles detenidos en
las manifestaciones. De acuerdo a la información disponible, esta segunda fase
del “Plan Zamora” implica el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares. Se ha reportado que 341
civiles están siendo procesados en la jurisdicción penal militar, de los cuales
178 permanecen detenidos en dicha jurisdicción.
La
Fiscal General de la República, Luisa Ortega, expresó su preocupación por la
situación de las personas civiles detenidas en jurisdicción militar. “Estamos
preocupados por la situación en que puedan estar”, dijo en rueda de prensa.
Dijo que ha solicitado a la Fiscalía General Militar el número de procesos y
detenidos y que el Ministerio Público busca verificar el estado de salud y el
estado de detención en que se encuentran estas personas. Asimismo, la Fiscal
subrayó la importancia de que los procesos sean abiertos en jurisdicciones
naturales a los detenidos. Sobre la detención de civiles en jurisdicción
militar, la Fiscal indicó: “Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y
principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural,
así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la Republica en
materia de derechos humanos”.
La
CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado
para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de
expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más
amplia. En particular, la Comisión Interamericana recuerda que el uso de la
jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles implica la
violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y
desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el
proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de
Derecho.
“Instamos
de manera urgente y enfática al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de
civiles en jurisdicción militar”, dijo el Presidente y Relator de la CIDH para
Venezuela, Comisionado Francisco Eguiguren. “Es contrario a los estándares
interamericanos de derechos humanos procesar a civiles en la jurisdicción
militar por participar en protestas y manifestaciones”.
La
Comisión llama a las autoridades venezolanas, una vez más y con carácter
urgente, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, incluyendo el deber de procesar los delitos comunes en la jurisdicción
ordinaria. Asimismo, la Comisión Interamericana urge a Venezuela a no utilizar
operaciones de naturaleza militar, como el Plan Zamora, para el control de las
protestas sociales, y a abstenerse de utilizar civiles armados para el control
de manifestaciones. La CIDH reitera su enérgico llamado a rechazar cualquier
forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a
los derechos humanos.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como
órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete
miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Buenos
Aires, 26 de Mayo de 2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico