Redacción 24 de mayo de 2017
Luisa
Ortega Díaz, fiscal general de la República, confirmó que las investigaciones
practicadas por el Ministerio Público (MP) indican que la muerte del
manifestante Juan Pablo Pernalete, quien falleció el pasado 26 de abril en
Caracas, fue objeto de un impacto de bomba lacrimógena disparada por la Guardia
Nacional (GN).
“Él
fue impactado por un objeto como este”, apuntó Ortega mientras mostraba un proyectil
de bomba lacrimógena. “Sabemos del grupo (GN) que salió este objeto, pero
todavía no hemos individualizado la persona. Esperamos en los próximos días
determinar exactamente quién fue el que disparó”, dijo.
Señaló
que existen cinco testigos en este caso. Y así, la fiscal desmiente versiones de
Ernesto Villegas, Delcy Rodríguez, Venezolana de Televisión (VTV), Últimas
Noticias y Diosdado Cabello, quienes negaban que el estudiante muriera por un
proyectil lanzado por funcionarios de este cuerpo castrense.
“Ante
estas declaraciones de la Fiscal General Maduro debería inmediatamente dar un
paso al lado y permitir que haya elecciones generales. Padrino López ya no
tienes excusas para decir que los violentos están de este lado (…) Es muy
importante que Ortega hoy haya esclarecido el caso de Juan Pernalete y estoy
seguro que otros casos más de impacto de bombas lacrimógenas tienen la misma
resulta; la Guardia Nacional”, apuntó el diputado Winston Flores desde la
movilización de este miércoles en Caracas.
Fallecidos
en protestas
La
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, precisó que la cifra de fallecidos durante
protestas antigubernamentales son 55 personas: 52 civiles y tres funcionarios
policiales y militares.
Detalló
que 1000 han resultado lesionadas: 761 civiles y 229 efectivos de las fuerzas
de seguridad públicas y policías regionales. Agregó que 346 bienes públicos o
privados han sido saqueados o quemados.
Asimismo,
expresó que 2.664 personas están imputadas por delitos como: homicidios,
saqueos, lesiones, hurtos, entre otras faltas. De las cuales, 284 permanecen
privados de libertad.
Ortega,
precisó que 19 policías y militares han sido
acusados por delitos de homicidios, tratos crueles y otros crímenes. Indicó que
existen 18 órdenes de captura por ejecutar hacia cuerpos de seguridad públicos.
Se
refirió a lo sucedido esta semana en el estado Barinas, donde los días lunes y
martes se originaron disturbios, destrucción a bienes públicos y saqueos,
sostuvo que ha disminuido el estado de violencia que se produjo en esa entidad
que cobró la vida de siete personas. Por estos hechos ocho individuos fueron
privadas de libertad y en la noche de este 23 de mayo otras 12 fueron
detenidas. Denunció que las fuerzas de seguridad del Estado permanecieron
ausentes durante estos sucesos.
Violación a derechos constitucionales
Luisa
Ortega Díaz rechazó juzgar en jurisdicción militar a civiles porque están
violando los Derechos Humanos y constitucionales correspondiente al debido
proceso, en específico el principio del juez natural. Resaltó que abrió siete
investigaciones en casos donde la justicia militar actúa en atribución de la
justicia ordinaria.
Desarme de grupos civiles armados
La
Fiscal General, señaló que es imprescindible el desarme de grupos de civiles
armados que amedrentan y atacan a manifestaciones pacíficas. “Preocupa la
proliferación de estos grupos”.
Mencionó
que el Ministerio Público ha recibido diversos testimonios relevantes que
demuestran las actuaciones de estos individuos, por ello tienen ya 16
investigaciones abiertas. “Las fuerzas de seguridad del Estado están en el
deber evitar confrontaciones entre grupos antagónicos que se encuentran armados
y utilizar la fuerza apegados a la ley”, finalizó.
Desde
esta Redacción nos preguntamos ¿Cómo se pudo reunir el llamado poder moral,
para apoyar la constituyente, con la ausencia de la Fiscal General?
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