Por Michael Penfold
El tema internacional es
fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura
histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de
conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia
de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de
un cambio democrático que la población reclama con ahínco. Ciertamente, la
resolución del problema venezolano pasa por factores estrictamente nacionales,
pero la legitimidad de cualquier solución que pueda surgir del conflicto
político nacional –una pugna que en la medida que pase el tiempo probablemente
se tornará cada vez más violenta y con ribetes autoritarios más profundos–, va
a depender parcialmente de esa misma comunidad internacional que contempla con
estupor la tragedia que vivimos. Esa violencia surge sobre todo porque una
sociedad movilizada en la calle es vista por el gobierno, así como por ciertos
componentes de la fuerza armada, como una amenaza insurgente a la cual se debe
reprimir ferozmente y no como una ola de protesta ciudadana frente al bloqueo
constitucional y electoral al que ha estado sometida la población desde la
arbitraria suspensión del referéndum revocatorio y ahora a la aberrante
imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que una
Constituyente sin un referéndum consultivo previo, con un sistema electoral
violatorio de los principios constitucionales y sin un referéndum aprobatorio
posterior, es un adefesio inaceptable tanto para los venezolano como para el
resto del mundo. Y una negociación política sin una comunidad internacional que
pueda facilitar y verificar cualquier acuerdo entre el chavismo y la oposición,
precisamente ante el colapso institucional que experimentamos, es también una
quimera.
Estos mismos factores
internacionales serán fundamentales no solo en lo político sino también en lo
económico e incluso en lo social. Ante la magnitud de los desequilibrios
macroeconómicos y el tamaño de la emergencia social, el país no puede retomar
el crecimiento económico y aliviar la situación de indefensión que experimentan
los sectores más excluidos, ante los problemas de escasez de alimentos y
medicamentos, sin haber garantizado el apoyo de los organismos multilaterales y
el financiamiento externo de diversas fuentes. Esta realidad va a ser cierta
para cualquier gobierno transitorio (chavista, opositor o de algún tercero) por
lo que todos los grupos políticos tendrán que prestarle particular atención a
la relevancia de estos apoyos. El desastre económico y social que ha dejado el
gobierno del Presidente Maduro es de tales proporciones –que equivale a los
efectos de un conflicto armado como la vivida por los países Centroamericanos
durante la década de los ochenta– a la cual si bien en la práctica aún no hemos
llegado en cuanto a su intensidad sí la estamos viviendo en cuanto a su efecto
negativo sobre el desarrollo económico, social e institucional. Durante nuestra
generosa historia petrolera, Venezuela ha estado acostumbrada tradicionalmente,
en momentos de bonanza, a financiar el resto del mundo, mientras que ahora en
momentos de vacas flacas y en el contexto de un colapso institucional, debemos
enfrentar la necesidad de utilizar este tipo de apoyo para reconstruir el país.
Afortunadamente, el mundo cada
vez converge con mayor rapidez hacia una visión común en torno a la situación
venezolana, que más allá de la descripción de sus causas y las etiquetas
utilizadas para definirla, pareciera compartir la necesidad de apostar por una
salida electoral como el único mecanismo que le permitirá al país estabilizarse
políticamente y rescatar así su gobernabilidad democrática y el funcionamiento
del estado de derecho. Tanto los gobiernos de izquierda –como los de Uruguay y
Ecuador– así como los de derecha –como los de Argentina y Perú– ven en el
mecanismo electoral la mejor vía para alcanzar este objetivo. El Secretario de
Estado del Vaticano, Pietro Parolín, ha dicho de una forma muy diáfana, que la
realización de elecciones representa la única solución viable para el país. El
Papa Francisco ha reconocido que una salida de este tipo va a requerir de unas
condiciones previas que deberían incluir la liberación de los presos políticos.
Rafael Correa, justo antes de finalizar su mandato presidencial, afirmó
públicamente, que unos comicios de común acuerdo entre el chavismo y la
oposición, es el camino más eficiente para restaurar la gobernabilidad
política, económica y social de Venezuela. Juan Manuel Santos, quien hasta hace
pocos meses había adoptado una política exterior un tanto instrumental hacia
Venezuela, para favorecer el proceso de paz con las FARC por encima de
cualquier otro tipo de consideraciones, también ha hecho esfuerzos importantes
por buscar una vía diplomática que facilite este tipo de resultado. El
Presidente Santos ha llegado incluso hasta el punto de retirar temporalmente su
embajador y afirmar públicamente que comparte la idea de una transición
democrática para Venezuela. Sorpresivamente, algunos países del Caribe, que
antes era incondicionales del gobierno venezolano, comienzan a converger hacia
esta misma visión.
El problema angular que
confronta la comunidad internacional no es la idea de unas elecciones que
surjan de potenciales acuerdos como el principal objetivo sino la forma como
llegar a ellas. Este es un camino totalmente incierto ante la ruptura
constitucional que vive el país. Semejante resultado depende ahora
exclusivamente de un nuevo acuerdo político que parece muy distante sin que
ocurra un cambio de gobierno, un cambio que idealmente debe surgir dentro del
marco de la actual constitución. La iniciativa del gobierno nacional de imponer
aceleradamente una Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales
que contravienen la carta magna, complica aún más el panorama. La Constituyente
pasa a ser una muestra más de un gobierno reincidente que no quiere explorar
ninguna salida democrática. Infelizmente para el gobierno, es difícil, por no
decir imposible, que la comunidad internacional acepte los términos de esa convocatoria.
En la práctica, las bases comiciales de la Constituyente lo único que
garantizan es la formalización de un sistema autoritario por medio de una
minoría electoral. La comunidad internacional percibe correctamente, no solo
que la convocatoria es inoportuna, sino que además va a profundizar aún más el
conflicto venezolano. El problema de gobernabilidad del país no se va a
resolver con la Constituyente; por el contrario, se va a profundizar.
¿Cómo llegar entonces a unas
elecciones libres con un gobierno que ha roto la constitucionalidad? ¿Cómo
llegar a ellas con un chavismo que teme la competencia electoral y la idea de
perder el poder? ¿Cómo llegar a una negociación con grupos tan heterogéneos
tanto del lado del gobierno como de la oposición? Estas son las preguntas
centrales que van a abordar los cancilleres el 31 de Mayo en la reunión
convocada por la OEA. El gobierno venezolano va a tener que tomar la decisión
de participar o no en la reunión. Sería sorprendente que lo haga sobre todo
después de haber manifestado su decisión de salirse de la organización. Pero al
mismo tiempo si Rex Tillerson asiste como representante de los Estados Unidos
es también un buen foro para que el gobierno redoble su discurso antiimperial,
su denuncia ante las sanciones y alerte sobre cómo es que Venezuela es víctima
de una gran conspiración internacional. Sin embargo, más allá del espectáculo
político, los cancilleres latinoamericanos abordarán el problema venezolano, a
través de varias decisiones que serán tremendamente relevantes para el país.
Todas son decisiones que se vienen cocinando diplomáticamente en un esfuerzo
por generar consensos amplios entre gobiernos ideológicamente diversos y en los
que probablemente también hayan estado participando el Vaticano.
El primer cambio es que serán
los gobiernos y no los expresidentes (Zapatero et al) los que van a impulsar
directamente la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Existe un
consenso bastante amplio que cualquier esfuerzo de mediación es inconveniente
delegarlo en terceros sobre todo luego del quiebre de las negociaciones en
Octubre y Noviembre pasado pues esa experiencia estuvo técnica y políticamente
muy mal gestionada. Segundo, pareciera que existe un acuerdo entre los países
(sobre todo por petición de naciones como Colombia, Ecuador y Uruguay) que la
mejor vía de impulsar la mediación para promover una salida negociada en
Venezuela no va a ser a través de una activación formal de la Carta Democrática
sino a través de la creación de un grupo de países amigos tal como ocurrió con
el Grupo Contadora en Centroamérica. Esta decisión permitiría que países de
izquierda como Ecuador, Uruguay y Chile se involucren formalmente en un
ejercicio de “diplomacia pendular” sin tener que activar expresamente la
Cláusula Democrática. Bajo esta perspectiva, la Secretaria General de la OEA,
continuará jugando un papel cada vez más activo en la “diplomacia pública” con
miras a impulsar a través de su vocería la protección de los derechos humanos y
la democracia en Venezuela, tal como lo ha hecho, pero no como una instancia
políticamente aceptable para mediar en el proceso. Esta decisión también parece
contar con el respaldo de República Dominicana, que hasta los momentos, se ha
mantenido ambivalente frente al problema venezolano cada vez que se ha sido
discutido el tema en el seno de la OEA. Esta decisión también permite reducir
convenientemente la influencia política de Venezuela sobre el Caribe, algo que
las islas también ven con buenos ojos ante la presión tan intensa que reciben
desde Caracas. Esto va a implicar que el gobierno venezolano, en caso de
aceptar esta iniciativa, va a tener que abandonar la mediación de los
expresidentes y la oposición muy probablemente tendrá que darle el beneficio de
la duda a esta nueva propuesta.
En tercer lugar, los
cancilleres seguramente van a alertar los riesgos reales que tiene el país de
seguir experimentando una escalada en los niveles de violencia, rechazarán la
profundización del uso de la represión para frenar las protestas, repudiarán el
uso inapropiado de instancias militares para procesar penalmente a civiles y
recordarán la obligación internacional que tienen todos los órganos del Estado
de garantizar la protección de los derechos humanos. Esta declaración será un
complemento y un recordatorio a lo que ya ha dicho en el plano nacional la
Fiscalía General de la República. Finalmente, los cancilleres probablemente
exhortarán al gobierno nacional a suspender la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente por considerarla inoportuna ante los altos grados de
conflictividad en el país; argumentarán que esta iniciativa solo va a
profundizar los problemas políticos y dirán que la falta de controles al
proceso podría imponer riesgos aún mayores para el funcionamiento de la
democracia.
Lamentablemente, el gobierno
nacional no va a escuchar ninguna de estas peticiones. Retroceder con la
Constituyente implica aceptar la negociación o la salida del poder. La
intención del chavismo oficial será continuar acelerando la convocatoria aun si
enfrentan resistencia interna y también social. El país probablemente entrará
en una nueva ola de protestas y el gobierno tratará de reprimirlas
infructuosamente. Quizás, al igual que con las sentencias 155 y 156 del TSJ, la
Fiscal declare que las bases comiciales violan los principios constitucionales
y que esta iniciativa del ejecutivo nacional implica otra nueva ruptura del
orden constitucional. Hasta ahora la Fiscalía solo se ha pronunciado sobre su
inconveniencia política pero una vez hechas publicas las bases comiciales
no se pronunciado sobre su contenido. El chavismo disidente también se
pronunciará más abiertamente sobre el costo político de insistir con este
proceso. El mundo militar, al igual que los otros sectores del país, terminará
resquebrajado. La crisis de gobernabilidad del país habrá llegado a su
verdadero clímax. Tan sólo en ese momento quizás recordemos la pertinencia del
camino que sugiere el mundo internacional. Por ahora, la profundización
del conflicto parece inevitable.
30-05-17
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