Por Héctor Lucena
La Constitución de 1999
incorporó la pensión de vejez: la prestación se concibe como universal sin importar la afiliación al sistema.
Las protestas se multiplican y
se extienden a diversos sectores y en los cuatro puntos cardinales de la
geografía, ya van por su sexta semana y en esta ocasión convocaron a las
personas de la tercera edad. Sobre este sector importa hacer algunas
consideraciones sobre las pensiones de jubilación, así como la seguridad social
en general.
En Venezuela, para 1998 el
sistema de seguridad social no había cedido a las políticas privatistas que se
impusieron en casi toda América Latina, seguía predominando el clásico sistema
de reparto. Sin embargo el nuevo régimen al llegar al poder detuvo una reciente
reforma aprobada en 1998 en el gobierno precedente de Rafael Caldera, que si
bien no tenía una marcada influencia neoliberal si sugería la capitalización
individual como por vía optativa, pero lo más importante era que apuntaba a
hacer una reestructuración y a actualizar una seguridad social que para
entonces presentaba notables limitaciones.
El Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales era un ente inauditable, sobre el cual había poca confianza en
el buen uso de los recursos aportados por empresas y trabajadores, y que para
hacer más transparente su desenvolvimiento era necesario separar la actividad
prestadora de salud, de aquella eminentemente financiera, pero ambas seguirían
en manos estatales. Este primer paso fue paralizado por el presidente Chávez al
llegar al poder.
La proporción de trabajadores
que contribuye a la seguridad social sigue siendo de sólo un 35%, lo cual
guarda relación con la tasa de desocupación y el peso de la economía informal.
No es Venezuela de los países con los más altos porcentajes de cobertura en
América Latina, como sí son: Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil.
La pensión de vejez se paga
con el mismo monto del salario mínimo, cualquiera haya sido el aporte de las
cotizaciones del trabajador. Una ley aprobada antes de la revolución
bolivariana, propuesta por la Causa R, así lo establecía, además la nueva
Constitución aprobada en 1999 lo incorpora: la prestación se concibe como
universal sin importar la afiliación al sistema.
Para tener una idea clara de
lo que representa una pensión de sólo el salario mínimo, en los años 2016-17 se
necesitan entre 17 y 19 salarios mínimos para adquirir la cesta alimentaria
para una familia de 5 personas, según el monitoreo de precios y costo de vida
de Cendas-FVM.
En Venezuela, en los últimos
años el gobierno en el manejo unilateral y exclusivo de la política salarial ha
tendido a priorizar el incremento de bonos antes que de los salarios, los
primeros no tienen incidencia en las prestaciones y otros importantes
beneficios. Esta tendencia plantea un doble efecto negativo a la seguridad
social, resulta que por no ser salarios las contribuciones de la mayor parte de
los ingresos de los trabajadores que ingresan a la caja del IVSS, ahí no se
toma en cuenta los bonos, y para peor al trabajador jubilarse, ya no percibirá
estos bonos.
Predomina en el mundo la
extensión progresiva de la edad para jubilarse, en Venezuela es de 55 años para
la mujer y 60 para los hombres, esta cobertura se mantiene con edades que están
entre las más bajas en el mundo. En los países donde se aprueba la extensión de
la edad es una respuesta a la crisis financiera de los sistemas de seguridad
social, y al mismo tiempo evitando subir las cotizaciones, y que por lo demás
la expectativa de vida ha venido subiendo, lo que en alguna manera concilia con
la medida.
En Venezuela, los recursos
para agregar más personas a percibir la pensión de vejez, que para el año 2017
alcanza alrededor de los tres millones de personas, consumen más allá de los
recursos de los aportes de empresas y trabajadores, los que se estiman no
llegar al 20% de las necesidades de pago del IVSS tanto en su funcionamiento
como en las pensiones. La mayor parte de los ingresos con los cuales se
sostiene este organismo así como el pago de las pensiones provienen de un
impuesto regresivo como es el IVA, en menor medida de los ingresos de impuesto
sobre la renta, y todos los años se recurre a créditos adicionales para
subsanar deficiencias.
Venezuela atiende con pensión
contributiva y no contributiva 40% del porcentaje de la población de adultos
mayores para el 2010, es casi el promedio de América Latina -41%
“Las pensiones no
contributivas aumentan, porque existen recursos para pagarlas y se descubre la
tercera edad como un grupo electoral importante, que se debate entre la gracia
y el derecho. Para evitar lo primero, la Cepal las contempla como un derecho de
ciudadanía, hasta la formulación del piso de protección social”, lo señala el
experto Luis Díaz, de LUZ, en Derecho a Mínimos Sociales. Agrega que el
esfuerzo por incluir es a quienes no tienen capacidad contributiva, los que
menos seguridad social tienen, debido a que el costo de la formalidad es alto;
o no tienen la oportunidad de conocer los beneficios, por razones de distancia
o por ignorar los modos de ingreso; o porque la supervisión del trabajo no es
suficiente. Las prestaciones no contributivas son útiles para afiliar a
ciudadanos -ajenos a la realidad del mercado formal de trabajo- en organismos
paralelos de la seguridad social.
Está entendido que las
pensiones no contributivas son las que más se han agregado al listado de
pensionados. Diversos programas se han puesto en práctica para este propósito.
Todas las decisiones que dan lugar a incorporar más beneficiarios a la
recepción de pensiones no contributivas tienen un sesgo electoral y
proselitista, por la manera como se establecen los criterios de elegibilidad
sin arbitraje y cómo son administradas, porque el margen de discrecionalidad es
muy amplio y el poder de escrutinio muy bajo. Todo se desarrolla por entidades
que no son auditadas imparcialmente.
15-05-17
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