Por Julio Borges
A través de la Asamblea
Nacional Constituyente convocada y electa de manera ilegítima y fraudulenta en
violación a la soberanía popular, el régimen de Nicolás Maduro establece una
dictadura. El carácter absoluto e ilimitado de esta ilegítima ANC fue declarado
por ésta en las normas para “garantizar el pleno funcionamiento institucional
de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos
constituidos”. Así ha asumido poderes supraconstitucionales, subordina a todos
los Poderes Públicos y se coloca por encima de la Constitución de 1999 y
derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por
Venezuela.
De haber sido convocada y
electa de manera legítima, esta Asamblea Constituyente solo hubiese estado
facultada para dictar una nueva Constitución, pero no hubiese podido concentrar
todos los poderes del Estado, como ha demostrado en los hechos el fin de la
Constituyente: instaurar una dictadura.
La ilegítima ANC ha usurpado
la función legislativa, al dictar una supuesta ley que crea a la “Comisión de
la Verdad”, instancia que busca perseguir políticamente, así como una “Ley
contra crímenes de odio”, que busca reprimir derechos humanos y la libre
expresión garantizada en la Constitución aprobada en 1999 y ratificada en 2007.
Como se observó en el
enjuiciamiento del diputado Ferrer, a pesar de que, conforme al artículo 200
constitucional, esa autorización solo puede ser emitida por la Asamblea
Nacional. Estas actuaciones son parte de la represión política iniciada en
contra de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, esposa del diputado Ferrer, quien ha
denunciado reiteradamente la ruptura del orden constitucional.
Con todas esas actuaciones, la
ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente derogó, por la fuerza
de los hechos, a la Constitución de 1999, en tanto ésta mantendrá vigencia solo
en la medida en que no contradiga las decisiones de tal asamblea.
Quienes luchamos por un cambio
logramos que el mundo entendiera y asumiera la fase dictatorial que estamos
viviendo en Venezuela, así lo han señalado más de 45 países que desconocen el
fraude constituyente. Esa presión internacional debe continuar junto a la
presión de un pueblo que vive la más dura de las crisis económicas y exige la
construcción de una salida democrática y la vigencia de la Constitución.
29-08-17
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