Por Francisco Monaldi
HOUSTON, Texas – Luego de la
elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, solo ha habido
anuncios de sanciones individuales contra el presidente Maduro y algunos
miembros de dicha asamblea, pero la Casa Blanca ha reafirmado que mantiene
sobre la mesa las diversas opciones de sanciones económicas, incluyendo las
dirigidas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Para captar la magnitud del
efecto que pueden tener las sanciones en las finanzas de PDVSA, es importante
entender que buena parte del flujo de caja de la empresa viene de los barriles
que venden en el mercado estadounidense. La petrolera, a su vez, genera 95 por ciento de las divisas que
ingresan al país.
El menú de sanciones
económicas que el presidente Trump podría aplicar, sin aprobación legislativa,
ordenándolas de menor a mayor según su efecto económico, incluye:
1) Limitar el nuevo
financiamiento a PDVSA por parte de firmas estadounidenses. Esta medida haría
más difícil a PDVSA reestructurar su deuda, obligándola a recurrir a instituciones
financieras de otros países que estén dispuestas a trabajar en esas
circunstancias; incrementaría los costos de las operaciones financieras, y
aumentaría los riesgos de que la deuda externa venezolana quedara en suspensión
de pagos.
2) Prohibir las exportaciones
de petróleo de Estados Unidos a Venezuela. Esto afectaría a alrededor de 110
mil barriles diarios de exportaciones de productos refinados y crudo liviano.
PDVSA tendría entonces que incrementar sus importaciones desde Europa o África a
un mayor costo. El aumento del costo de los diluyentes importados haría más
difícil la rexportación de más de 200 mil barriles diarios de crudo extrapesado
diluido, lo cual reduciría los márgenes de ganancia y posiblemente también los
volúmenes exportados.
3) Prohibir las importaciones
de petróleo venezolano a Estados Unidos. Ante la imposibilidad de
exportar unos 750 mil barriles diarios,
principalmente de crudo pesado, PDVSA tendría que buscar mercados en Asia, con
mayor costo de transporte y un importante descuento. Los márgenes de ganancia y
los volúmenes exportados caerían sustancialmente.
4) Finalmente, el gobierno de
Trump podría designar a PDVSA como sujeto de las sanciones, con lo que le
prohibiría el uso del sistema financiero de Estados Unidos, de hacer contratos
con empresas estadounidenses y obstaculizaría todas sus transacciones en
dólares. Esta medida sería la más dura y equivaldría a la suma de todas las
anteriores.
PDVSA produce alrededor
de 2,1 millones de barriles diarios, de
los cuales aproximadamente 500 mil se venden con pérdidas en el mercado
interno; unos 600
mil están comprometidos para pagar deudas con China, Rusia y
otros acreedores, y unos 100 mil se siguen entregando subsidiados a Cuba y
otros países de la región. Si a ese monto le restamos los casi 200 mil en
importaciones, el flujo de caja neto de PDVSA proviene de unos 700 mil barriles diarios.
Aunque PDVSA puede buscar
otros mercados, las sanciones más severas producirían una caída importante de
los ingresos externos y de PDVSA, así como una importante reducción de las
importaciones y del consumo, lo que obligaría al impago de la deuda y
profundizaría la que ya es una de las depresiones económicas más graves de la
historia de América Latina, con la consecuente crisis humanitaria. El efecto
general sobre la economía venezolana sería devastador. Una aplicación sostenida
de sanciones económicas también haría aún más difícil la recuperación de la
industria petrolera venezolana. Aunque es factible que de seguir en el poder el
gobierno de Maduro ocurra algo similar en cámara lenta: las sanciones
acelerarían la debacle.
Geopolíticamente,
probablemente incrementarían la ya creciente participación de la empresa
petrolera estatal rusa Rosneft en el sector petrolero venezolano. No solo como
socios, sino como suplidores de diluyente y compradores de las exportaciones de
crudo. Esta tendencia sería aún más acentuada en caso de que PDVSA entre en
suspensión de pagos.
Rusia podría ayudar a limitar
significativamente el impacto de las sanciones; al menos por un tiempo, dado
que los costos de hacerlo de manera prolongada serían elevados. Putin se ha alineado con el presidente Maduro en
una clara apuesta geopolítica. Mientras, ante la cuestionada legitimidad del
gobierno venezolano, las empresas internacionales han estado dudando si firmar
contratos petroleros sin la aprobación de la Asamblea Nacional —de mayoría
opositora—. Rosneft ha seguido haciéndolo e incluso parece decidida a
aprovechar las oportunidades que dejen otros para incrementar su exposición en
Venezuela en condiciones muy favorables.
A diferencia de Rusia, el
gobierno de China —el otro actor geopolítico de gran peso— ha sido mucho más
cauteloso al evitar involucrarse abiertamente en el conflicto político interno
o aumentar su exposición. De cualquier forma, si las sanciones se imponen,
Venezuela se volvería más dependiente de China donde tendrá que colocar una
mayor porción de su producción.
¿Podrá el gobierno venezolano
evadir su responsabilidad sobre la imposición de sanciones trasladando la
responsabilidad de la crisis económica al gobierno estadounidense como argumenta Moisés Naím?
¿Podrían las sanciones dividir a los moderados de los radicales del gobierno, o
más bien los unirán frente a un enemigo común? Todo dependerá del tipo, orden,
oportunidad y coordinación de las sanciones que entren en efecto.
Si Estados Unidos actúa
multilateralmente con el apoyo de Europa y Latinoamérica; aplica las sanciones
selectiva y gradualmente para afectar más al gobierno y menos a los
venezolanos, y establece condiciones claras para la ejecución y levantamiento
de las mismas atándolas al restablecimiento del Estado de derecho y la
democracia, las sanciones podrían motivar a actores moderados dentro de la
coalición gobernante a impulsar una resolución de la crisis política, aunque no
hay garantías de ello.
Pero si se aplican de manera
arbitraria, unilateral y extensa, podrían devastar a la población, obstaculizar
la transición democrática y aumentar la influencia geopolítica de Rusia y China
en América Latina.
Por el bien de la población
venezolana, la mejor opción es una solución negociada que evite las sanciones.
Pero si se aplicaran, deberían ser solo el último recurso para impulsar las
negociaciones y estar acompañadas de ayuda para aliviar la crisis humanitaria
ya existente.
***
25-08-17
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