Miguel Méndez Rodulfo 12 de noviembre de 2017
Corpoelec
entró en default, o incumplimiento de pago, al no cumplir con el desembolso a
los tenedores del bono “Elecar 2018” por valor de US$ 27,6 MM, luego que el 9
de noviembre concluyó el período de gracia de 30 días para su cancelación.
Wilmington Trust, organismo encargado en USA de la sindicatura de bonos, fue
notificado del default por el agente de pagos, luego que éste confirmó no haber
recibido el desembolso correspondiente. Según el cronograma de pago de los
bonos venezolanos, la transferencia para honrar este compromiso por parte de
Elecar debió ejecutarse el 10 de octubre. De acuerdo con el contrato de
fideicomiso, el pago de los intereses vencidos debió realizarse en o antes del
9 de noviembre (el pasado viernes). Los papeles de Elecar fueron colocados por
un total de US$ 650 MM al 8,5%. La falta de pago del cupón, o el default, causa
ahora que el reclamo legal de los acreedores sea por la emisión completa y no
sólo por los intereses no cancelados. A diferencia de los intereses, las
amortizaciones o vencimientos de capital, tienen sólo tres días hábiles después
del vencimiento para pagarse, debido a que corresponde a sumas de mayor
envergadura.
Tal
parece que la quiebra de las finanzas públicas hace necesario priorizar los
bonos a pagar e intentar “refinanciar o renegociar” (como dice ahora Maduro) la
deuda con los tenedores de bonos, para ello el gobierno convocó el día 13 a una
reunión en Caracas a los poseedores de bonos venezolanos. El caso es que las
sanciones de EEUU, las bajas expectativas de un buen acuerdo y la integración
del equipo negociador venezolano, han minimizado el interés de los inversores
internacionales por acudir a la cita. Así el gobierno prefiere incurrir en
default con la deuda soberana, o con la de Corpoelec, pero en cambio acepta
cancelar la deuda emitida por Pdvsa, ya que ésta tiene el colateral o la
garantía de Citgo y puede ser objeto de embargo por los acreedores.
La
situación de la economía venezolana es catastrófica, tras cuatro años seguidos
de contracción lo que ha colocado al país a las puertas de la hiperinflación:
1.000% este año y 2.000% el año que viene. La producción petrolera cayó
sostenidamente desde 2008 hasta los actuales 1,9 MM de barriles diarios. Las
reservas internacionales que se ubican en poco menos de US$ 10.000 MM, pueden cubrir
la deuda de corto plazo, pero no alcanzan a cubrir la deuda de largo plazo. En
lo que queda del año Venezuela tiene otros vencimientos por un total de unos
1.470 millones de dólares. La ausencia de un plan económico que demuestre la
capacidad de pago de Venezuela, es una situación que dificulta las
negociaciones para una refinanciación al igual que la inestabilidad política y
el quiebre institucional del país. Todo ello configura un cuadro de
desconfianza que hace inviable las negociaciones.
En el
ADN del país, desde el bloqueo a los puertos ocurrido en 1902 durante el
régimen de Cipriano Castro, Venezuela siempre ha pagado religiosamente su deuda
y bien sabe cuáles son las consecuencias de un default, por lo que ha evitado
convertirse en un paria de los mercados financieros internacionales, hecho que
impediría conseguir créditos a tasas razonables, sin tener que pagar intereses
mucho más altos por el riesgo de impago que correrían los acreedores. En caso
de default los tenedores de bonos pueden eventualmente embargar activos en el
exterior, por lo que en la contienda tribunalicia, un país en default queda
expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores.
El
panorama no es nada claro para el gobierno; las posibilidades son remotas de
que los tenedores accedan a una refinanciación que le otorgue al gobierno
mejores condiciones para pagar la deuda, dada las sanciones, la desconfianza y
el mal estado de la economía, sobre todo que el régimen carece de un plan
económico para salir de la crisis. El default va a agravar las severas
carencias que ya padece el pueblo venezolano.
Miguel
Méndez Rodulfo
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